A propósito de “Brexit: the Uncivil War”: tecnologías digitales y campañas políticas

  1. Cuenta Adrian Wooldridge, columnista de The Economist, que atravesando Hollywood Boulevard de camino a una cita promocional de su último libro, creyó sufrir alucinaciones al ver escrita en una gigantesca pantalla luminosa la palabra Brexit. Alarmado, le preguntó al taxista que le conducía por la ciudad angelina si era real lo que sus ojos veían, a lo que éste último, que para hacer la anécdota más jugosa resultó ser un inmigrante nigeriano, licenciado universitario y especializado en el estudio de grandes fracasos políticos causados por decisiones desastrosas y líderes nefastos, respondió afirmativamente, refiriéndose a continuación con todo lujo de detalles a una película, cuyo título original era“Brexit: the Uncivil War” y que en los Estados Unidos se había quedado simplemente en “Brexit”(1).

 

  1. Dirigida por Toby Haynes, con guion de James Graham, y sostenida por un nuevo despliegue de talento, fuerza y brillantez interpretativa por parte de Benedict Cumberbatch en el papel principal, “Brexit: the Uncivil War”es una película para televisión, estrenada en enero de este año y que en España puede verse en la plataforma de HBO. En ella se cuenta, a medio camino entre el documental y el thrillerpolítico, con agilidad, buen ritmo y un estimable esmero por mantener la objetividad, la campaña del referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, desde la perspectiva de los partidarios del Leave, y con el foco puesto en la singular y controvertida personalidad de su estratega jefe, Dominic Cummings (encarnado en la pantalla por el ya citado Cumberbatch). La exposición de la trama es lineal, salvo un prólogo y un epílogo relativos a una comparecencia ficticia de Cummings ante la agencia estatal de privacidad en 2020, y avanza con pulso sostenido y piezas de Beethoven como música de fondo, desde los albores de una improbable coalición ganadora, cuando un diputado ultraderechista y un lobista conservador tratan de vencer la renuencia de Cummings, quemado tras su etapa como asesor en el gobierno de Cameron y hastiado de la política de Westminster, a ponerse al frente de un proyecto que imaginan disruptivo y transformador, hasta la proclamación del sorprendente resultado final en la alcaldía de Manchester. Entre medias, y a lo largo de algo más de 90 minutos, el espectador asiste a luchas intestinas entre distintas facciones de euroescépticos británicos: la extravagante y colorista de Nigel Farage, líder del UKIP y el empresario de seguros Arron Banks, la muy tradicional de parlamentarios y donantes conservadores, críticos con la línea oficial del Primer Ministro, o la formada por dos estrellas del universo tory, Boris Johnson, alcalde de Londres  y Michael Gove, ministro de Justicia. Contempla igualmente, quizás sin extrañeza, como ambos bandos, Leave y Remain, se presentan ante el electorado como la opción más segura y fiable, y construyen su narrativa política, dirigida fundamentalmente a convencer al tercio que existe de indecisos, en torno a un puñado de temas  (economía, inmigración, costes, financiación del National Health Service…) sobre los que insistirán machaconamente con mensajes simples y pretendidamente persuasivos. Y les acompaña a través de la pantalla en sus respectivas campañas, ya sean de tipo personal, con reuniones en pubs,focus groupso visitas door to door, o digital, mediante el empleo de la analítica de datos y la presencia constante en redes sociales. El espectador siente también cómo la atmósfera se va enrareciendo y cargando de tensión e incertidumbre en la recta final de la campaña, con políticos, asesores, voluntarios e incluso ciudadanos corrientes mostrándose cada vez más agresivos, inseguros y polarizados, y menos interesados en los hechos o en reconocer la dignidad y el respeto que se debe al discrepante, hasta alcanzar el culmen con el asesinato, durante un acto electoral a pocos días de la votación, de la parlamentaria laborista Jo Cox. Y si bien la película maneja con destreza la narración de las intrigas y conspiraciones políticas, ya que no en vano ha contado con la colaboración como consultores de Tim Shipman y Craig Oliver, autores de dos de los libros más vendidos sobre el Brexit(2), adolece de altibajos en la descripción de los personajes: resulta sólida y verosímil en el caso de los antagonistas principales, un Cummings, obsesivo, carismático y adicto al trabajo, y el propio Oliver, más equilibrado, convencional y razonable, pero roza la caricatura al tratar de Farage y Banks, bufones en bermudas rosas con enormes pintas de cerveza en la mano, o de Johnson y Gove, despistados e inestables como políticos principiantes, que es justamente lo que no son. Hay, en fin, escenas de indudable fuerza dramática, como la conversación entre Cummings y Oliver en pub, poco antes de las last orders, donde mutuamente se reprochan haber conducido a sus conciudadanos hacia el tribalismo o la desafección y anticipan, de una u otra forma, lo que vendrá después: confusión, incertidumbre, agotamiento y dependencia (3), en un proceso que hoy está paralizado e irresuelto y que se encuentra lejísimos de satisfacer  las expectativas que en su momento se crearon.

 

  1. La película, al margen de sus cualidades artísticas, es francamente interesante desde una perspectiva política, porque toca una serie de temas de actualidad y relevancia indiscutibles. Entre ellos, y sin ánimo de hacer la lista exhaustiva, la denominada post-truthy las fake news, el recurso al referéndum para la toma de decisiones trascendentes y la democracia directa, el papel de los expertos, las dicotomías entre outsiderse insiders(o gente y casta, que habrían dicho algunos en la España de 2016), o vieja y nueva política (un tema, también, muy de la época), el desdén hacia el Parlamento y la pérdida de confianza en las instituciones, la irresponsabilidad por las afirmaciones y promesas que se hacen en campañas electorales y la falta de planes coherentes de los partidos para el futuro. Pero destaca sobre todos ellos el relativo al impacto transformador de las tecnologías digitales en la política. O, para decirlo con mayor precisión, la utilización de datos en cantidades masivas combinada con técnicas de segmentación y personalización de la publicidad, para realizar anuncios políticos diseñados a la medida de cada individuo o grupo social, en función de sus características demográficas, estilos de vida, pautas de consumo y rasgos inferidos de otro tipo de datos. Prueba de ello es que la película arranca con Cummings acusado de haber realizado actividades de microtargeting político (que es como se denomina técnicamente la actividad descrita en el párrafo anterior) que alteran el proceso democrático y sigue luego con el protagonista, en solitario y mirando a la cámara con un punto de travesura, anunciando al público lo que viene a continuación, puesto que  “todo el mundo sabe quién ganó, pero no cómo se ganó”.

 

  1. Lo que nos lleva a fijarnos ahora en AggregateIQ (AIQ), una empresa de analítica de datos, que aparece en escena en Hyde Park, enfrente del Royal Albert Hall, a 161 días de la celebración del referéndum (4). Es allí donde se produce el encuentro entre Cummings y Zach Massingham, su joven cofundador, que ofrece sofisticados algoritmos para hacer anuncios personalizados en campañas políticas, dotados de una gran flexibilidad que les permite, previa comprobación de sus efectos, evolucionar, adaptarse y cambiar, en tiempo real. Y cuando Cummings, inquieto, le pregunta por lo que les mueve a entrar en campaña, Massingham es sincero: comprobar cómo funciona su software en la vida real, para lo que la venerable democracia británica aparece como un inmejorable conejillo de Indias. Un software, por lo demás, que permite localizar y dirigirse de manera personal e individualizada a gente que no vota en las elecciones y que ni siquiera está registrada: 3 millones de ciudadanos cuya existencia política el Remain ignora y que, según Massingham, “están a nuestro alcance, y si llegamos a ellos serán nuestros”. A partir de ese momento, AIQ se convertirá en la guía de la campaña oficial del Leave (5): se instalarán rodeados de secretismo en sus cuarteles generales, dispondrán de más de la mitad del presupuesto permitido para gastos electorales y determinaran con su inputel contenido de la agenda política de los partidarios del Brexit. Porque, por primera vez en una campaña política en el Reino Unido, un contendiente va a disponer de un software que combina Facebook, Twitter, registros electorales de votantes, sondeos electorales y campañas puerta a puerta, todo junto en una única base de datos, permanentemente actualizada y modificable en tiempo real. De hecho, el verdadero Dominic Cummings ha calculado en retrospectiva que su campañarealizó alrededor de 1000 millones de anuncios selectivos en los meses anteriores al referéndum, la mayoría vía Facebook, con múltiples versiones que se chequeaban constantemente dentro de un circuito de retroalimentación interactiva (6).

 

  1. Hay decenas de explicaciones sobre por qué ganó el Brexit. Ninguna de ellas se centra en una sola causa, y casi todas coinciden en que sus partidarios hicieron un uso más inteligente y efectivo de las tecnologías digitales y las redes sociales. En este sentido es muy reveladora la observación del auténtico Craig Oliver, director de la campaña oficial del Remain, de que la participación en el referéndum superó en un 6% la de las elecciones generales de 2015, y que esos 2,8 millones de votantes adicionales apoyaron al Leave de manera muy mayoritaria (tal como Massingham había anticipado en la película que podría suceder), siendo así que si se hubieran comportado como los votantes de 2015, el Remain habría ganado por 52.2% a 47.5%. (7). Sea como fuere, apenas unos meses después de que el pueblo británico hubiese optado por el Brexit surgieron en el Reino Unido una serie de preguntas legales sobre la publicidad política digital en el referéndum (fue su uso conforme a lo dispuesto en las leyes electorales?, respetó los derechos de privacidad y protección de datos de los ciudadanos?) morales (trataron las campañas digitales con respeto, honestidad y transparencia a quienes se dirigían en redes sociales?) y políticas (supone la proliferación masiva de publicidad electoral personalizada una fragmentación tal del espacio público que hace imposible un debate racional sobre bases comunes? ) que han sido abordadas después, a través de varios cauces institucionales. Y así, la Information Commissioner´s Office (ICO), ha señalado que su investigación ha descubierto en la campaña “una inquietante desconsideración hacia la privacidad de los votantes”, para añadir que “los ciudadanos tan solo pueden tomar decisiones informadas sobre a quien votar si están seguros de que esas decisiones no se han visto influenciadas indebidamente” (8); la Electoral Commission (EC) ha descrito la que considera naturaleza perniciosa del microtargeting político en estos términos: “solo el votante, el que hace la campaña y la plataforma saben a quién se ha dirigido el mensaje (…), solo quien hace la campaña y la plataforma saben por qué los anuncios se han dirigido a un votante determinado y cuánto se ha gastado en la campaña particular” (9); y, en fin, el Digital, Culture, Media and Sport Committee (DCMS) de la Cámara de los Comunes ha propuesto aumentar los poderes de la EC para que ésta pueda, entre otras cosas, exigir a las redes sociales y plataformas digitales información relevante para sus investigaciones, aumentar la cuantía de las multas en caso de incumplimiento de la legislación electoral e, incluso, oponerse a una elección por razón de acciones ilegales durante la campaña (10).

 

  1. Desde el referéndum británico de 2016 hasta hoy, las campañas políticas no han hecho más que atribuir una importancia creciente al uso de los datos en el diseño y ejecución de la publicidad electoral (11). En la película, el personaje de Robert Mercer, principal donante de Trump y figura central del infame caso Facebook/Cambridge Analytica, sintetiza así esa tendencia: “Money is one thing, but data is power, this is just the beginning”. Los partidos y los candidatos, al igual que hacen las empresas, recogen, combinan y analizan datos de individuos y de grupos específicamente determinados, crean bases propias, acceden a las de terceros, que compran a intermediarios o conocen a través de acuerdos con las plataformas digitales, y envían mensajes personalizados a los electores, en miles de versiones, dependiendo del contexto y las circunstancias, hasta conseguir en cada caso el impacto buscado. De manera que los esfuerzos institucionales realizados en el Reino Unido, recién citados, y también en otros países, para preservar principios y procesos esenciales en democracia frente al uso generalizado de las tecnologías digitales en campañas electorales tienen sentido y están más que justificados (12). Porque se encuentran en situación de riesgo, real o potencial, derechos como la privacidad, la libertad ideológica o la no discriminación por razones de opinión y también porque plataformas digitales, actores políticos e incluso empresas que no conocemos, saben (y pueden llegar a saber) más de nosotros de lo que, siendo pesimistas, pudiéramos imaginar. Pero también están amenazados valores como la cohesión, la solidaridad o la idea misma de comunidad, ya que si las ofertas políticas no son íntegras y transparentes, sino mutantes y dependientes de algoritmos secretos, hasta llegar, en el supuesto extremo, a tantos públicos como individuos formen el censo, entonces se multiplican por mucho las posibilidades de que pueda haber manipulación, fragmentación, polarización o exclusión en los procesos electorales democráticos. Y así, llegados a este punto, el argumento de que los efectos de la tecnología dependen de cómo se usa no deja de ser de alguna forma un consuelo banal, si no se completa con la célebre primera ley de Kranzberg: “Technology is neither good nor bad, but nor it is neutral”.

 

  1. Ahora bien, siendo cierto todo lo anterior, conviene tener en cuenta al menos cuatro razones que sirven para matizar y moderar una conclusión radicalmente crítica y negativa (y quizás precipitada o no suficientemente contrastada) sobre el uso de las tecnologías digitales y el impacto del microtargetingen las campañas políticas (13). La primera se refiere a sus ventajas, que también las tiene: puede, por ejemplo y como evidencia el caso del referéndum británico, mover al alza la participación (así, en 2016 se batió un record en el Reino Unido, con 46 millones de votantes registrados), o ser capaz de ofrecer a los electores información relevante y concreta según sus necesidades e intereses. La segunda conecta con una apreciación objetiva de las sociedades democráticas: entre el ideal de una esfera pública como espacio de discusión y deliberación racional y la realidad de unos debates y campañas políticas donde predomina el esquematismo, la apelación pasional y el partidismo más descarnado, hay una gran distancia, de forma que no cabe acusar, sin más, a la tecnología de romper algo que o nunca existió o estaba ya roto hace tiempo. La tercera consiste en la manera en que los distintos elementos de un sistema constitucional (régimen electoral, estructura de partidos, protección de derechos, cultura política, limite de gastos …) o la propia naturaleza de una consulta (referéndum, elecciones locales o presidenciales…) pueden condicionar la efectividad de las campañas de microtargeting político. En fin, la cuarta, y quizás más importante, es puramente pragmática: contra los riesgos antes mencionados, que no son hipotéticos sino muy reales, se puede actuar desde el poder democrático por excelencia, que es el Parlamento, aprobando o modificando, según proceda y aconsejen los resultados de la investigación científica que se precisa sobre este tema (aún insuficiente), leyes de privacidad, electorales, de defensa de la competencia o de agencias reguladoras independientes, que protejan efectivamente los derechos de las personas, aumenten y garanticen la transparencia, limpieza y neutralidad de los procesos electorales y contribuyan a la elevación de la calidad del debate publico.

 

 

 

 

  • “All out war”, Tim Shipman, William Collins, 2016, y “ Unleashing demons”, Craig Oliver, Hodder, 2016

 

  • En este sentido, se ha dicho que lo que demuestra la votación del Brexit es “how easily the popular demand for more democracy can end up having the opposite effect”. “How democracy ends”, David Runciman, Basic Books, 2018, pág. 48

 

  • AIQ trabajó haciendo publicidad online para cuatro organizaciones pro Brexit, previamente lo había hecho en las primarias republicanas de los Estados Unidos y mantenía estrechas relaciones de colaboración con Cambridge Analytica, según se recoge en “Disinformation and ´fake news`: final report”, House of Commons, Digital, Culture, Media and Sport Committee, febrero 2019

 

  • El 13 de abril de 2016, la Comisión Electoral designó “Vote Leave” y “Britain Stronger in Europe” como las dos campañas oficiales.

 

  • “The future of political campaigning” Jamie Bartlett, Josh Smith, Rose Acton, Demos, 2018, pág. 26

 

  • “Unleashing demons”, op. cit., pág. 402

 

  • “Investigation into the use of data analytics in political campaigns”, Information Commissioner´s Officer, noviembre 2018

 

  • “Digital campaigning : increasing transparency for voters”, Electoral Commission, junio 2018

 

  • “Disinformation and ´fake news`: final report”, House of Commons, Digital, Culture, Media and Sport Committee, febrero 2019

 

  • IBM calcula que el 90% de los datos que existen han sido creado en los últimos dos años, “Tech Trends 2018”, Deloitte, 2018

 

  • En España, la modificación de la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio del Régimen Electoral General, operada por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, para añadir un nuevo artículo sobre utilización de medios tecnológicos y datos personales en las actividades electorales, ha resultado no solamente polémica, sino que ha motivado la publicación de una circular por parte de la Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad de fijar los criterios a los que responderá su actuación en la aplicación de la citada norma, y la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la misma, promovido por el Defensor del Pueblo.

 

  • Una exposición completa sobre este punto se encuentra en “Online political microtargeting: promises and threats for democracy”, Frederik J. Zuiderveen Borgesius et alt., Utrecht Law Review, 2018

 

 

No es perfecto, pero puede funcionar: el Plan de acción contra la desinformación en las elecciones europeas de 2019

  1. La periodista de investigación Lyudmila Savchuk, que hace tres años trabajó como infiltrada en la notoria factoría de bulos “Internet Research Agency”, con sede en San Petersburgo, no alberga ninguna duda sobre el interés de Rusia en desarrollar campañas de desinformación de cara a las próximas elecciones al Parlamento Europeo. Tampoco es ambiguo al respecto el vicepresidente de la Comisión Europea, Andrus Ansip, cuando denuncia la existencia de ese tipo de campañas para influir en elecciones y consultas públicas celebradas en distintos estados de la Unión, y añade que las pruebas recogidas apuntan siempre en una misma dirección: Rusia. Nada de esto es nuevo, ni se ciñe exclusivamente a Europa, como prueba de forma concluyente la sobria y rigurosamente documentada acusación del abogado especial Robert Mueller contra una serie de personas físicas y jurídicas rusas, formulando contra ellas cargos por interferencia ilegal en las elecciones presidenciales norteamericanas de 2016.

 

  1. Pero a falta de novedad, sí que hay relevancia en este asunto. Las elecciones europeas de 2019 se van a celebrar en un contexto muy especial, caracterizado por un escenario internacional tenso y volátil, una competencia geopolítica entre bloques que no comparten unos mismos principios básicos, la crisis institucional irresuelta del Brexit, el complejo arranque del presupuesto de la zona euro, las reformas pendientes en materia de migración, fiscalidad o defensa, o la pujanza de fuerzas políticas abiertamente hostiles al proyecto europeísta. Y van a estar presididas por un doble objetivo: la obtención de un voto ampliamente mayoritario, porque Europa necesita la adhesión al proyecto de sus ciudadanos y dotarse de la legitimidad que solo confiere la participación de aquellos en las elecciones, y que éstas sean libres, limpias y transparentes, de manera que los ciudadanos tengan información fiable sobre las alternativas políticas que se les presentan, y puedan valorarlas a través de un debate público honesto y constructivo, sin engaños ni tergiversaciones.

 

  1. Pues bien, desde esta perspectiva, las elecciones se enfrentan a tres amenazas principales: (a) los ciberataques, ejecutados por piratas informáticos, para dañar o destruir redes o sistemas de ordenadores, y afectar tanto a procesos electorales como a campañas de partidos y candidatos, (b) el uso ilegítimo de datos personales a efectos de propaganda electoral y (c) la diseminación de noticias falsas en las plataformas y medios online y en las redes sociales. Ante ellas, y en este momento decisivo para su futuro, la Unión Europea tiene que actuar con determinación y firmeza, no solamente para garantizar el correcto funcionamiento de sus instituciones, sino para preservar los principios que son su razón de ser: democracia, libertades y estado de Derecho.

 

  1. Ciertamente la Unión ha dado ya pasos importantes en los últimos años para disponer de procesos electorales seguros y resistentes, que permitan celebrar unas elecciones limpias y fuera de sospechas. Así, cabe citar las Directivas sobre ciberataques (2013 y 2016), el Reglamento general de protección de datos (2016), que previene y sanciona su uso ilegítimo, o la Comunicación sobre desinformación online(2018), donde la Comisión propone una serie de acciones  para, entre otras cosas, conseguir un ecosistema digitalmás transparente y responsable, promover la alfabetización y la educación en medios de comunicación y apoyar un periodismo de calidad como elemento esencial de las sociedades democráticas. Y, desde luego, no cabe obviar la creación, en 2015, del Grupo Especial de Comunicación Estratégica para el Este “ a fin de contrarrestar las campañas de desinformación de Rusia”.

 

  1. A la vista de lo anterior, el Plan de acción contra la desinformación, hecho público por la Alta Representante de la Unión para Asuntos Europeos y de Política de Seguridad y por la propia Comisión el pasado 5 de diciembre, aparece como un paso más en una serie consistente de decisiones, si bien específico y dotado de un cierto carácter de urgencia, al centrarse en las próximas elecciones europeas. El Plan responde, en esencia, a la llamada del Consejo Europeo para adoptar medidas capaces de “proteger los sistemas democráticos de la Unión y combatir la desinformación”, se construye sobre iniciativas comunitarias como las citadas anteriormente y cuenta, y así lo reconocen sus promotores, con la cooperación de socios claves, como la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) o el Grupo de los Siete (G7). Del mismo cabe destacar, en síntesis, tres elementos principales:

 

– El primero es de carácter político: el reconocimiento sin ambages de que los procesos democráticos se enfrentan al desafío creciente de la desinformación deliberada y sistemática a gran escala. No es de extrañar, pues, que el 83% de los europeos piensen que las fake newssuponen una amenaza para la democracia, o que el 73% de los usuarios de Internet estén preocupados por la desinformación online en las campañas electorales.

 

– El segundo es conceptual, y consiste en definir “desinformación” como información verificablemente falsa o engañosa, creada, presentada y difundida para obtener un beneficio económico o para engañar de manera intencionada a los ciudadanos, que puede causar un daño social. En esta materia, las palabras y las definiciones importan sobremanera, no solo porque lograr un consenso sobre los términos que permita entenderse a la comunidad de profesionales que analiza el fenómeno es esencial, sino también porque para atribuir consecuencias en términos normativos a las conductas que se pretende evitar hace falta definirlas con precisión previamente.

 

– En fin, el tercero es jurídico, ya que las acciones contenidas en el Plan se dirigen tan solo a contenidos de “desinformación” que, en principio, o al menos en muchas circunstancias, son legales conforme al Derecho de la Unión o al de los Estados Miembros (mientras que, por el contrario, el contenido ilegal, como aquél que constituye discurso del odio, incitación al terrorismo, o pornografía infantil está tratado en otro tipo de normas comunitarias y nacionales). Esto hace que la acción contra la desinformación que el Plan aborda, y contra las conductas voluntarias y dañinas para la correcta formación de la voluntad popular que se propone combatir, tenga que ser medida, sutil y respetuosa con el derecho a la libertad de expresión, que comprende “la libertad de opinión y la libertad de recibir o comunicar informaciones e ideas sin que pueda haber injerencias de autoridades públicas y sin consideración de fronteras” (artículo 10 de la Convención Europea de los Derechos Humanos), y con “la libertad de los medios de comunicación y su pluralismo” (artículo 11 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión).

 

  1. Y junto a sus tres elementos principales (reconocimiento de relevancia política, acotación terminológica y ponderación de bienes jurídicos que pueden entrar en conflicto), el Plan se basa en cuatro pilares, que son:

 

– La mejora de las capacidades de la Unión para detectar, analizar y desenmascarar la desinformación a través, entre otros extremos, del reforzamiento de los Grupos Especiales de Comunicación Estratégica (a imagen y semejanza del precursor del Este, focalizado en Rusia), del Servicio Europeo de Acción Exterior y de las Delegaciones en los países vecinos de la Unión.

 

– El fortalecimiento de las respuestas coordinadas y conjuntas ante la desinformación, por medio del nuevo sistema de alerta rápida europea (que ha de operar en tiempo real y estar funcionando ya en marzo de 2019) y trabajando estrechamente con las redes nacionales ya existentes.

 

– La movilización del sector privado, donde destaca la monitorización continua que la Comisión se propone hacer del Código de Conducta sobre Desinformación (septiembre 2018), firmado por compañías como Facebook, Google o Twitter, y que incluye compromisos relativos  a ubicación de los anuncios, la publicidad de carácter político, la integridad de los servicios y el apoderamiento de consumidores e investigadores, y

 

– El incremento de la conciencia y la mejora de la resiliencia social ante la desinformación, con campañas sobre los efectos negativos de aquella, o de apoyo al periodismo independiente, de calidad y e investigación, entre otras.

 

  1. El Plan no es perfecto: para empezar cuenta con medios más bien modestos y carece de una comprensión afinada y contrastada de los efectos del fenómeno que pretende combatir. En efecto, el Plan prevé un presupuesto para comunicación estratégica sobre desinformación en 2019 de 5 M€ (que supone un incremento sustancial respecto al del año anterior, pero que se queda lejos de los recursos empleados al efecto en otras regiones), y pide a los Estados Miembros que refuercen sus propios planes nacionales para complementar las medidas de actuación comunitarias. Pero es que, por otra parte, escasean los estudios de impacto sobre el impacto de la desinformación en las elecciones, por lo que no se sabe con precisión cómo, en qué sentido y hasta qué punto puede una campaña de desinformación política afectar el sentido del voto popular. Sobre esto, el Plan no arroja luz y guarda silencio. Por lo demás, y en la línea de precisión conceptual que propone el Plan, sería preciso hacer una mejor delimitación de la desinformación frente a fenómenos similares, como la propaganda, la comunicación partidista o la mala información involuntaria y ampliamente diseminada, que también son monedas de uso corriente hoy en día. El Plan adolece, en fin y como ocurre con frecuencia en otras iniciativas comunitarias, de inconcreción en alguno de sus puntos (por ejemplo, en la sugerencia de trasladar el vigente régimen electoral sobre jornada de reflexión, publicación de encuestas…al mundo online) y confía, seguramente en exceso, en los resultados que puede ofrecer la autorregulación de actores relevantes, como las plataformas online o los medios de comunicación.

 

  1. Y sin embargo, puede funcionar. Porque, para empezar, constituye un acierto reconocer la existencia del problema (la desinformación en las campañas electorales), conferirle importancia, advertir los efectos corrosivos que puede tener para la democracia y reaccionar, de forma abierta y decidida, frente a lo que constituye una injerencia indiscutible e inaceptable de una potencia estatal, empeñada en socavar el proyecto europeísta. En segundo lugar, el Plan constituye una serie de acciones que guardan una razonable coherencia interna, y persisten en la decisión política de la Unión de abordar la lucha contra la desinformación desde un enfoque pluralista, de implicación de una variedad de actores implicados (y no exclusivamente desde la acción de los poderes públicos), y con preferencia por las opciones de cooperación, educación y autorregulación, frente a una regulación, que se desearía evitar o retrasar, por las complejidades y riegos que implica, todo lo posible. Igualmente merece una valoración positiva, en tercer lugar, el énfasis en la necesidad de cooperación y colaboración entre los Estados Miembros, toda vez que si bien las elecciones de 2019 son al Parlamento Europeo, la organización de las mismas es asunto nacional y que, por otra parte, el fenómeno de la desinformación es, al mismo tiempo, local y global. Por último, y no es cuestión menor, el Plan también se construye alrededor de compromisos previos, de diferente valía pero en ningún caso desdeñables, como los alcanzados con plataformas online, como Facebook, Google y Twitter, en el Código de conducta sobre desinformación, que incluyen la adopción de medidas para que los botsno puedan confundirse con humanos, la publicación de informes anuales de cumplimiento o la colaboración con investigadores y estudiosos del fenómeno, o con distintas organizaciones y empresas de medios de comunicación para fortalecer las actividades de verificación de hechos (fact-checking), centradas en las próximas elecciones europeas.

 

  1. Así las cosas, y en un momento en el que el estado de forma de la Unión Europea no es precisamente esplendoroso, el Plan merece suerte, éxito y apoyo decidido por parte de estados, sociedades y ciudadanos. Porque es mucho lo que está en juego y también porque, al menos en este caso, no se puede decir que las instituciones comunitarias no hayan hecho su parte del trabajo.

 

 

 

 

 

La Unión Europea frente a las fake news

  1. Con el viento de cola procedente de la elección presidencial en los Estados Unidos, el Diccionario Collins eligió fake news como palabra del año 2017 y la definió como “información falsa, frecuentemente sensacionalista y diseminada bajo la apariencia de noticia”. Era una manera singular de reconocer la popularidad y relevancia de un término, hoy controvertido por ideologizado y difuso, que de todas formas se ha utilizado abundantemente desde entonces al tratar el tema, más amplio y complejo, de la desinformación. En una misma línea que subraya su importancia, el informe de 2017 de Freedom House afirmaba que tácticas y operaciones de manipulación y desinformación online, consistentes en series organizadas de noticias falsas detectadas en no menos de 18 países, habían contribuido al descenso por séptimo año consecutivo de la libertad en Internet, mientras que el Eurobarómetro de febrero de este año arrojaba el expresivo dato de que un 83% de los ciudadanos encuestados consideraban que las “fake news” constituyen ciertamente un problema para la democracia.

 

  1. La proliferación de la desinformación y la nueva dimensión que ha adquirido en los últimos tiempos se explica fundamentalmente por el desarrollo las tecnologías digitales. Sobre estas últimas prevalece ahora una visión más objetiva que años atrás: no suponen intrínsecamente ni una liberación ni una condena, sino que ofrecen un campo casi ilimitado, y en parte desconocido, de posibilidades, donde lo decisivo será el uso que se haga de las mismas. En cualquier caso, no cabe duda de que Internet ha aumentado exponencialmente la cantidad y variedad de noticias a las que los ciudadanos pueden acceder y cambiado el modo en que éstos se informan, ha propiciado la aparición de nuevos medios de comunicación online y, a través de las redes sociales, ha permitido diseminar información a gran escala, con velocidad y precisión altísimas. O por decirlo en palabras de Charlie Beckett, uno de los mayores expertos mundiales en la materia, “ahora cualquiera con una cuenta de Twitter o Facebook puede ser generador, distribuidor y receptor de opiniones y reacciones personalizadas e instantáneas”. De manera que cuando en este contexto digital aparece una información falsa, inexacta o engañosa, que se presenta y difunde con consciencia de tal circunstancia y voluntad deliberada de causar un daño social, ya sea por motivos políticos o por ánimo de lucro, estamos en presencia de la desinformación

 

  1. La desinformación online, qué duda cabe, afecta a la democracia y a sus valores fundamentales, entre ellos el principio mayoritario, expresado en elecciones libres y periódicas, como regla para la adopción de las decisiones políticas, la libertades de expresión y de información como claves del debate público, y el respeto a los derechos humanos. Por esta razón, la Comisión Europea se decidió a actuar, (al igual que ya lo había hecho antes en relación al contenido ilegal, como terrorismo, pornografía infantil o discurso del odio), y tras una consulta pública, para recoger los puntos de vista de una pluralidad de personas físicas y jurídicas interesadas, una encuesta, para medir y analizar las percepciones y preocupaciones de los ciudadanos europeos sobre las fake news, y la constitución de un Grupo de Alto Nivel, con un mandato claro de asesoramiento y formulación de propuestas, publicó el pasado 26 de abril una Comunicación titulada “La lucha contra la desinformación online: un enfoque europeo”. Que consiste en un documento dirigido a otras instituciones comunitarias (como el Parlamento o el Consejo), sin carácter vinculante ni efectos legales, pero de notable importancia, en el que la  Comisión presenta un plan de acción y una serie de instrumentos para abordar la cuestión, un work in progress  que ya ha producido, entre sus primeros desarrollos, la publicación a finales de julio de un borrador de Código deontológico firmado por compañías como Facebook, Google o Twitter.

 

  1. En esta iniciativa de la Comisión importa casi tanto la forma como el fondo. Consciente de la complejidad de la materia y de la rapidez con la que se suceden los cambios en el entorno digital, así como del efecto disruptivo de los mismos, la institución comunitaria ha estimado que cualquier respuesta política al problema de la desinformación online ha de ser (i) comprehensiva, en el sentido de incluir todas las perspectivas posibles e involucrar a todas las partes interesadas (gobiernos, plataformas digitales, medios de comunicación, instituciones educativas, ciudadanos…) , (ii) adaptativa, para evaluar continuamente un fenómeno extremadamente fluido y cambiante (por ejemplo, la inteligencia artificial puede servir tanto para la creación y difusión como para la detección y supresión de fake news) y (iii) flexible, para ajustar sus objetivos a la luz de la evolución del mismo (habida cuenta, entre otros extremos, de la escasez de estudios empíricos suficientemente concluyentes sobre su impacto).

 

  1. En cuanto al fondo de la cuestión, la Comisión ha afirmado que la lucha contra la desinformación online debe estar guiada por los principios de transparencia, diversidad, credibilidad y actuación inclusiva, y ha propuesto una serie de acciones para (i) conseguir un ecosistema online más transparente, fiable y responsable, (ii) contar con procesos electorales seguros y resistentes, (iii) promover la alfabetización digital y la educación en medios de comunicación, (iv) apoyar un periodismo de calidad como elemento esencial de las sociedades democráticas y (v) responder a las amenazas de desinformación internas y externas a través de estrategias de comunicación adaptadas a la ocasión. Aquí, instrumentos como la verificación de datos, los filtros de noticias falsas, los algoritmos o las aplicaciones descentralizadas y tecnologías como la inteligencia artificial o el blockchain tendrán, con toda seguridad, un papel capital.

 

  1. En resumen, las dos notas principales del enfoque de la Comisión en su Comunicación sobre desinformación online son (i) la aproximación multidisciplinar y la involucración de todas las partes interesadas, en busca del mayor consenso posible, y (ii) la apuesta por soluciones gradualistas e incrementales, empezando por la autorregulación, pero sin incluir, por el momento, la regulación jurídica, con su régimen imperativo de obligaciones y sanciones. Respecto de la primera, da la sensación de que la Comisión es muy consciente del precario equilibrio en que se encuentran los valores afectados por la desinformación (pluralismo político, libertades de expresión e información, derechos de honor, intimidad y propia imagen…) y de los riesgos aparejados tanto a la extralimitación (censura, restricción o supresión de derechos) como a la inacción o a la acción insuficiente (posible falseamiento de procesos electorales o amenazas a la seguridad nacional). Y también de que ni el ambiente político, con un populismo rampante y una crisis de confianza generalizada, ni el estado de forma de las principales partes interesadas, como las plataformas digitales o la industria tradicional de los medios de comunicación, permite dar pasos en falso. En cuanto a la segunda, la Comisión parece compartir la idea de Yochai Benkler de que los problemas de regulación en el entorno digital, eminentemente dinámico y complejo, se plantean como “una batalla sobre la ecología institucional de su desarrollo”, donde quizás la mejor opción sea mezclar de manera flexible diversos instrumentos y políticas, en vez de fiarlo todo a un diseño normativo racional, consistente y cerrado.

 

  1. Aunque no han faltado voces críticas ante este “enfoque europeo” de la Comisión, pidiendo sobre todo una actuación más enérgica y decidida ante la desinformación online, la valoración del mismo ha sido mayoritariamente positiva, al ser juzgado como prudente, realista y sensato. Por todos valga la opinión de Andrea Renda, quien ha defendido, además, añadir a las acciones propuestas la promoción de un comportamiento responsable en la provisión de información a los ciudadanos por parte de las plataformas digitales e implantar proactivamente una política de medios que promueva el pluralismo y la exposición de los ciudadanos a contenidos diversos.

 

  1. Mi juicio coincide, en líneas generales, con lo expresado anteriormente. Pero creo que la Comisión debería haber prestado más atención (o habrá de hacerlo en el futuro inmediato, aprovechando la revisión de la Comunicación, anunciada para diciembre de este año) a lo siguiente:

 

  • Desde la perspectiva del ciudadano, del individuo que forma parte de una comunidad política, ya sea nacional o supranacional, como la Unión Europea, no se trata solamente de una cuestión de educación y alfabetización digital, por más importante y necesaria que sea, sino que ha de ir más allá y llegar hasta la participación y el ejercicio de la conciencia cívica para reaccionar ante la desinformación. Los ciudadanos europeos tenemos que comprometernos activamente en esa tarea.

 

  • Desde el punto de vista de la responsabilidad de los gobiernos (y de los parlamentos nacionales) hay cuestiones en las que hay que actuar a través de la legislación, como por ejemplo las campañas de desinformación organizada que afecten a procesos electorales o a la seguridad nacional. Los Estados Miembros deben de tomar medidas, compatibles con la Carta de Derechos Fundamentales y con la Convención Europea de Derechos Humanos, a tal efecto.

 

  • Finalmente, desde el punto de vista de la Comisión y de las instituciones comunitarias, y por más que haya que aceptar que no hay atajos para luchar contra la desinformación online ni soluciones mágicas al alcance de la mano, es preciso ofrecer un horizonte temporal razonable donde aparezcan resultados tangibles de las actuaciones propuestas. Porque esa sería la mejor manera de ganar credibilidad y legitimidad en la labor emprendida. Las elecciones al Parlamento Europeo, que se celebraran en la primavera de 2019, están a la vuelta de la esquina, y van a ser una muy buena piedra de toque para el plan de acción avanzado por la Comisión.

 

 

 

 

 

Francia como ejemplo: la inevitable complejidad de la lucha contra las falsas informaciones

 

  1. El pasado 26 de julio el Senado francés rechazó, sin demasiadas contemplaciones, dos proposiciones de ley relativas a la lucha contra la manipulación de la información, que habían sido aprobadas por amplia mayoría de la Asamblea Nacional apenas tres semanas antes. Encallaba, así, uno de los proyectos estrella del Presidente de la República que queda ahora en suspenso, a la espera de lo que pueda acordar, en su caso, una comisión paritaria de las dos cámaras.

 

  1. El fracaso, al menos momentáneo, de esta iniciativa presidencial ha puesto de relieve con toda nitidez las dificultades que encierra la regulación de uno de los fenómenos políticos más llamativos y controvertidos de nuestros días, el de las denominadas “fake news” o falsas informaciones, que si bien responde a una pauta bien conocida y que se puede remontar en el tiempo tan atrás como se quiera, se ha visto amplificado por la presencia y el uso de las plataformas digitales y de las redes sociales, hasta el punto de convertirse en una amenaza real para las democracias. Porque pese a ser la francesa una propuesta razonablemente ponderada, de alcance restringido (a los procesos electorales) y nutrida con aportaciones de partes interesadas y expertos de todo tipo, eso tan sólo ha servido para obtener por parte de una sólida mayoría de senadores la negativa siquiera a debatirla. Veamos por qué ha podido suceder tal cosa.

 

  1. El camino parlamentario de la propuesta legislativa, anunciada en los primeros días de 2018 por el propio Emmanuel Macron, se inició el 21 de marzo con la presentación de las dos proposiciones por un número determinado de diputados de la mayoría presidencial. La primera de ellas, y principal desde una perspectiva sustantiva, se titulaba inicialmente “Proposition de loi relative à la lutte contre les fausses informations”, e iba dirigida a mejorar la respuesta civil y penal a la difusión de “fake news”, tras constatar “la existencia de campañas masivas de difusión de informaciones falsas destinadas a modificar el curso normal del proceso electoral usando para ello los servicios de comunicación online”, y considerar que las leyes existentes resultan insuficientes para permitir la rápida retirada de los contenidos falsos. La segunda, por su parte, hacía aplicable las disposiciones de la anterior a la campaña electoral relativa a la elección del Presidente de la República. En concreto, la propuesta legislativa se resumía en tres medidas fundamentales:

 

  • la introducción de una nueva acción procesal, consistente en un recurso urgente y simplificado ante un juez civil, durante los períodos pre-electoral y electoral (esto es, desde la publicación del decreto de convocatoria hasta el término del cómputo de los votos), para que aquél pueda, en un plazo máximo de 48 horas y a petición del ministerio público o de quien tenga interés en actuar en relación a “hechos constitutivos de informaciones falsas capaces de alterar la sinceridad del escrutinio y difundidas artificialmente y de manera masiva por un servicio de comunicación en línea”, ordenar a quienes lo alojen, y/o a plataformas y proveedores de acceso a internet, entre otros, medidas dirigidas a poner fin a tal difusión,

 

  • la atribución de nuevos poderes al “Conseil Supérieur de l´Audiovisuel” (CSA), entre ellos el de impedir, suspender o poner fin a las emisiones de servicios de televisión controlados por un Estado extranjero y que atenten contra los intereses fundamentales de la Nación o participen de una empresa de desestabilización de sus instituciones, o el de suspender la difusión de un servicio audiovisual objeto de un contrato administrativo en período electoral o incluso rescindir el mismo, y

 

  • la imposición de nuevos deberes a los llamados “intermediarios técnicos” (además del ya existente de “notice and take down”), consistentes en (a) instalar un dispositivo fácilmente accesible y visible que permitiese a cualquier persona comunicar la existencia de contenidos que sean falsas informaciones, (b) informar prontamente a las autoridades públicas competentes de las actuaciones relativas a esas comunicaciones que hubieran hecho los internautas y (c) publicar los medios dedicados por los propios “intermediarios técnicos” a la lucha contra las falsas informaciones.

 

  1. La tramitación de ambas proposiciones en el seno de la Asamblea, con las discusiones y las enmiendas presentadas en las Comisiones de Cultura y de Leyes, y también las aportaciones de mesas redondas con sindicatos de periodistas, directores de medios de comunicación y académicos, abogados y representantes de empresas de internet, las procedentes de una audición con el Presidente del CSA y, desde luego, las contenidas en la opinión del Conseil d´Etat , afinaron y mejoraron significativamente cada una de las medidas de las proposiciones de ley, al tiempo que supusieron la introducción de un cuarto grupo de ellas, sobre educación en materia de medios de comunicación social e información.

 

En concreto, los cambios relativos al recurso judicial urgente y simplificado ante el juez civil dieron paso a

 

  • la precisión de la definición de falsa información como “toda alegación o imputación de un hecho desprovista de elementos verificables que pudieran hacerla verosímil”,

 

  • la limitación del ilícito, de manera exclusiva, a aquellas falsas informaciones en las que se hubiera establecido que su difusión procede de una intención deliberada de hacer daño,

 

  • la limitación del tiempo de aplicación de las obligaciones impuestas por las normas, de 3 meses a contar hacia atrás desde el primer día del mes en que tenga lugar la elección (general en todo caso, ya sea presidencial, parlamentaria o europea) o el referéndum, o

 

  • la exclusión del término “falsas noticias”, al considerarse (conforme a la doctrina de la Cour de Cassation) que el mismo exigía la referencia a un hecho que todavía no se hubiese publicado, lo que resulta de muy difícil prueba y puede generar confusión e inseguridad jurídica.

 

En cuanto a los nuevos poderes conferidos al regulador audiovisual,

 

  • se explicitaron los motivos por los que el Consejo podría rechazar la petición de un operador audiovisual para contratar con el Estado, siempre que la difusión del servicio de radio o de televisión objeto de aquél pudiera suponer un riesgo grave de atentado contra la dignidad, la libertad o la propiedad de terceros, el pluralismo de pensamiento y opinión, la protección de la infancia y la adolescencia, el orden público, la defensa nacional y los intereses fundamentales de la Nación,

 

  • se introdujo un procedimiento contradictorio previo y la obligación de motivar la decisión del Consejo, y

 

  • se reforzó el principio de responsabilidad personal y de personalidad de las penas.

 

En fin, sobre las nuevas obligaciones impuestas sobre empresas de internet, proveedores de acceso y distribuidores de contenidos

 

  • se redujeron sensiblemente las mismas, eliminándose las relativas a la instalación del dispositivo de identificación y denuncia de falsas informaciones y a la pronta comunicación a las autoridades públicas competentes de las mismas, al considerarse que podrían atentar contra la libertad de expresión y exceder el objeto del deber de cooperación impuesto (si los supuestos no fueran penalmente reprensibles), y

 

  • se reforzó, por el contrario, la obligación que recaía sobre las plataformas de dar datos sobre los anunciantes que hubieran contratado con ellas.

 

  1. Si algo se puede decir con seguridad del efecto que estas precisiones y mejoras incorporadas en las proposiciones de ley por la Asamblea Nacional causaron en las comisiones competentes para su conocimiento en el Senado, es que el mismo fue nulo. De forma lapidaria, los senadores concluyeron que “la proposition de loi et la proposition de loi organique n´apportent que des réponses au mieux inefficaces, au pire dangereuses, en tout état de cause sans espoir de lever les incertitudes”. Aunque no sin añadir, por mor de una mínima cortesía parlamentaria y para justificar de alguna forma tan rotundo portazo, que las razones en concreto para oponerse a las disposiciones sancionadas por la Asamblea eran (i) el carácter “inacabado, ineficaz y peligroso” del recurso judicial para cesar la difusión de falsas informaciones, (ii) la inadecuación técnica de la norma escogida para proceder a la modificación de los poderes del regulador audiovisual (además del hecho de que el Conseil no había pedido las nuevas competencias que las proposiciones  le encomendaban ¡), (iii) la dimensión europea del problema, que requiere empezar antes que nada con la revisión de la directiva e-commerce de 2000 y, por último pero no menos importante, que (iv) medidas que afectan a las libertades fundamentales, como las contenidas en las proposiciones en cuestión, merecen un consenso y una serenidad en el debate que han estado ausentes, según los senadores, en el presente caso.

 

  1. La respuesta del Senado de Francia resulta convencional, decepcionante y anticipatoria.

Lo primero, porque sigue la lógica imperante en nuestras democracias (no sólo la francesa) de la confrontación política partidaria, que antepone como línea de principio los intereses particulares a los generales y tan reacia es a reconocer y admitir la ventaja que una buena idea o iniciativa pueda reportar al adversario. Nótese que la mayoría republicana en el Senado, o las izquierdas socialista y de la Francia Insumisa, no niegan lo que los partidarios de Macron en la Asamblea afirmaron al presentar las proposiciones (esto es, que el estado actual del Derecho francés, en especial en materia electoral, pero también en lo que hace a consumo, audiovisual o confianza digital, no permite responder de manera integral a los problemas que plantean las falsas informaciones), ni tampoco la importancia de abordar un problema que tiene potencial para afectar y subvertir, en última instancia, la libre voluntad del cuerpo electoral. Lo que vienen a decir, por el contrario, es que las medidas propuestas no son eficaces, o que si lo son conculcan derechos o que si no los conculcan hoy pueden hacerlo mañana o que, si nada de lo anterior ocurre, adolecen de forma, ya sea por la falta consenso o por el exceso de premura en su tramitación, razón por la cual lo mejor que cabe hacer con ellas es remitir su discusión a otro tiempo (aunque choque con el carácter inmediato y actual que se le reconoce al problema de fondo) o a otro lugar (la Unión Europea, que como todo el mundo sabe es un foro óptimo para forjar acuerdos operativos y practicables en el corto plazo).

 

Es decepcionante, también, porque ignora tanto las mejoras introducidas a lo largo de la tramitación de estas iniciativas, a las que ya me he referido antes, como los pronunciamientos del Conseil d´Etat, para quien

 

  • la nueva vía de acción judicial no supone una afectación desproporcionada de la libertad de expresión, que por lo demás no reviste carácter absoluto y puede ser limitada cuando la restricción aparezca necesaria y proporcionada,

 

  • los poderes dados al Consejo Superior Audiovisual para rechazar el contrato o para instar la rescisión de un contrato ya existente con una sociedad bajo influencia de un estado extranjero son adecuados, en línea con la doctrina sentada por el Conseil Constitutionnel , que admite someter al sector privado de la comunicación audiovisual a un régimen de autorización administrativa y considera que la prevención de atentados al orden público es un objetivo de valor constitucional, y

 

  • las obligaciones de transparencia impuestas a los “intermediarios técnicos” si bien constituyen una limitación a los principios constitucionales de libertad de comercio y de industria y a la libertad de emprender, no son desproporcionadas, puesto que buscan proteger el interés general y tratan sobre “asuntos que afectan al público en una medida que legítimamente puede interesarle, que despiertan su atención o le preocupan sensiblemente, en particular porque los mismos conciernen el bienestar de los ciudadanos o de la colectividad” (Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 10 noviembre 2015, Couderc et Hachette Filipacchi vs. Francia).

 

Obviamente se puede discrepar de cualquiera de los puntos anteriores, o de todos ellos, al igual que cabe hacerlo de las disposiciones concretas de las proposiciones aprobadas por la Asamblea Nacional. Pero hacerlo con la negativa a entrar siquiera en la consideración de las mismas, o con un arsenal de argumentos de trazo grueso que se apoyan en sintagmas (más bien slogans) como los de  “proyecto liberticida”, “instauración de un ministerio de la verdad”, “creación de una policía del pensamiento” o “régimen de censura previa” es muy poco alentador para el debate democrático que ha de producirse, también, en el Parlamento. Supone, en definitiva y más allá de las razones tácticas y coyunturales que puedan asistir a las fuerzas políticas que así actúan, situarse en un plano distinto, inferior y  primario, que impide el dialogo constructivo y lastra gravemente la capacidad de la democracia representativa para resolver problemas actuales que ponen en riesgo su propio futuro.

 

Francia, en fin, aparece como un ejemplo de lo que puede suceder en otros países o en otras instancias supranacionales, como la Unión Europea, cuando se planteen (como de hecho ya se están planteando) medidas concretas de lucha contra las falsas informaciones. Se trata aquí de un asunto que no es, ni mucho menos, sencillo, sino que presenta una inevitable complejidad: afecta a la libertad de información y a la libertad de expresión, a la formación de la opinión pública, al debate democrático y a los procesos electorales, que ha cobrado una nueva dimensión con el digitalismo y las redes sociales, puede responder a intereses diversos, no solamente políticos, sino también económicos o de otro tipo y es susceptible de ser enfocado desde diferentes perspectivas (periodística, psicológica, filosófica, tecnológica, jurídica o política). Y que admite, desde luego, muchas respuestas diferentes, desde la confianza en que los instrumentos legales y deontológicos ya existentes sean suficientes para controlar y reducir el problema, pasando por las más limitadas y tolerantes, que se centran en campañas de educación digital y de formación en las escuelas para capacitar a identificar las noticias falsas, creación de páginas web que puedan determinar casi al instante si una noticia ha sido creada con la intención de engañar y sobre supuestos falsos o reforzamiento de los estándares del periodismo, hasta llegar a las más amplias y exigentes, que suponen, entre otras medidas, la imposición de obligaciones de colaboración y transparencia para las plataformas online (Google, Facebook, Twitter…), y la demanda de actuación decidida y sustancial por parte de reguladores, legislaturas y gobiernos.

 

Las proposiciones aquí comentadas incluían, en última instancia, casi todas las medidas anteriores. Su destino temporal, cuyo final no está aún escrito, deja un rastro de frustración y, lo que es peor, de preocupación para el futuro. Porque si se acepta que las falsas informaciones (máxime si éstas responden a la dirección organizada de actores estatales o para estatales) que tratan de alterar la voluntad ciudadana expresada en elecciones y consultas públicas son una patología de la democracia, y se reconoce que las mismas prosperan en ambientes donde acampan la simplificación, la tergiversación, el exceso, la polarización y el extremismo, se puede concluir que para ser efectivos al combatirlas (cuestión que ni es sencilla ni suscita unanimidades, como es bien sabido), será preciso, al menos, preservar incontaminado de tales males el ámbito del debate público y conducirse allí (todos) con rigor, perspectiva, generosidad y altura de miras. No es seguro que esto haya ocurrido en el caso francés, y tampoco lo es que algo similar no pueda repetirse pronto en otros lares.

 

 

 

 

 

 

 

La neutralidad de las plataformas

La reciente publicación, el pasado 5 de diciembre, de un estudio del Centre on Regulation in Europe (CERRE) titulado Internet Platforms and Non-Discrimination, ha supuesto una contribución importante al debate académico y normativo sobre si es precisa una regulación específica para garantizar que las plataformas online (también llamadas plataformas digitales, o de Internet, o simplemente plataformas) sean neutrales. Que trata, en otras palabras, de si hay razones económicas y legales que puedan justificar la imposición de obligaciones de no discriminación y transparencia sobre plataformas, como Google, Facebook, Amazon o Uber, que tienen una presencia ubicua en nuestra vida digital y la capacidad de condicionarla casi enteramente, en la medida en que son, como dice la propia Comisión Europea, “ guardianes clave de Internet”, “intermediarias del acceso a la información, los contenidos y el comercio en línea”.

 

Obviamente, la neutralidad de las plataformas se encuentra en relación de primer grado de parentesco con la neutralidad de la red (aunque no goza, pese a su mayor importancia, de la popularidad de ésta última) y remite a las posibles conductas discriminatorias (o más genéricamente anticompetitivas) en que las plataformas, como intermediarios entre compradores y vendedores o, si se quiere, entre consumidores y prestadores de bienes y servicios, pueden incurrir. Como señalan Krämer, Schnurr y de Streel, los autores del citado estudio, tales conductas pueden consistir en (i) la prominencia o prioridad (a cambio de pago) que se le dé a unos servicios sobre otros, o (ii) la preferencia que se le otorgue a los servicios integrados (verticalmente) de la propia plataforma sobre servicios competidores de terceros, que en su forma más radical podría incluso implicar el bloqueo de los mismos.

 

El estudio, tras examinar diversos casos que afectan a sistemas operativos (iOS, Android) , tiendas de aplicaciones (App Store, Play Store, Apple Music vs. Spotify), motores de búsqueda (Google Search), comercio electrónico (Amazon, eBay) o bloqueo de publicidad (AdBlock), y repasar el Derecho vigente y la literatura económica sobre los efectos en el bienestar de la discriminación relativa a la prominencia otorgada, concluye:

 

  1. desde la perspectiva legal, que las prácticas discriminatorias injustificadas ya están prohibidas, al tiempo que existen también obligaciones de transparencia en distintas normas comunitarias que son de aplicación a las plataformas online (Derecho de la Competencia, Mercado Único, protección de consumidores, comercio electrónico…), y

 

  1. desde la perspectiva económica, que hay tipos de discriminación (prominencia a cambio de pago, cuando se compite en calidad) que pueden resultar en beneficio de los consumidores, que no parece que se pueda sostener una teoría general del daño que justifique una aplicación amplia y ex ante de una norma de no discriminación (si se tiene en cuenta la eficiencia estática), y que si bien tal norma podría resultar apropiada si lo que se considera es la eficiencia dinámica, faltan investigación y datos empíricos para soportar tal conclusión.

 

 

En cualquier caso, y ésta es a mi juicio la aportación principal del estudio, los autores creen que hay razones suficientes (protección de pequeñas y medianas empresas, efectos a largo plazo…) para adoptar salvaguardas adicionales para la aplicación efectiva de las reglas generales (Derecho de la Competencia, protección de consumidores) contra la discriminación injusta en las plataformas, que incluyen:

 

  1. las que se denominan “precondiciones”, a saber, (i) autoridades de regulación mejor informadas y dotadas recursos humanos y materiales cualificados y suficientes (por ejemplo, ingenieros y científicos de datos, que entiendan el funcionamiento y las características de las plataformas), ii) procedimientos más expeditivos en la persecución de los ilícitos (con inclusión de medidas provisionales y fijación de plazos perentorios), (iii) posibilidad de obtener compensación por daños y perjuicios y (iv) establecimiento de organismos privados de resolución de conflictos.

 

  1. el énfasis que Comisión, autoridades de regulación nacionales y tribunales de justicia, en última instancia, han de poner en la afirmación de que las plataformas están sujetas a la ley (al igual que el resto de operadores económicos, entidades públicas y ciudadanos), así como, y de forma complementaria, en la provisión de orientaciones sobre cómo proceder a la aplicación de la ley a las prácticas discriminatorias de aquellas (por ejemplo, en la determinación del poder de mercado o en las condiciones en las que la discriminación se considerará anticompetitiva), que pueden presentar sus propias singularidades, y

 

  1. la imposición de una nueva y proporcionada obligación de transparencia, a la que estarían sujetas tan sólo las plataformas más relevantes, que tendrían que entregar datos de manera continua a la autoridad de Competencia a nivel comunitario (esto es, la Comisión) y cuyo establecimiento debería de hacerse a través de la autorregulación o, si no fuera posible, de manera codificada en norma legal.

 

En resumen, el estudio tiene el mérito de iluminar un asunto central de Internet, pero que ha permanecido hasta ahora (pese a las enfáticas declaraciones de este año de las principales instituciones europeas, a los precedentes de Francia y Alemania y a algunos casos judiciales), en un probablemente interesado y difícilmente justificable segundo plano, a la sombra de otros mucho más publicitados. Y de hacerlo con conocimiento y argumentos, y buen sentido: ni hay un problema fundamental de normas sobre no discriminación en las plataformas online, sino de aplicación de esas normas, de información sobre los usos y prácticas reales de las plataformas y de adecuación técnica de principios y procesos del Derecho a una industria que evoluciona, innova y se transforma a un ritmo vertiginoso, ni hay tampoco, con la evidencia empírica disponible, una justificación de eficiencia económica para imponer preventivamente una norma general de no discriminación a las plataformas.