Otro daño colateral de la inestabilidad política en España: la inexistencia de una estrategia digital

“Everyone needs a strategy. Leaders of armies, major corporations, and political parties have long been expected to have strategies, but now no serious organization could imagine being without one. Despite the problems of finding ways through the uncertaintity and confusion of human affairs, a strategic approach is still considered to be preferable to one that is merely tactical, let alone random. Having a strategy suggests an ability to look up from the short term and the trivial to view the long term and the essential, to address causes rather than symptoms, to see woods rather than trees. Without an strategy, facing up to any problem or striving for any objective would be considered negligent”.

 

Las palabras con las que se inicia la monumental “Strategy”, de Lawrence Freedman, vienen a cuento de una simple constatación: a punto de entrar en el último trimestre de 2019 y encaminándose el país a la celebración de sus cuartas elecciones generales en cuatro años, España aún no dispone de una estrategia digital digna de tal nombre. Y esto no deja de ser una anomalía. Primero, porque la mayoría de países importantes y avanzados, democrática y tecnológicamente, disponen de ella, como es el caso de Alemania (2016), Reino Unido (2017), Suecia (2017) o Francia (2018), que integran en ese tipo de instrumento específico medidas políticas y normativas en infraestructura, educación, emprendimiento, industria y empresa, seguridad, administración públicas, datos, innovación o lucha contra la exclusión, entre otras líneas de actuación, y siempre con una perspectiva de continuidad y largo plazo. Lo mismo puede decirse de la Unión Europea, que lanzó al inicio de la Comisión Juncker (2014) su estrategia de mercado digital único como una de las prioridades de su programa político, basada en tres pilares (mejorar el acceso de ciudadanos y empresas a bienes y servicios digitales en Europa, crear las condiciones adecuadas y un campo de juego equilibrado para que redes digitales y servicios innovadores puedan prosperar y maximizar el potencial de crecimiento de la economía digital), y plasmada, desde entonces hasta julio de 2019, en 30 iniciativas a las que se debe, entre otros logros, la posibilidad para los ciudadanos de acceder a los contenidos online a que estén suscritos, con independencia del país miembro de la Unión en el que se encuentren, la inversión de 1000 millones de euros en infraestructuras de supercomputación o la legislación sobre ciberseguridad y el refuerzo de la coordinación entre Estados en casos de ciberataques.

 

 

Pero, en segundo lugar, tal carencia resulta igualmente anómala si se atiende a los planes de los dos últimos Gobiernos de la nación (Rajoy 2016/18 y Sánchez 2018/19), a los programas de los partidos políticos, y a los discursos y declaraciones de sus líderes, porque prácticamente todos ellos, sin excepción, y al margen de diferencias en valoración, relevancia o estilo, afirman que la digitalización, entendida como manera en que las tecnologías digitales impactan sobre la sociedad, la economía, la política y la cultura, supone un proceso de transformación revolucionaria, un verdadero cambio de época y, consecuentemente, un asunto político de capital importancia, siendo así que, por lo demás, tal conclusión es compartida, muy generalizadamente, por empresas, sindicatos, universidades o asociaciones de todo tipo. Valga como ejemplo de lo anterior uno bien reciente y significativo: lo dicho en el último debate de investidura (22 de julio de 2019) por el candidato a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, que identificó “la revolución tecnológica o digital como un reto prioritario” del programa con el que se presentaba para ganar la confianza de la Cámara, al que “hay que responder con la transformación digital”, para desgranar a continuación una serie de medidas, incluidas en la Agenda del Cambio (febrero 2019) y en el Programa Nacional de Reformas (abril 2019), tales como el aumento en la inversión en I+D+i (para llegar al 2% del PIB que representa la media europea), la promoción de un pacto de Estado por la ciencia, la transformación del tejido empresarial, de la industria y la cultura, la digitalización del sector público, la aprobación del plan de ciberseguridad, la apuesta por la ciencia y el conocimiento con una nueva ley educativa, la aprobación de una estrategia nacional de inteligencia artificial para finales de año y la creación de una entidad pública de financiación de la innovación y el emprendimiento.

 

Así pues, un observador imparcial y no familiarizado con la cuestión podría preguntarse, legítimamente, por qué si hay tantas cosas por hacer desde la “cosa pública” (conectadas entre sí, con perspectiva de medio y largo plazo y disposición de recursos limitados) para abordar los retos que plantea la transformación digital, y si países de tanto nivel, al menos, como el nuestro han aprobado por razones de eficiencia y buen gobierno una estrategia a tal efecto, España no ha hecho lo mismo. A mi juicio, la respuesta a esta pregunta se encuentra en la infeliz conjunción un elemento novedoso, sobrevenido, como es la inestabilidad política que vive nuestro país desde 2016, (cambios acaecidos en el sistema de partidos, aparición de nuevos actores con peso electoral, crisis internas y renovación y rejuvenecimiento de los liderazgos), y un elemento tradicional, arraigado en el funcionamiento de nuestra democracia parlamentaria y que incide en las situaciones de bloqueo, que no es otro que la notoria incapacidad de los partidos, salvo en casos excepcionales, para llegar a acuerdos estables y duraderos en políticas públicas de amplio alcance (a veces coincidentes con las denominadas, de forma cada vez más pomposa, y quizás abusiva, como “políticas de Estado”)

 

Para ilustrar esta afirmación valga el recurso al Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, donde se da cuenta de comparecencias prácticamente simétricas, ante las comisiones correspondientes, de los dos últimos responsables de la cuestión digital en el Gobierno de la nación.

En efecto, el 16 de abril de 2018, quien entonces era secretario de Estado para la Sociedad de la Información y Agenda Digital, José María Lassalle dijo que “lo que se ha planteado este Gobierno en 2017 ha sido modificar la aproximación a las incertidumbres y a la problemática que plantea la transformación digital (…) desde el diseño de la herramienta de la estrategia digital (…) que gira alrededor de cinco ejes…ciudadanía, educación y empleo, I+D, la innovación y el emprendimiento digital, la transformación digital de las empresas y la innovación de los servicios públicos digitales, las infraestructuras tecnológicas y la regulación inteligente … con voluntad de lograr el consenso de todas las fuerzas políticas y un horizonte temporal que va hacia 2025”, mientras que el portavoz del principal grupo de la oposición, Oscar Galeano, socialista, criticó la falta de vocación de liderazgo digital del Gobierno y afirmó que España solo estaba desarrollando una pequeña parte de su potencialidad digital.

Apenas nueve meses más tarde, el 31 de enero de 2019, y tras la aprobación de la moción de censura presentada contra el Gobierno presidido por Mariano Rajoy y la investidura de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno, el secretario de Estado para el Avance Digital (ahora en funciones), Francisco Polo declaró que “nuestro país no se merece la situación de orfandad que nos dejó el gobierno del Partido Popular en el ámbito digital …. hemos vivido de prórrogas y promesas, de tímidas aproximaciones a un ámbito que es nuclear para nuestro futuro … España necesita una visión a largo plazo, una hoja de ruta que permita hacer de este país un país más competitivo, próspero y justo a través de la digitalización, esa hoja de ruta es la Estrategia España Nación Emprendedora”, que incluye medidas sobre startups,inteligencia artificial, infraestructuras, incubadoras y aceleradoras de empresas, desarrollo y atracción de talento femenino y celebración en nuestro país de grandes eventos internacionales relacionados con el emprendimiento y la innovación tecnológica, y a la que calificó como “ la agenda digital que España necesita para los próximos diez años… con el objetivo muy claro de convertir el sector de emprendimiento tecnológico en el rompehielos de un nuevo modelo económico”, mientras que la portavoz del mayor grupo de la oposición, Ana Isabel Alós, popular, contestó diciendo que “su Estrategia no es nada más que un nombre para lo que ya se estaba haciendo…que no hay nada en los presupuestos distinto de lo que había… y que se han apropiado de planes ya existentes, como el de extensión de la banda ancha o de tecnologías digitales habilitadoras”.

Estas intervenciones brevemente reseñadas no son anecdóticas. Expresan, por el contrario, una cierta normalidad, una constante en el debate político y parlamentario español, que va más allá de la lógica pluralidad de opiniones y de la divergencia de planteamientos entre grupos que rivalizan por el poder y que, en el caso concreto de las sesiones citadas, podrían perfectamente haberse manifestado, de forma articulada y solvente, en la forma de abordar la fiscalidad de los servicios digitales, la automatización del trabajo, la oferta de formación profesional o las condiciones de despliegue de las redes de banda ancha ultra rápida, entre otros ejemplos. No fue así, como tampoco la parte relativa a la transformación digital del reciente discurso de investidura del candidato a la presidencia del Gobierno obtuvo un mínimo eco en las réplicas del resto de líderes parlamentarios.

Porque es moneda corriente en estos pagos, por desgracia, la ignorancia de argumentos y razones que se salgan de un guion prestablecido, la ausencia de genuino ánimo constructivo en el debate de las iniciativas, al margen de su procedencia, y la cicatería a la hora de reconocer méritos o aciertos al adversario.

 

En definitiva, la inestabilidad política acabó, primero, con la “España Inteligente” que proponía el gobierno del Partido Popular, para dejar, después, en el dique seco a la “España Nación Emprendedora” propuesta el gobierno del Partido Socialista. Obviamente, esta situación de inexistencia de una estrategia digital (y de presupuesto que la soporte), no equivale a que no se vayan a adoptar medidas de ningún tipo relacionadas con lo digital, o a que deliberadamente se desconozca o desatienda su creciente impacto en todos los ámbitos. De la misma forma que su mera aprobación, si algún día se produce, no será una panacea, ni siquiera en el caso de que tanto su diseño como su aplicación sean excelentes. Pero hay que reconocer, y en las últimas semanas asociaciones como Adigital, AMETIC o DigitalES se han pronunciado en este sentido, que la presente situación dista mucho de ser ideal, y que sigue estando justificado el objetivo de que España disponga, cuanto antes, de una estrategia digital. Porque, entre otras cosas, supone un instrumento que puede introducir orden y claridad en la acción ejecutiva, movilizar recursos y dotar de visibilidad y relevancia a esta determinada política pública, en línea con la definición abreviada del propio Freedman, para quien la estrategia no es otra cosa que “the art of creating power”.Cuál haya de ser su contenido concreto es algo en lo que no me voy a detener aquí: sobre ello hay ya mucho avanzado, gracias a las aportaciones realizadas en los últimos años por empresas tecnológicas, de información y comunicaciones electrónicas, asociaciones empresariales, sindicatos, universidades e instituciones científicas y, por supuesto, órganos de la Administraciones Públicas y organismos reguladores, entre otros. Pero sí me interesa concluir con algunas consideraciones sobre su proceso de elaboración y aprobación y la actitud y el enfoque que debería presidir el mismo:

 

  1. A este respecto me parece esencial contar desde el inicio con un acuerdo lo más amplio posible entre los grupos políticos presentes en el Parlamento. La estrategia digital no puede ser obra exclusiva del Ejecutivo de turno, ni concebirse como un mero pacto entre el Gobierno y el sector tecnológico y digital. No puede funcionar, en otras palabras, sin la legitimidad que solamente puede dar el respaldo de los representantes de los ciudadanos.

 

  1. La estrategia ha de formularse de manera transparente y participativa, incorporando experiencia y conocimiento, e incluir mecanismos de rendición de cuentas, de control y seguimiento para maximizar la eficiencia en su aplicación y desarrollo.

 

  1. Ha de hacerse, además, cuanto antes, con la mayor diligencia posible y con el consecuente reconocimiento de su importancia. Baste recordar, a estos efectos, que estudios realizados para cuantificar el impacto económico de la digitalización, como los de Katz y Callorda (2018), que crea un índice propio atendiendo a 64 indicadores para 75 países, o Deloitte para DigitalES (2019), sobre la base del índice de referencia europeo, estiman que una subida de un 10% en digitalización se corresponde con un incremento de aproximadamente el 1% del PIB per cápita real.

 

  1. Y ha de añadir, desde luego, una dosis suficiente de realismo, ya que no aporta nada afirmar que “España está en posición de liderar la revolución digital porque tenemos todas las herramientas en la mano” cuando nuestro país ocupa el undécimo (11) puesto en el “Índice de la Economía y la Sociedad Digitales” (DESI) 2019 de la Unión Europea, honroso pero no brillante, o incluso otros más bajos, como el vigésimo séptimo (27) en el “Enabling Digitalization Index”, el vigésimo octavo (28) en el “Global Innovation Index” o el trigésimo primero (31) en el “IMD World Competitiveness”, todos ellos de 2018.

 

  1. Así como ha de ser abordada con pragmatismo, identificando con la mayor precisión posible fortalezas (por ejemplo, la amplia disponibilidad de redes de banda ancha fija y móvil ultra rápidas) y debilidades (así, las carencias en formación y competencias digitales básicas), y priorizando, como hace la “Digital Israel National Initiative” (2017), la reducción de los gaps socio económicos.

 

  1. En fin, la estrategia digital debe desprenderse, en su elaboración, de inercias como la que se manifiesta al reclamar rutinariamente normas sobre regulación adaptada al desarrollo tecnológico, administración electrónica o cartas de derechos digitales, sin apreciar que ya disponemos de un Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas (2018) o una Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantías de los Derechos Digitales (2018), o incluso de una Ley procesal administrativa de 2015, que preveía un punto de acceso general electrónico de la Administración o un archivo único electrónico. Y, por supuesto, también ha de rechazar el conformismo y la resignación para aspirar, con una ambición sensata, a las mejoras y logros que la digitalización debe traer para todos, y que la política debe contribuir a hacer realidad, si quiere cumplir la función que la sociedad le reclama.

 

 

Los compromisos sobre política digital de Ursula von der Leyen ante el Parlamento Europeo

La política alemana Ursula von der Leyen, ministra de Defensa con Angela Merkel, fue elegida presidenta de la Comisión por el Parlamento Europeo la semana pasada. En su discurso ante el pleno, que distó mucho de ser un trámite, pues la candidata hubo de ganarse unos apoyos decisivos con los que de entrada no contaba para acceder al cargo, pero sobre todo en el documento previamente distribuido entre los eurodiputados, titulado “A Europe that strives for more: My agenda for Europe”, la candidata expuso las orientaciones políticas que han de guiar a la próxima Comisión Europea bajo su presidencia. No faltaron, como es lógico, objetivos y compromisos sobre la política digital, agrupados bajo la rúbrica “A Europe fit for the digital age”, que remiten, en última instancia, a la idea de que la Unión Europea debe de adaptarse plenamente a las exigencias y transformaciones de la era digital, para conseguir el bienestar y progreso, en todos los ámbitos, de sus ciudadanos, y la eficiencia y competitividad de sus empresas y administraciones.

 

Sobre las tecnologías digitales, la candidata, tras subrayar su potencial de vertiginosa transformación del mundo y de innovación para encontrar soluciones a desafíos sociales, enfatizó la importancia de la inteligencia artificial, sobre la que se comprometió a proponer, en los primeros 100 días de su mandato, legislación sobre sus implicaciones humanas y éticas y a asegurar que se priorizaran las inversiones en la materia. Otras menciones relevantes en este apartado tecnológico fueron las relativas a la estandarización y a los denominados “hyperscalers”. En cuanto a la primera, destacó la necesidad de replicar éxitos del pasado, como el del GSM, y la aspiración a desarrollarla en 5G, en la nueva generación de tecnologías (blockchain, computación de alto rendimiento, algoritmos..), o en el uso ético de los datos. Con respecto a los segundos, gigantes tecnológicos norteamericanos o chinos, von der Leyen vino a decir que probablemente ya sean, al menos para los europeos, irreplicables e imbatibles en la lucha competitiva, pero que ello no debe llevar a la Unión a renunciar a la “soberanía tecnológica” en algunas áreas críticas o al liderazgo de la nueva generación de “hyperscalers” (que, a lo que se ve, supone que surgirá próximamente)

 

La candidata también se comprometió a promover una nueva “Digital Services Act”, para mejorar la seguridad de uso de este tipo de servicios y aumentar el régimen de responsabilidad al que han de estar sujetos sus proveedores (esto es, las grandes plataformas digitales), a que la propia Comisión se una a la transformación digital del sector público y alcance su completa digitalización en el periodo 2019/2024 , y a incrementar la inversión y actualizar el plan de acción sobre educación digital de los ciudadanos europeos, que considera crucial para la competitividad y la innovación en Europa.

 

Finalmente, en cuanto a la controvertida y recurrente cuestión del impuesto sobre servicios digitales, von der Leyen señaló que la fiscalidad de las grandes compañías tecnológicas será, así mismo, una prioridad para su Comisión y que si para finales de 2020 las actuales discusiones que están teniendo lugar en el plano internacional no llegan a buen puerto y no hay, para entonces, una solución justa para el impuesto digital, la Unión Europea actuará individualmente.

 

Si los objetivos de política digital, y los compromisos que se puedan formular sobre los mismos, como ha hecho la candidata ante el Parlamento Europeo, formasen parte de una una bolsa de valores, habría entre ellos uno claramente al alza, otro básicamente estable y un tercero cotizando a la baja, desde el momento en que ni siquiera ha sido mencionado.

 

El primero, sin ninguna duda, sería la inteligencia artificial, sobre el que von der Leyen ha expresado una decidida voluntad de afrontar su regulación, por más que sea ésta una materia difícil, discutida y sensible, no se cuente entre las recomendaciones del grupo de expertos de alto nivel formado por la propia Comisión el año pasado y deba vencer la tradicional reticencia a la intervención normativa en sectores incipientes y punteros como probable freno a la innovación. La presidenta electa pide hacerlo desde lo que llama “una perspectiva europea”, esto es, sobre la base de primar los aspectos éticos y de confianza en la inteligencia artificial, ya se trate de sistemas de software (reconocimientos de voz, faciales, asistentes virtuales…) o de máquinas (robots, coches autónomos, drones…) y el ejemplo del Reglamento General de Protección de Datos, que considera un modelo a seguir para el mundo en materia de privacidad. Sabido es que la Unión Europea marcha por detrás, en la carrera de la inteligencia artificial, de Estados Unidos y China, de manera que cabe ver en el énfasis puesto en su dimensión ética y normativa un intento bienintencionado y razonable de constituir un factor diferenciador y competitivo en esa pugna (o, al menos, eso parece que espera von der Leyen).

 

En segundo lugar, como elemento de continuidad con el legado de la Comisión Juncker, la presidenta electa se propone mantener el foco ya puesto sobre la regulación de las plataformas tecnológicas, ya sea a través del Derecho de la competencia, la privacidad, los contenidos y la responsabilidad por su edición y difusión, la propiedad intelectual o, significativamente, mediante la fiscalidad, como expresa tanto el anuncio de una nueva norma sobre servicios digitales, como el compromiso de llenar, a fecha fija, el potencial vacío impositivo que pudiera existir sobre tales servicios.

 

Sin embargo, y por último, llama la atención que von der Leyen no se haya referido en su documento de prioridades,  más allá de la necesaria estandarización de las redes 5G, a la conectividad, a las redes de comunicaciones electrónicas, que son la infraestructura esencial de la sociedad digital, y el presupuesto de todos los avances, realizaciones y transformaciones que se puedan conseguir, a partir de los usos y aplicaciones de las tecnologías digitales. Si bien es cierto que, como demuestra el International Digital Economy & Society Index (2018), la media de los países de la Unión Europea está por encima, en despliegue y calidad de infraestructura de banda ancha, de la del resto de países no europeos considerados en el estudio, también lo es que hay seis de entre ellos que superan con holgura esa media (Estados Unidos, Japón o Corea del Sur, por ejemplo), que países que son potencias económicas en la Unión Europea tienen retrasos bastante significativos en despliegues de fibra óptica hasta el hogar, o que Europa no está liderando el despliegue y la adopción de la tecnología 5G en el mundo. La conectividad, pues, es un objetivo que no está definitivamente conseguido y afianzado entre nosotros y que, en consecuencia, convendría no relegar en el orden de las prioridades europeas en política digital.