Un canal prioritario para comunicar la difusión de contenido sensible en Internet y solicitar su retirada

 

  1. Tal vez fuera el caso triste y deprimente del suicidio de una trabajadora de IVECO en Madrid, tras la difusión entre sus compañeros de empresa de un video sexual en que aparecía sola, el que llevase a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) a tomar la decisión de crear un canal prioritario para comunicar la difusión ilícita de imágenes con contenido sensible y poder obtener, en su caso y rápidamente, la retirada de las mismas. O quizás fuese cualquier otro, igualmente lamentable, de grabación de violencia ejercida sobre una mujer o acoso a un menor que no alcanzó la misma repercusión en los medios que el anterior, o simplemente la presencia pertinaz de estos hechos desgraciados en nuestra sociedad. Lo mismo da, lo importante es que la autoridad de control independiente de la privacidad española ha adoptado una iniciativa novedosa, comprometida y digna de reconocimiento, que me propongo analizar a continuación, sobre la base de la información pública que aparece en la página web de la Agencia y de declaraciones, en prensa y radio, de su propia directora y de alguno de sus directivos.

 

  1. Este canal prioritario está pensado únicamente para situaciones excepcionalmente delicadas, que impliquen imágenes de contenido sexual o actos violentos y pongan en alto riesgo los derechos y libertades de las personas afectadas, especialmente víctimas de violencia de género o menores. Se distingue, pues, del procedimiento ordinario para el ejercicio del derecho de supresión, a disposición de quien esté afectado por la difusión de imágenes sin su consentimiento. La imagen es un dato personal, y tanto el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), norma comunitaria, como la española Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDPGDD) reconocen a los interesados el ejercicio del derecho de supresión, cuando los datos (aquí, fotos y videos difundidos en Internet) hayan sido tratados ilícitamente o no estén ya soportados por el consentimiento originario, que pudiera haberse dado a su publicación. En el procedimiento ordinario la persona afectada ha de dirigirse, necesariamente y en primer lugar, al prestador de servicios de Internet (como Facebook, Google o YouTube, entre otros) en que aparezcan las imágenes. Si tras hacer eso, y habiendo transcurrido al menos un mes desde que se presentó la denuncia, aquellas no han sido retiradas, bien porque el prestador considere que no hay razón bastante para hacerlo (y tanto Facebook como Google o YouTube, por ejemplo, tienen políticas públicas, accesibles para sus usuarios, sobre cómo actúan al respecto), o bien porque simplemente no lo haya hecho, los afectados pueden presentar una reclamación en la sede electrónica de la AEPD, acompañando la documentación acreditativa de haber solicitado la supresión, en primer término, al prestador de servicios online.

 

  1. Pero el caso del canal prioritario, recientemente creado, es diferente del procedimiento ordinario en, al menos, cuatro puntos:

 

  • no está pensado para todas las situaciones, sino únicamente para aquellas que sean extremadamente sensibles,

 

  • no es necesario dirigirse previamente al prestador de servicios de Internet instando la retirada de las imágenes en cuestión, ya que se puede acudir directamente a la AEPD,

 

  • no existe un plazo máximo para resolver la solicitud de retirada, sino que la misma se decide por la AEPD, en un sentido o en otro, con carácter de urgencia, y

 

  • no solamente la persona o personas afectadas, que aparecen en las imágenes de contenido sensible publicadas ilícitamente, pueden comunicar la difusión de aquellas y solicitar su retirada, sino que eso puede hacerlo cualquier persona interesada (que lógicamente, como luego se verá, ha de conocer las circunstancias del caso concreto).

 

  1. El objetivo del canal prioritario, pues, es establecer una vía para que las reclamaciones sobre estas situaciones excepcionales, especialmente graves, en las que concurren difusión ilegítima y contenido “sensible” (que no es un concepto legal, ni equivale al de “datos personales que, por su naturaleza, son especialmente sensibles”, de los que trata el RGPD en su artículo 9, y que se refieren a origen étnico y racial, opiniones políticas, convicciones religiosas o filosóficas, datos genéticos…) sean analizadas Y ello para permitir que la Agencia, como autoridad independiente, pueda adoptar medidas urgentes, como la cautelar de retirada de las imágenes, que los prestadores de servicios de Internet han de cumplir inmediatamente. Así se pretende conseguir, de manera efectiva, la limitación, interrupción o término del tratamiento ilícito de esos datos personales de contenido sensible, sin perjuicio, como es lógico, de la decisión final que se tome al respecto (seguramente, en la inmensa mayoría de los casos, confirmatoria de la cautelar) y de que la Agencia abra seguidamente un procedimiento sancionador a los efectos de determinar las responsabilidades oportunas.

 

  1. En cuanto a la manera de presentar la denuncia a través del canal prioritario, la AEPD establece que el reclamante debe describir las circunstancias en las que se ha producido la difusión no consentida del contenido sensible y su situación personal, así como si es víctima de violencia de género, abuso, agresión sexual, acoso o si pertenece a colectivos especialmente vulnerables. Ha de especificar, igualmente, la dirección o direcciones web en las que las imágenes se han publicado y están siendo difundidas o identificar claramente el perfil social a través del cual se están difundiendo, además de aportar una serie de informaciones adicionales, como por ejemplo si ha habido o no denuncia a la policía.

 

  1. En la decisión de la AEPD de crear este canal prioritario para comunicar la difusión de contenido sensible y solicitar su retirada parecen haber pesado, a mi juicio, las siguientes razones:

 

  • la insuficiencia del procedimiento ordinario para atender situaciones graves y, desgraciadamente, frecuentes (el de la trabajadora de IVECO en Madrid no es un caso aislado), que deriva de diversos factores como, por ejemplo, que la persona afectada no denuncie por desconocimiento de su derecho o por miedo a las represalias o a la publicidad, o por encontrarse paralizada o bloqueada, o que la tramitación de la denuncia no sea lo suficientemente rápida y las imágenes de contenido sexual o violento permanezcan en la red después de haber sido denunciadas, e incluso vuelva a ser difundidas, con la consiguiente lesión de los derechos fundamentales de integridad, intimidad, honor o a la propia imagen.

 

  • el repudio que merece la difusión ilícita de imágenes de violencia y agresión, que marcha en paralelo a su contrapartida positiva, que es la protección que hay que dar a las personas afectadas, esto es, mujeres, menores y otros colectivos especialmente vulnerables, como discapacitados, personas con enfermedad graves, en riesgo de exclusión social…, sin que existan derechos o intereses de terceros en conflicto dignos de consideración, que haya que ponderar a la hora de resolver la retirada de las imágenes de Internet.

 

  • la consideración de la función de supervisión y control de la aplicación del RGPD y de la LOPDPGDD que tiene encomendada, en virtud de la cual puede “imponer una limitación temporal o definitiva del tratamiento [de los datos personales], incluida su prohibición”, y

 

  • la voluntad de ejercer esa función de una manera activa, medida y proporcionada, dando un paso adelante ante una situación de hecho que está produciendo casos lamentables, y asumir una responsabilidad desde la intervención pública, distinta de la dejar la iniciativa y la solución del problema, al menos en primera instancia, en manos de las plataformas digitales y las empresas privadas.

 

  1. La creación del canal prioritario, comunicada el 24 de septiembre pasado, se encuadra dentro de un marco general integrado por un convenio de colaboración (firmado con el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad) y cinco protocolos de actuación (suscritos con los Ministerios de Interior, Trabajo y Educación, la Fiscalía General del Estado y el Consejo General de la Abogacía), que incluye medidas de prevención y sensibilización, acciones formativas y, lo que es muy importante, información sobre las consecuencias administrativas, civiles y penales de la difusión de contenidos sensibles, tanto para las empresas como para los ciudadanos. Merece esta decisión, pues, apoyo y una valoración globalmente positiva, si bien sobre el canal prioritario cabe hacer algunas observaciones críticas, que son las siguientes:

 

  • Sería conveniente una mayor precisión en relación al ámbito objetivo del canal, a las conductas reflejadas en esas imágenes de contenido “sensible” que resultan denunciables: parece claro que incluyen, porque así se dice en la información pública, acciones o expresiones de carácter o intención sexual, actos de violencia, abusos, agresión y acoso, aunque quizás también pudieran añadirse otras conductas o acciones similares, como burlas o menosprecios. Aquí parece que habrá de operar el criterio y la interpretación de la AEPD al examinar caso a caso las denuncias que vaya recibiendo.

 

  • Sería aconsejable, también, una mayor precisión sobre el ámbito subjetivo, esto es, los colectivos cuya protección busca el canal prioritario: está claro, y es correcto que así sea, que se incluyen especialmente mujeres (víctimas de violencia de género), menores, personas con discapacidad o enfermedad grave, o en riesgo de exclusión social (mendigos, personas “sin techo”), y en el caso de las imágenes de contenido sexual, vale tanto para hombres como para mujeres. Pero se echa de menos, por ejemplo, una referencia a las personas mayores, a quienes no costaría asimilar a los colectivos anteriormente citados, a las efectos de obtener la protección del canal prioritario.

 

  • Cabe presumir, en el supuesto de que quien denuncie la difusión ilícita de un contenido sensible y pida la retirada del mismo no sea la persona afectada, que aquella ha de tener un conocimiento suficiente de las circunstancias personales y coyunturales del caso en cuestión. Esto habría que recalcarlo. De otra forma, podría suceder que se produjesen denuncias, seguramente bienintencionadas, sobre hechos en los que hay consentimiento (por más que cueste imaginarlo) o en los que se pretenda hacer parodia, representación o broma (por arduo que resulte encontrarle la gracia a quien hace ese tipo de cosas).

 

  • Un problema práctico no aclarado, al menos en la información aportada por la AEPD sobre el canal, consiste en su disponibilidad real. Funciona las veinticuatro horas del día, siete días a la semana? Porque podría ser que se presentase una denuncia a las ocho de la tarde de un viernes y la misma no se atendiese hasta las nueve de la mañana del lunes siguiente. Aunque la urgencia no significa lo mismo en toda clase de contexto y circunstancias, y una demora de un par de días en atender una denuncia con fundamento no debería considerarse, en principio, como absolutamente inaceptable, si parece claro que no es lo deseable, ni el objetivo al que habría que aspirar. Sí que se dice, por el contrario, que hay equipos especializados, bien preparados y conocedores de la materia, a ambos extremos de la línea, tanto en la AEPD como en las empresas de Internet donde suelen aparecer en la inmensa mayoría de los casos las imágenes denunciables (Google, Facebook o YouTube).

 

  • Un segundo problema práctico, de más enjundia, afecta a WhatsApp, que ofrece un servicio de mensajes y llamadas cifrado de extremo a extremo, en el que nadie puede leer, ver o escuchar esos mensajes y conversaciones privadas, ni siquiera la propia WhatsApp. La AEPD ha declarado que está trabajando con esa empresa para intentar dar con una salida a la limitación de intervención que supone la encriptación de los mensajes, sin que quepa anticipar una pronta solución satisfactoria.

 

  1. En definitiva, a la espera de conocer información sobre sus primeros resultados (y la evaluación de los mismos), así como de que, a medio plazo, se creen instrumentos específicos y armonizados sobre este asunto en el plano comunitario, lo que parece obvio que debería suceder, cabe decir que la creación de un canal prioritario para comunicar la difusión de contenido sensible y solicitar su retirada constituye una iniciativa valiente, responsable y oportuna. También se puede añadir el acierto en su diseño, en el que ha primado un enfoque restrictivo (conductas muy graves, colectivos que merecen especial protección) y proporcionado (medida cautelar de retirada, presencia de derechos dignos de tutela inmediata, ausencia de otros derechos en posible conflicto, como libertad de expresión o de información…). Por otra parte, al quedar la decisión de retirada de las fotos o videos en manos de la AEPD, y no en las de las plataformas digitales o prestadores de servicios de Internet, se evitan, en mi opinión, problemas de intervención automatizada en la supresión de los datos (a la que recurren las plataformas cuando tienen plazos estrictos para actuar fijados por las normas) y de aplicación en la toma de decisión de un sesgo conservador (esto es, de aceptación prácticamente generalizada de los casos presentados y decisión sobre los mismos de la manera que resulte más segura para la empresa, para evitar así multas y sanciones). Finalmente, sin merma de lo anterior y, probablemente, sin que sea justo ponerlo en el debe de la AEPD, hubiera sido deseable y habría reforzado el marco general en que se presentó la iniciativa de creación del canal, algún tipo de intervención, participación o compromiso del Parlamento en la medida. Pero ya se sabe que, por circunstancias bien conocidas, el año en curso no está siendo especialmente productivo para el órgano que representa al pueblo español.

A propósito de “Brexit: the Uncivil War”: tecnologías digitales y campañas políticas

  1. Cuenta Adrian Wooldridge, columnista de The Economist, que atravesando Hollywood Boulevard de camino a una cita promocional de su último libro, creyó sufrir alucinaciones al ver escrita en una gigantesca pantalla luminosa la palabra Brexit. Alarmado, le preguntó al taxista que le conducía por la ciudad angelina si era real lo que sus ojos veían, a lo que éste último, que para hacer la anécdota más jugosa resultó ser un inmigrante nigeriano, licenciado universitario y especializado en el estudio de grandes fracasos políticos causados por decisiones desastrosas y líderes nefastos, respondió afirmativamente, refiriéndose a continuación con todo lujo de detalles a una película, cuyo título original era“Brexit: the Uncivil War” y que en los Estados Unidos se había quedado simplemente en “Brexit”(1).

 

  1. Dirigida por Toby Haynes, con guion de James Graham, y sostenida por un nuevo despliegue de talento, fuerza y brillantez interpretativa por parte de Benedict Cumberbatch en el papel principal, “Brexit: the Uncivil War”es una película para televisión, estrenada en enero de este año y que en España puede verse en la plataforma de HBO. En ella se cuenta, a medio camino entre el documental y el thrillerpolítico, con agilidad, buen ritmo y un estimable esmero por mantener la objetividad, la campaña del referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, desde la perspectiva de los partidarios del Leave, y con el foco puesto en la singular y controvertida personalidad de su estratega jefe, Dominic Cummings (encarnado en la pantalla por el ya citado Cumberbatch). La exposición de la trama es lineal, salvo un prólogo y un epílogo relativos a una comparecencia ficticia de Cummings ante la agencia estatal de privacidad en 2020, y avanza con pulso sostenido y piezas de Beethoven como música de fondo, desde los albores de una improbable coalición ganadora, cuando un diputado ultraderechista y un lobista conservador tratan de vencer la renuencia de Cummings, quemado tras su etapa como asesor en el gobierno de Cameron y hastiado de la política de Westminster, a ponerse al frente de un proyecto que imaginan disruptivo y transformador, hasta la proclamación del sorprendente resultado final en la alcaldía de Manchester. Entre medias, y a lo largo de algo más de 90 minutos, el espectador asiste a luchas intestinas entre distintas facciones de euroescépticos británicos: la extravagante y colorista de Nigel Farage, líder del UKIP y el empresario de seguros Arron Banks, la muy tradicional de parlamentarios y donantes conservadores, críticos con la línea oficial del Primer Ministro, o la formada por dos estrellas del universo tory, Boris Johnson, alcalde de Londres  y Michael Gove, ministro de Justicia. Contempla igualmente, quizás sin extrañeza, como ambos bandos, Leave y Remain, se presentan ante el electorado como la opción más segura y fiable, y construyen su narrativa política, dirigida fundamentalmente a convencer al tercio que existe de indecisos, en torno a un puñado de temas  (economía, inmigración, costes, financiación del National Health Service…) sobre los que insistirán machaconamente con mensajes simples y pretendidamente persuasivos. Y les acompaña a través de la pantalla en sus respectivas campañas, ya sean de tipo personal, con reuniones en pubs,focus groupso visitas door to door, o digital, mediante el empleo de la analítica de datos y la presencia constante en redes sociales. El espectador siente también cómo la atmósfera se va enrareciendo y cargando de tensión e incertidumbre en la recta final de la campaña, con políticos, asesores, voluntarios e incluso ciudadanos corrientes mostrándose cada vez más agresivos, inseguros y polarizados, y menos interesados en los hechos o en reconocer la dignidad y el respeto que se debe al discrepante, hasta alcanzar el culmen con el asesinato, durante un acto electoral a pocos días de la votación, de la parlamentaria laborista Jo Cox. Y si bien la película maneja con destreza la narración de las intrigas y conspiraciones políticas, ya que no en vano ha contado con la colaboración como consultores de Tim Shipman y Craig Oliver, autores de dos de los libros más vendidos sobre el Brexit(2), adolece de altibajos en la descripción de los personajes: resulta sólida y verosímil en el caso de los antagonistas principales, un Cummings, obsesivo, carismático y adicto al trabajo, y el propio Oliver, más equilibrado, convencional y razonable, pero roza la caricatura al tratar de Farage y Banks, bufones en bermudas rosas con enormes pintas de cerveza en la mano, o de Johnson y Gove, despistados e inestables como políticos principiantes, que es justamente lo que no son. Hay, en fin, escenas de indudable fuerza dramática, como la conversación entre Cummings y Oliver en pub, poco antes de las last orders, donde mutuamente se reprochan haber conducido a sus conciudadanos hacia el tribalismo o la desafección y anticipan, de una u otra forma, lo que vendrá después: confusión, incertidumbre, agotamiento y dependencia (3), en un proceso que hoy está paralizado e irresuelto y que se encuentra lejísimos de satisfacer  las expectativas que en su momento se crearon.

 

  1. La película, al margen de sus cualidades artísticas, es francamente interesante desde una perspectiva política, porque toca una serie de temas de actualidad y relevancia indiscutibles. Entre ellos, y sin ánimo de hacer la lista exhaustiva, la denominada post-truthy las fake news, el recurso al referéndum para la toma de decisiones trascendentes y la democracia directa, el papel de los expertos, las dicotomías entre outsiderse insiders(o gente y casta, que habrían dicho algunos en la España de 2016), o vieja y nueva política (un tema, también, muy de la época), el desdén hacia el Parlamento y la pérdida de confianza en las instituciones, la irresponsabilidad por las afirmaciones y promesas que se hacen en campañas electorales y la falta de planes coherentes de los partidos para el futuro. Pero destaca sobre todos ellos el relativo al impacto transformador de las tecnologías digitales en la política. O, para decirlo con mayor precisión, la utilización de datos en cantidades masivas combinada con técnicas de segmentación y personalización de la publicidad, para realizar anuncios políticos diseñados a la medida de cada individuo o grupo social, en función de sus características demográficas, estilos de vida, pautas de consumo y rasgos inferidos de otro tipo de datos. Prueba de ello es que la película arranca con Cummings acusado de haber realizado actividades de microtargeting político (que es como se denomina técnicamente la actividad descrita en el párrafo anterior) que alteran el proceso democrático y sigue luego con el protagonista, en solitario y mirando a la cámara con un punto de travesura, anunciando al público lo que viene a continuación, puesto que  “todo el mundo sabe quién ganó, pero no cómo se ganó”.

 

  1. Lo que nos lleva a fijarnos ahora en AggregateIQ (AIQ), una empresa de analítica de datos, que aparece en escena en Hyde Park, enfrente del Royal Albert Hall, a 161 días de la celebración del referéndum (4). Es allí donde se produce el encuentro entre Cummings y Zach Massingham, su joven cofundador, que ofrece sofisticados algoritmos para hacer anuncios personalizados en campañas políticas, dotados de una gran flexibilidad que les permite, previa comprobación de sus efectos, evolucionar, adaptarse y cambiar, en tiempo real. Y cuando Cummings, inquieto, le pregunta por lo que les mueve a entrar en campaña, Massingham es sincero: comprobar cómo funciona su software en la vida real, para lo que la venerable democracia británica aparece como un inmejorable conejillo de Indias. Un software, por lo demás, que permite localizar y dirigirse de manera personal e individualizada a gente que no vota en las elecciones y que ni siquiera está registrada: 3 millones de ciudadanos cuya existencia política el Remain ignora y que, según Massingham, “están a nuestro alcance, y si llegamos a ellos serán nuestros”. A partir de ese momento, AIQ se convertirá en la guía de la campaña oficial del Leave (5): se instalarán rodeados de secretismo en sus cuarteles generales, dispondrán de más de la mitad del presupuesto permitido para gastos electorales y determinaran con su inputel contenido de la agenda política de los partidarios del Brexit. Porque, por primera vez en una campaña política en el Reino Unido, un contendiente va a disponer de un software que combina Facebook, Twitter, registros electorales de votantes, sondeos electorales y campañas puerta a puerta, todo junto en una única base de datos, permanentemente actualizada y modificable en tiempo real. De hecho, el verdadero Dominic Cummings ha calculado en retrospectiva que su campañarealizó alrededor de 1000 millones de anuncios selectivos en los meses anteriores al referéndum, la mayoría vía Facebook, con múltiples versiones que se chequeaban constantemente dentro de un circuito de retroalimentación interactiva (6).

 

  1. Hay decenas de explicaciones sobre por qué ganó el Brexit. Ninguna de ellas se centra en una sola causa, y casi todas coinciden en que sus partidarios hicieron un uso más inteligente y efectivo de las tecnologías digitales y las redes sociales. En este sentido es muy reveladora la observación del auténtico Craig Oliver, director de la campaña oficial del Remain, de que la participación en el referéndum superó en un 6% la de las elecciones generales de 2015, y que esos 2,8 millones de votantes adicionales apoyaron al Leave de manera muy mayoritaria (tal como Massingham había anticipado en la película que podría suceder), siendo así que si se hubieran comportado como los votantes de 2015, el Remain habría ganado por 52.2% a 47.5%. (7). Sea como fuere, apenas unos meses después de que el pueblo británico hubiese optado por el Brexit surgieron en el Reino Unido una serie de preguntas legales sobre la publicidad política digital en el referéndum (fue su uso conforme a lo dispuesto en las leyes electorales?, respetó los derechos de privacidad y protección de datos de los ciudadanos?) morales (trataron las campañas digitales con respeto, honestidad y transparencia a quienes se dirigían en redes sociales?) y políticas (supone la proliferación masiva de publicidad electoral personalizada una fragmentación tal del espacio público que hace imposible un debate racional sobre bases comunes? ) que han sido abordadas después, a través de varios cauces institucionales. Y así, la Information Commissioner´s Office (ICO), ha señalado que su investigación ha descubierto en la campaña “una inquietante desconsideración hacia la privacidad de los votantes”, para añadir que “los ciudadanos tan solo pueden tomar decisiones informadas sobre a quien votar si están seguros de que esas decisiones no se han visto influenciadas indebidamente” (8); la Electoral Commission (EC) ha descrito la que considera naturaleza perniciosa del microtargeting político en estos términos: “solo el votante, el que hace la campaña y la plataforma saben a quién se ha dirigido el mensaje (…), solo quien hace la campaña y la plataforma saben por qué los anuncios se han dirigido a un votante determinado y cuánto se ha gastado en la campaña particular” (9); y, en fin, el Digital, Culture, Media and Sport Committee (DCMS) de la Cámara de los Comunes ha propuesto aumentar los poderes de la EC para que ésta pueda, entre otras cosas, exigir a las redes sociales y plataformas digitales información relevante para sus investigaciones, aumentar la cuantía de las multas en caso de incumplimiento de la legislación electoral e, incluso, oponerse a una elección por razón de acciones ilegales durante la campaña (10).

 

  1. Desde el referéndum británico de 2016 hasta hoy, las campañas políticas no han hecho más que atribuir una importancia creciente al uso de los datos en el diseño y ejecución de la publicidad electoral (11). En la película, el personaje de Robert Mercer, principal donante de Trump y figura central del infame caso Facebook/Cambridge Analytica, sintetiza así esa tendencia: “Money is one thing, but data is power, this is just the beginning”. Los partidos y los candidatos, al igual que hacen las empresas, recogen, combinan y analizan datos de individuos y de grupos específicamente determinados, crean bases propias, acceden a las de terceros, que compran a intermediarios o conocen a través de acuerdos con las plataformas digitales, y envían mensajes personalizados a los electores, en miles de versiones, dependiendo del contexto y las circunstancias, hasta conseguir en cada caso el impacto buscado. De manera que los esfuerzos institucionales realizados en el Reino Unido, recién citados, y también en otros países, para preservar principios y procesos esenciales en democracia frente al uso generalizado de las tecnologías digitales en campañas electorales tienen sentido y están más que justificados (12). Porque se encuentran en situación de riesgo, real o potencial, derechos como la privacidad, la libertad ideológica o la no discriminación por razones de opinión y también porque plataformas digitales, actores políticos e incluso empresas que no conocemos, saben (y pueden llegar a saber) más de nosotros de lo que, siendo pesimistas, pudiéramos imaginar. Pero también están amenazados valores como la cohesión, la solidaridad o la idea misma de comunidad, ya que si las ofertas políticas no son íntegras y transparentes, sino mutantes y dependientes de algoritmos secretos, hasta llegar, en el supuesto extremo, a tantos públicos como individuos formen el censo, entonces se multiplican por mucho las posibilidades de que pueda haber manipulación, fragmentación, polarización o exclusión en los procesos electorales democráticos. Y así, llegados a este punto, el argumento de que los efectos de la tecnología dependen de cómo se usa no deja de ser de alguna forma un consuelo banal, si no se completa con la célebre primera ley de Kranzberg: “Technology is neither good nor bad, but nor it is neutral”.

 

  1. Ahora bien, siendo cierto todo lo anterior, conviene tener en cuenta al menos cuatro razones que sirven para matizar y moderar una conclusión radicalmente crítica y negativa (y quizás precipitada o no suficientemente contrastada) sobre el uso de las tecnologías digitales y el impacto del microtargetingen las campañas políticas (13). La primera se refiere a sus ventajas, que también las tiene: puede, por ejemplo y como evidencia el caso del referéndum británico, mover al alza la participación (así, en 2016 se batió un record en el Reino Unido, con 46 millones de votantes registrados), o ser capaz de ofrecer a los electores información relevante y concreta según sus necesidades e intereses. La segunda conecta con una apreciación objetiva de las sociedades democráticas: entre el ideal de una esfera pública como espacio de discusión y deliberación racional y la realidad de unos debates y campañas políticas donde predomina el esquematismo, la apelación pasional y el partidismo más descarnado, hay una gran distancia, de forma que no cabe acusar, sin más, a la tecnología de romper algo que o nunca existió o estaba ya roto hace tiempo. La tercera consiste en la manera en que los distintos elementos de un sistema constitucional (régimen electoral, estructura de partidos, protección de derechos, cultura política, limite de gastos …) o la propia naturaleza de una consulta (referéndum, elecciones locales o presidenciales…) pueden condicionar la efectividad de las campañas de microtargeting político. En fin, la cuarta, y quizás más importante, es puramente pragmática: contra los riesgos antes mencionados, que no son hipotéticos sino muy reales, se puede actuar desde el poder democrático por excelencia, que es el Parlamento, aprobando o modificando, según proceda y aconsejen los resultados de la investigación científica que se precisa sobre este tema (aún insuficiente), leyes de privacidad, electorales, de defensa de la competencia o de agencias reguladoras independientes, que protejan efectivamente los derechos de las personas, aumenten y garanticen la transparencia, limpieza y neutralidad de los procesos electorales y contribuyan a la elevación de la calidad del debate publico.

 

 

 

 

  • “All out war”, Tim Shipman, William Collins, 2016, y “ Unleashing demons”, Craig Oliver, Hodder, 2016

 

  • En este sentido, se ha dicho que lo que demuestra la votación del Brexit es “how easily the popular demand for more democracy can end up having the opposite effect”. “How democracy ends”, David Runciman, Basic Books, 2018, pág. 48

 

  • AIQ trabajó haciendo publicidad online para cuatro organizaciones pro Brexit, previamente lo había hecho en las primarias republicanas de los Estados Unidos y mantenía estrechas relaciones de colaboración con Cambridge Analytica, según se recoge en “Disinformation and ´fake news`: final report”, House of Commons, Digital, Culture, Media and Sport Committee, febrero 2019

 

  • El 13 de abril de 2016, la Comisión Electoral designó “Vote Leave” y “Britain Stronger in Europe” como las dos campañas oficiales.

 

  • “The future of political campaigning” Jamie Bartlett, Josh Smith, Rose Acton, Demos, 2018, pág. 26

 

  • “Unleashing demons”, op. cit., pág. 402

 

  • “Investigation into the use of data analytics in political campaigns”, Information Commissioner´s Officer, noviembre 2018

 

  • “Digital campaigning : increasing transparency for voters”, Electoral Commission, junio 2018

 

  • “Disinformation and ´fake news`: final report”, House of Commons, Digital, Culture, Media and Sport Committee, febrero 2019

 

  • IBM calcula que el 90% de los datos que existen han sido creado en los últimos dos años, “Tech Trends 2018”, Deloitte, 2018

 

  • En España, la modificación de la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio del Régimen Electoral General, operada por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, para añadir un nuevo artículo sobre utilización de medios tecnológicos y datos personales en las actividades electorales, ha resultado no solamente polémica, sino que ha motivado la publicación de una circular por parte de la Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad de fijar los criterios a los que responderá su actuación en la aplicación de la citada norma, y la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la misma, promovido por el Defensor del Pueblo.

 

  • Una exposición completa sobre este punto se encuentra en “Online political microtargeting: promises and threats for democracy”, Frederik J. Zuiderveen Borgesius et alt., Utrecht Law Review, 2018

 

 

“Nadie se hace rico siguiendo las reglas”

 

Eso es lo que dicen las cartelas que anuncian en marquesinas y vallas de las ciudades españolas La Casa de Papel, convertida sin hacer ruido y casi de la noche a la mañana en la serie de habla no inglesa más vista en la historia de Netflix. La frase, efectista y rotunda como demanda la publicidad,  remite a prejuicios asentados en las creencias colectivas, como los de que detrás de la riqueza se esconde siempre un ilícito o que respetar las normas sólo garantiza una vida ordinaria y aburrida, y casa perfectamente con la trama de la ficción, que gira en torno a un atraco perpetrado en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. También podría servir como subtítulo para cualquier obra crítica de revisión de la trayectoria de las grandes empresas de internet (en la línea de las muy notables de Jonathan Taplin o Franklin Foer), las más ricas y poderosas de nuestros días, que han vivido la mayor parte de su existencia casi al margen de la regulación y disfrutado de una aplicación laxa, y generalmente benéfica, de la ley. Esta circunstancia ha supuesto, sin perjuicio de la visión, creatividad, capacidad de ejecución, atractivo para el usuario o dominio de la tecnología que todas ellas tienen, una ventaja innegable y relevante para que Google, Apple, Facebook o Amazon hayan alcanzado la extraordinaria posición de dominio que tienen en la economía digital.

 

Las razones de por qué esto ha sido así son bien conocidas. Primero, el celo (y el éxito) con el que los emprendedores de internet y la comunidad de Silicon Valley han promovido una filosofía individualista y libertaria, compatible por lo demás con una concepción del mundo como red conectada, resueltamente opuesta a cualquier tipo de intervención estatal, que en sus formulaciones más extremas y elitistas (Peter Thiel), ha llegado al punto de contraponer de manera agonal democracia y tecnología (siendo esta última quién ha de triunfar para liberar al mundo). Segundo, el prestigio y la pervivencia de una teoría económica ultra liberal (Milton Friedman, Escuela de Chicago) difundida hace décadas por algunos jueces y profesores muy influyentes del derecho de la competencia, que considera la eficiencia como el bien principal, la continua bajada de precios como la única cosa que debe preocupar a las autoridades y cuestiones como los abusos o la existencia de monopolios como detalles prácticamente sin importancia. Tercero, una opción de política pública consistente en no regular internet, cuando empezaba a consolidarse en su versión comercial, por miedo a frenar, a base de restricciones legales, la innovación y la inversión. De todas ellas se han servido las grandes empresas tecnológicas, con un pragmatismo encomiable, compatible con ideales seguramente sinceros, para articular, junto a un competente ejército de lobistas, académicos y abogados, una línea de aislamiento y defensa muy eficaz, para desesperación de competidores como los operadores de telecomunicaciones y su persistente reclamación de un campo de juego equilibrado y de unas mismas reglas para el mismo tipo de servicios.

 

Pero abundan las evidencias de que esa etapa dorada de excepcionalidad, consistente en el disfrute de un régimen amplio de exenciones en la aplicación de la regulación y de la ley, y amparada por unos niveles de reputación envidiables y el favor prácticamente unánime del público, está llegando a su fin. Si se mira bien, la vida libre de interferencias que han buscado las grandes empresas de internet no difiere en esencia de lo perseguido por otros negocios, que han supuesto igualmente grandes avances para la humanidad en épocas anteriores: mantener a los gobiernos al margen, actuar sin ataduras y pagar lo menos posible al fisco. Una serie de errores y tropiezos cometidos por estas grandes empresas (prácticas anticompetitivas, tratamiento descuidado de datos personales, utilización de sus plataformas para campañas de desinformación que afectan a la limpieza de los procesos electorales, determinadas políticas fiscales y laborales…), junto a un mejor entendimiento de su modelo de negocio, una mayor conciencia de los usuarios (que entienden que lo que dan a cambio de servicios “gratis” que reciben, como usos de mapas, acceso ordenado e instantáneo a la información, posibilidades de comunicación en red con familia y amigos o entretenimiento son datos acerca de su persona y atención como potenciales consumidores a la publicidad ), y el continuo aumento de su tamaño e importancia (baste decir que Amazon supone casi la mitad de las compras y que Facebook y Google, conjuntamente, ingresan dos tercios de la publicidad, en ambos casos online y en Estados Unidos) han contribuido a que se consolide un cambio de tendencia. Y así, quienes ayer eran heraldos y arquitectos de un mundo mejor, hoy son etiquetados como BAADD: big, anti-competitive, addictive and destructive to democracy. Probablemente nada expresa mejor esta nueva situación que el testimonio ofrecido por Mark Zuckerberg ante el Congreso de los Estados Unidos, con ocasión de su comparecencia forzada por el escándalo de Cambridge Analytica: “the real question, as the internet becomes more important in people´ s lives , is what is the right regulation, not whether there should be or not”.

 

Bienvenida sea, pues, la vuelta a la realidad de la aceptación de la regulación, una interrelación compleja y necesaria entre el Estado y el mercado, que se sustancia en contratos que hay que cumplir, derechos que proteger y procedimientos a seguir. Se trata de un primer paso necesario, habida cuenta de que hoy, debido a lo lejos que se ha llegado y al tiempo que se ha perdido, cabe descartar alternativas como la autorregulación o los acuerdos pactados sobre los que teorizó Littlechild (en los que las empresas negocian con los poderes públicos una regulación mutuamente aceptable, limitando en consecuencia la imposición unilateral de aquella). Que tendrá que ser seguido por otros más sustantivos y concretos sobre (i) el nivel y la intensidad de la intervención pública en la actividad de esas grandes empresas, (ii) la resolución de los problemas legales actuales, como los relativos a la privacidad y a la protección de datos, el derecho de la competencia, la propiedad intelectual, el control editorial o la responsabilidad que han de tener frente a campañas de desinformación y fake news, entre otros muchos, y (iii) las nuevas áreas en las que estas empresas están ya adentradas y a su vanguardia, como la inteligencia artificial o la robótica, que plantean interrogantes y ofrecen alternativas muy distintas sobre cuál haya de ser su tratamiento legal más conveniente.

 

Esta nueva fase que aspire a una “buena regulación” (o a una “regulación correcta”) habrá de ser por fuerza exigente, o eso cabría anticipar, para las grandes empresas de internet, que tendrán que operar con transparencia, más claridad y mayor seguridad y deberán colaborar en la elaboración de aquella con políticos y reguladores. Pero lo será, y quizás aún más, para éstos últimos, que tienen varias tareas pendientes en este campo. Primero, reconocer y afrontar con todas sus consecuencias la necesidad de actuar, como representantes de la soberanía popular, en relación a empresas que han alcanzado un tamaño, una posición de dominio y una capacidad de influencia determinante para la vida de todos. Segundo, conocer y entender mejor internet, como alguna de las intervenciones de senadores y representantes en la comparecencia del CEO de Facebook ante las cámaras del Congreso aconseja (algo extensible, seguramente, a parlamentarios de otras latitudes). Tercero, esforzarse en lograr compromisos políticos que otorguen apoyos amplios y estabilidad a las leyes que sobre internet se aprueben (y aquí la Unión Europea, con todas sus insuficiencias, puede exhibir los logros del Reglamento General de Protección de Datos y de la normativa de neutralidad de la red). Y cuarto, y último, tratar de asegurarse de que el resultado final de su intervención legislativa vaya dirigido a incrementar el bienestar total de la sociedad. Dentro de este marco, de valores y reglas, conseguir la riqueza no solo sigue siendo algo perfectamente posible (aunque quizás más difícil que en otros alternativos) sino también enteramente loable.