Un problema común y cuatro respuestas diferentes: los parlamentos nacionales frente a la desinformación online

 

A la hora de examinar las distintas respuestas que los estados europeos están intentando articular frente al fenómeno complejo y global de la desinformación online, resuenan las venerables palabras de Stuart Mill, cuando afirmaba que “todo lo que da valor a nuestra existencia depende de las restricciones impuestas a las acciones de nuestros semejantes” y concluía precisamente “que el problema principal que se plantea en los asuntos humanos es saber cuáles han de ser las reglas que gobiernen aquéllas” (1). Porque si bien hay casi unanimidad en considerar que la información falsa, inexacta o engañosa, diseñada, presentada y difundida a través de Internet con la intención de causar un daño social o de obtener un beneficio económico es un problema real para la democracia (2), las divergencias aparecen enseguida, en cuanto se trata de decidir quién ha de actuar, haciendo qué y cómo, para combatir sus efectos nocivos. Si nos fijamos en lo que ha pasado en Alemania, Francia, Reino Unido y España en los últimos dos años, veremos hasta qué punto es cierto todo lo anterior.

 

Una ley dirigida a las redes sociales en Alemania

 

En Alemania hay una ley para la aplicación del Derecho en la red (NetzDG), aprobada por amplia mayoría del Bundestag y en vigor desde el 1 de octubre de 2017, que en palabras de su principal promotor, el ministro de Justicia Heiko Maas, supone “el fin de la ley de la jungla en Internet” (3).

 

La ley va dirigida a proveedores de servicios que operan plataformas de Internet, diseñadas para compartir contenidos y ponerlos a disposición del público, con 2 millones o más de usuarios. Esto es, sus destinatarios son grandes redes sociales, como Facebook, Twitter o YouTube, y no empresas o plataformas que ofrezcan contenido periodístico o editorial, comunicación individual o difusión de contenido específico, como LinkedIn. Y tiene como objeto la retirada de la red social, o su bloqueo, de cualquier contenido ilegal, entendido como aquél que supone la comisión de alguna de una serie de ofensas tipificadas en el Código Penal, relativas a la seguridad del Estado, el orden público, el honor y la intimidad, la libertad sexual, la incitación al odio o la difusión de símbolos de grupos inconstitucionales, por ejemplo, cuando se presente una queja contra el mismo. Todo queda pues, al menos en principio, en manos de la red social.

 

En efecto, la red social, obligada por la ley a mantener un procedimiento efectivo y transparente para gestionar las quejas que reciba, habrá de decidir caso por caso. Si concluye que el contenido es ilegal, entonces habrá de retirarlo o bloquearlo en 24 horas desde que recibió la queja, siempre que la ilegalidad sea manifiesta, o en 7 días, si no lo fuera, aunque tal plazo podrá excederse cuando la decisión dependa de circunstancias de hecho que deban ser comprobadas o si la red social refiere la refiere a una institución de autorregulación. Si concluye lo contrario, desestima la queja y, en consecuencia, mantiene el contenido. En este último supuesto, si la Oficina Federal de Justicia estuviese disconforme con la decisión de la red social, tendrá que dirigirse a un juzgado para conseguir una resolución que declare la ilegalidad del contenido denunciado, si la hubiera, antes de proceder a su retirada o bloqueo.

 

Una segunda obligación que la ley impone a la red social, siempre que reciba más de 100 quejas por año natural sobre contenido ilegal, es publicar, tanto en el diario oficial como en su propia web, un informe semestral sobre la manera en que gestiona las mismas, incluyendo referencias a los esfuerzos que adopta para reducir la actividad ilegal de sus usuarios, los mecanismos establecidos para la presentación de quejas o los criterios con los que decide sobre la retirada o el bloqueo del contenido denunciado, entre otros. (4)

 

En fin, incumplir las obligaciones de la ley acarrea la imposición de multas regulatorias, de cuantía que puede oscilar entre un máximo de 50 millones y un mínimo de 500.000 euros.

 

Una ley contra la manipulación de la información, en períodos electorales, bloqueada en Francia

 

En Francia no hay todavía una ley sobre la materia, frustrándose de esta manera, al menos temporalmente, uno de los proyectos estrella del presidente  Emmanuel Macron para la legislatura (5). Y ello pese a que la Asamblea Nacional, tras constatar “la existencia de campañas masivas de difusión de informaciones falsas destinadas a modificar el curso normal del proceso electoral usando para ello los servicios de comunicación online”, y la insuficiencia de las leyes existentes para permitir la rápida retirada de los contenidos falsos, aprobó el pasado 3 de julio, tras una serie de importantes modificaciones introducidas durante la tramitación parlamentaria, entre ellas las relativas a la educación, una proposición de ley (en realidad dos, la segunda de ellas orgánica, por afectar a la elección presidencial) que incorporaba las siguientes medidas:

 

Primera, la introducción de una nueva acción procesal, consistente en un recurso urgente y simplificado ante un juez civil, ejercitable en un plazo de 3 meses, a contar hacia atrás desde el primer día del mes en que tenga lugar la elección o el referéndum, para que el juez pueda, en un plazo máximo de 48 horas y a petición del ministerio público, partidos políticos, candidatos o de cualquiera que tenga interés en actuar, ordenar a plataformas de Internet proveedores de acceso y distribuidores de contenidos medidas proporcionadas y necesarias dirigidas a poner fin a la difusión de informaciones falsas (“toda alegación o imputación de un hecho inexacto o engañoso”) capaces de alterar la sinceridad del escrutinio futuro y difundidas deliberadamente y de manera artificial o automatizada y masiva por un servicio de comunicación en línea.

 

Segunda, la atribución de nuevos poderes al “Conseil Supérieur de l´Audiovisuel” (CSA), entre ellos el de impedir, suspender o poner fin a las emisiones de servicios de televisión controlados por un Estado extranjero y que atenten contra los intereses fundamentales de la Nación o participen de una empresa de desestabilización de sus instituciones en período electoral, o el de rechazar la petición tendente a la conclusión de un contrato administrativo de concesión del servicio audiovisual o incluso rescindir el mismo, en caso de riesgo grave de atentado contra derechos y valores fundamentales.

 

Y, por último, la imposición de nuevos deberes a plataformas de Internet, proveedores de acceso y distribuidores de contenidos, consistentes en publicar los medios que dedican a la lucha contra las falsas informaciones, o los datos que tienen sobre los anunciantes que hubieran contratado con ellas.

 

No obstante, el Senado francés rechazó, sin demasiadas contemplaciones, todas estas medidas (6). Y puesto que la Comisión mixta paritaria entre ambas Cámaras ha sido incapaz de llegar a un acuerdo de consenso durante el mes de septiembre, el texto aprobado por la Asamblea ha de tramitarse de nuevo, ahora por un procedimiento de urgencia, sin que haya seguridad alguna sobre si el mismo llegará a buen puerto.

 

Un informe provisional sobre desinformación y fake news, aprobado en el Reino Unido

 

En el Reino Unido tampoco hay una ley, ni siquiera la expectativa de que la vaya a haber en un futuro inmediato, sino algo distinto y muy propio de su tradición parlamentaria, como es un informe (“report”) consecuencia de una investigación (“inquiry”) (7). En efecto, el Digital, Culture, Media and Sport Committee de la Cámara Baja publicó el 24 de julio una serie de consideraciones y conclusiones que han de ser leídas, básicamente, como una serie de preocupaciones esenciales en relación al fenómeno de las fake news,difundidas sobre todo a través de las redes sociales, y de acciones urgentes que deben de tomar tanto el Gobierno como las agencias reguladoras independientes. No tiene, pues, carácter vinculante y ni siquiera se trata de una versión final, ya que el propio Comité ha anunciado que publicará un informe definitivo durante el otoño de 2018. Pero sus aportaciones no deben de ser ignoradas, en la medida en que son el resultado de un amplio proceso de información y reflexión, y expresan el sentir de una mayoría muy considerable de parlamentarios de todos los partidos.

 

El informe pide al Gobierno, en primer lugar, que promueva definiciones operativas y consensuadas de los distintos conceptos que cabe distinguir dentro del fenómeno de la desinformación, para lograr claridad, estabilidad y seguridad jurídica. Y también que apoye la investigación sobre los métodos a través de los cuales se crea y expande la desinformación en Internet.

 

En segundo lugar, reclama una actualización del Derecho, a través de principios y normas suficientemente flexibles que sean capaces de afrontar los cambios tecnológicos, que se suceden a gran velocidad. Y una reforma a fondo de la ley electoral, profundamente inadaptada a la era digital.

 

Pero el núcleo del informe lo constituye, en todo caso, la crítica a la regulación, mínima y benévola, y a la práctica, elusiva y egoísta, de las plataformas digitales que operan redes sociales. Para el informe, no es cierto que éstas sean meras compañías tecnológicas y que no tengan ningún papel que jugar en relación al contenido que circula por las mismas, ya que basándose en algoritmos y en intervenciones humanas cambian continuamente lo que sus usuarios ven y dejan de ver. De manera que, sigue el razonamiento, aunque no lleguen a equipararse con las empresas periodísticas que responden del contenido editorial de lo que publican (“publishers”), si deben de tener una clara responsabilidad legal de actuar contra el contenido dañino (“harmful”) e ilegal que circule por ellas. En fin, el informe recomienda igualmente que se obligue a las redes sociales a auditar sus mecanismos de seguridad y sus algoritmos, a actuar contra las cuentas falsas, que degradan la experiencia y defraudan a los anunciantes y a informar a sus usuarios de sus derechos de privacidad.

 

En este informe algunos han visto una wake-up call, una sacudida a la conciencia de la sociedad y de  sus representantes políticos, que ahora se ven impelidos a actuar sin demora (8), mientras que otros, más cínicos, pesimistas o desesperanzados, creen que se trata, simplemente, de una muestra más de impotencia de los poderes públicos y de su falta de medios para actuar frente los gigantes tecnológicos, en una batalla que, a diferencia de lo que ocurre al otro lado del Atlántico, en el Reino Unido se está perdiendo (9).

 

Una propuesta al Gobierno para garantizar la veracidad de las informaciones, derrotada en España

 

De los cuatro países aquí examinados, España es el que presenta una trayectoria de actuación más escueta y menos lucida. Únicamente cabe citar, como hito de alguna relevancia, la Proposición no de ley presentada a principios de 2018 por el Grupo Popular en el Congreso, cuando aún Mariano Rajoy presidía el Gobierno de la nación.

 

La iniciativa, de texto confuso, reiterativo y técnicamente deficiente, proponía, en su parte principal y más polémica,  que el Congreso instase al Gobierno “a impulsar la elaboración de métodos para determinar la veracidad de las informaciones que circulan por servicios conectados a Internet y que tienen como destino al ciudadano, traduciendo esos métodos en medidas de acción que garanticen la detección de esas informaciones en base a un buen método para identificarlas y su “sellado” o descalificación como potencial noticia falsa ante el ciudadano”. Y añadía que, al tratarse de amenazas “que pueden afectar a la seguridad y bienestar sociales, estos métodos y medidas de acción deberían de ser desarrollados por instituciones públicas especializadas en colaboración con proveedores de servicios de Internet, proveedores de infraestructuras de Internet, medios de prensa, usuarios y asociaciones”.

 

Pues bien, el Pleno del Congreso rechazó la totalidad de la misma el 13 de marzo, en un debate en el que junto a intervenciones templadas que reclamaban “un conocimiento más profundo sobre lo que estamos hablando” o “ un gran acuerdo, un pacto de Estado (…) para garantizar en Internet la libertad y los derechos, pero también la seguridad” hubo otras mucho menos matizadas y extremas, que hablaron de “campo minado que va directamente contra los derechos fundamentales”, “teoría de la conspiración y del alarmismo para generar un estado de cosas favorable al control social” o “cuña en el control de la red y (…) sempiterna, atávica e inquisitorial voluntad de censura” (10). Por lo demás, no hay ahora mismo en el horizonte otra cosa que la posible constitución de un grupo de trabajo sobre campañas de desinformación en el seno de la Comisión de Defensa.

 

Conclusiones

 

Las diferencias que pone de manifiesto este breve repaso son más que notables en cuanto a enfoque, área primordial de interés, procesos y contenidos. Esto no debería de extrañarnos, porque al fin y al cabo estamos hablando de Europa, región de diversidad y pluralismo, y de cuatro de sus estados principales. También porque aquí importa, y mucho, la estructura constitucional y legal de cada país, su propia cultura, la coyuntura política concreta y el nivel de conciencia social que exista sobre el problema. Todo ello sirve para explicar y entender la presente situación de divergencia. Pero es preferible fijarse en lo positivo, que se sintetiza en el consenso formado, al menos, alrededor de tres puntos: que la desinformación online es un asunto serio, sobre el que hay que actuar en un marco de respeto a los derechos humanos, que las plataformas digitales han de ser más responsables, transparentes y cooperativas con los poderes públicos, y que tiene que haber una mayor educación ciudadana en redes sociales y medios digitales. Y hay un cuarto, en el que quizás el acuerdo no es tan obvio o tan amplio, pero muy relevante y que, en mi opinión, va a reforzarse en el futuro, que se refiere a la necesidad de intervenciones de los estados, a través del poder legislativo, como vía para completar el planteamiento comunitario (implicación de todas las partes interesadas y preferencia por las medidas “blandas” – de auto regulación y formativas -) en la lucha contra la desinformación online. El tiempo dirá si es así, y si lo es en qué tipo de leyes se concreta.

 

 

 

 

 

 

 

Notas

 

  1. John Stuart Mill, “Sobre la libertad”, (Aguilar, 1971)

 

  1. “A large majority of respondents think that the existence of fake news is a problem in their country (85%) and for democracy in general (83%)”. Flash Eurobarometer, Fake News and Disinformation Online, Abril 2018

 

  1. Linda Kinstler, “Can Germany fix Facebook”, theatlantic.com, 2 Noviembre 2017

 

  1. “Every six months the platforms are required to report their findings. Here are the headlines numbers:

 

  • Twitter received 264,000 complaints and blocked or removed 11 percent of the reported content.
  • YouTube received 215,000 complaints and removed or blocked 27 percent of the reported content, most of which was hate speech or political extremism.
  • Facebook received 1,704 complaints and removed or blocked 21 percent.
  • YouTube removed nearly 93 percent of the content that needed to be blocked within 24 hours of receiving the complaint.
  • In 637 cases Twitter took longer tan 24 hours to remove content.
  • Most of Facebook´s content deletion took place within 24 hours and 24 took more tan a week.”

Lucinda Southern, “Before, it was a black box: Platforms report how they delete ilegal content in Germany”,

         www.digiday.com, 2 Agosto 2018

 

  1. Benjamin Hue, “Loi contre les fake news: ce qui contient le texte du gouvernement”, rtl.fr, 13 Febrero 2018

 

  1. la proposition de loi et la proposition de loi organique n´apportent que des réponses au mieux inefficaces, au pire dangereuses, en tout état de cause sans espoir de lever les incertitudessenat.fr, 26 Julio 2018

 

  1. House of Commons, Digital, Culture, Media and Sport Committee, “Disinformation and “fake news”: Interim Report”, 24 Julio 2018

 

  1. The Guardian view on the fight against fake news: neutrality is not an option, theguardian.com, 29 Julio 2018

 

  1. The fake news inquiry is a tale of British political powelessness”, wired.co.uk, 30 Julio 2018

 

  1. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, 13 Marzo 2108

La Unión Europea frente a las fake news

  1. Con el viento de cola procedente de la elección presidencial en los Estados Unidos, el Diccionario Collins eligió fake news como palabra del año 2017 y la definió como “información falsa, frecuentemente sensacionalista y diseminada bajo la apariencia de noticia”. Era una manera singular de reconocer la popularidad y relevancia de un término, hoy controvertido por ideologizado y difuso, que de todas formas se ha utilizado abundantemente desde entonces al tratar el tema, más amplio y complejo, de la desinformación. En una misma línea que subraya su importancia, el informe de 2017 de Freedom House afirmaba que tácticas y operaciones de manipulación y desinformación online, consistentes en series organizadas de noticias falsas detectadas en no menos de 18 países, habían contribuido al descenso por séptimo año consecutivo de la libertad en Internet, mientras que el Eurobarómetro de febrero de este año arrojaba el expresivo dato de que un 83% de los ciudadanos encuestados consideraban que las “fake news” constituyen ciertamente un problema para la democracia.

 

  1. La proliferación de la desinformación y la nueva dimensión que ha adquirido en los últimos tiempos se explica fundamentalmente por el desarrollo las tecnologías digitales. Sobre estas últimas prevalece ahora una visión más objetiva que años atrás: no suponen intrínsecamente ni una liberación ni una condena, sino que ofrecen un campo casi ilimitado, y en parte desconocido, de posibilidades, donde lo decisivo será el uso que se haga de las mismas. En cualquier caso, no cabe duda de que Internet ha aumentado exponencialmente la cantidad y variedad de noticias a las que los ciudadanos pueden acceder y cambiado el modo en que éstos se informan, ha propiciado la aparición de nuevos medios de comunicación online y, a través de las redes sociales, ha permitido diseminar información a gran escala, con velocidad y precisión altísimas. O por decirlo en palabras de Charlie Beckett, uno de los mayores expertos mundiales en la materia, “ahora cualquiera con una cuenta de Twitter o Facebook puede ser generador, distribuidor y receptor de opiniones y reacciones personalizadas e instantáneas”. De manera que cuando en este contexto digital aparece una información falsa, inexacta o engañosa, que se presenta y difunde con consciencia de tal circunstancia y voluntad deliberada de causar un daño social, ya sea por motivos políticos o por ánimo de lucro, estamos en presencia de la desinformación

 

  1. La desinformación online, qué duda cabe, afecta a la democracia y a sus valores fundamentales, entre ellos el principio mayoritario, expresado en elecciones libres y periódicas, como regla para la adopción de las decisiones políticas, la libertades de expresión y de información como claves del debate público, y el respeto a los derechos humanos. Por esta razón, la Comisión Europea se decidió a actuar, (al igual que ya lo había hecho antes en relación al contenido ilegal, como terrorismo, pornografía infantil o discurso del odio), y tras una consulta pública, para recoger los puntos de vista de una pluralidad de personas físicas y jurídicas interesadas, una encuesta, para medir y analizar las percepciones y preocupaciones de los ciudadanos europeos sobre las fake news, y la constitución de un Grupo de Alto Nivel, con un mandato claro de asesoramiento y formulación de propuestas, publicó el pasado 26 de abril una Comunicación titulada “La lucha contra la desinformación online: un enfoque europeo”. Que consiste en un documento dirigido a otras instituciones comunitarias (como el Parlamento o el Consejo), sin carácter vinculante ni efectos legales, pero de notable importancia, en el que la  Comisión presenta un plan de acción y una serie de instrumentos para abordar la cuestión, un work in progress  que ya ha producido, entre sus primeros desarrollos, la publicación a finales de julio de un borrador de Código deontológico firmado por compañías como Facebook, Google o Twitter.

 

  1. En esta iniciativa de la Comisión importa casi tanto la forma como el fondo. Consciente de la complejidad de la materia y de la rapidez con la que se suceden los cambios en el entorno digital, así como del efecto disruptivo de los mismos, la institución comunitaria ha estimado que cualquier respuesta política al problema de la desinformación online ha de ser (i) comprehensiva, en el sentido de incluir todas las perspectivas posibles e involucrar a todas las partes interesadas (gobiernos, plataformas digitales, medios de comunicación, instituciones educativas, ciudadanos…) , (ii) adaptativa, para evaluar continuamente un fenómeno extremadamente fluido y cambiante (por ejemplo, la inteligencia artificial puede servir tanto para la creación y difusión como para la detección y supresión de fake news) y (iii) flexible, para ajustar sus objetivos a la luz de la evolución del mismo (habida cuenta, entre otros extremos, de la escasez de estudios empíricos suficientemente concluyentes sobre su impacto).

 

  1. En cuanto al fondo de la cuestión, la Comisión ha afirmado que la lucha contra la desinformación online debe estar guiada por los principios de transparencia, diversidad, credibilidad y actuación inclusiva, y ha propuesto una serie de acciones para (i) conseguir un ecosistema online más transparente, fiable y responsable, (ii) contar con procesos electorales seguros y resistentes, (iii) promover la alfabetización digital y la educación en medios de comunicación, (iv) apoyar un periodismo de calidad como elemento esencial de las sociedades democráticas y (v) responder a las amenazas de desinformación internas y externas a través de estrategias de comunicación adaptadas a la ocasión. Aquí, instrumentos como la verificación de datos, los filtros de noticias falsas, los algoritmos o las aplicaciones descentralizadas y tecnologías como la inteligencia artificial o el blockchain tendrán, con toda seguridad, un papel capital.

 

  1. En resumen, las dos notas principales del enfoque de la Comisión en su Comunicación sobre desinformación online son (i) la aproximación multidisciplinar y la involucración de todas las partes interesadas, en busca del mayor consenso posible, y (ii) la apuesta por soluciones gradualistas e incrementales, empezando por la autorregulación, pero sin incluir, por el momento, la regulación jurídica, con su régimen imperativo de obligaciones y sanciones. Respecto de la primera, da la sensación de que la Comisión es muy consciente del precario equilibrio en que se encuentran los valores afectados por la desinformación (pluralismo político, libertades de expresión e información, derechos de honor, intimidad y propia imagen…) y de los riesgos aparejados tanto a la extralimitación (censura, restricción o supresión de derechos) como a la inacción o a la acción insuficiente (posible falseamiento de procesos electorales o amenazas a la seguridad nacional). Y también de que ni el ambiente político, con un populismo rampante y una crisis de confianza generalizada, ni el estado de forma de las principales partes interesadas, como las plataformas digitales o la industria tradicional de los medios de comunicación, permite dar pasos en falso. En cuanto a la segunda, la Comisión parece compartir la idea de Yochai Benkler de que los problemas de regulación en el entorno digital, eminentemente dinámico y complejo, se plantean como “una batalla sobre la ecología institucional de su desarrollo”, donde quizás la mejor opción sea mezclar de manera flexible diversos instrumentos y políticas, en vez de fiarlo todo a un diseño normativo racional, consistente y cerrado.

 

  1. Aunque no han faltado voces críticas ante este “enfoque europeo” de la Comisión, pidiendo sobre todo una actuación más enérgica y decidida ante la desinformación online, la valoración del mismo ha sido mayoritariamente positiva, al ser juzgado como prudente, realista y sensato. Por todos valga la opinión de Andrea Renda, quien ha defendido, además, añadir a las acciones propuestas la promoción de un comportamiento responsable en la provisión de información a los ciudadanos por parte de las plataformas digitales e implantar proactivamente una política de medios que promueva el pluralismo y la exposición de los ciudadanos a contenidos diversos.

 

  1. Mi juicio coincide, en líneas generales, con lo expresado anteriormente. Pero creo que la Comisión debería haber prestado más atención (o habrá de hacerlo en el futuro inmediato, aprovechando la revisión de la Comunicación, anunciada para diciembre de este año) a lo siguiente:

 

  • Desde la perspectiva del ciudadano, del individuo que forma parte de una comunidad política, ya sea nacional o supranacional, como la Unión Europea, no se trata solamente de una cuestión de educación y alfabetización digital, por más importante y necesaria que sea, sino que ha de ir más allá y llegar hasta la participación y el ejercicio de la conciencia cívica para reaccionar ante la desinformación. Los ciudadanos europeos tenemos que comprometernos activamente en esa tarea.

 

  • Desde el punto de vista de la responsabilidad de los gobiernos (y de los parlamentos nacionales) hay cuestiones en las que hay que actuar a través de la legislación, como por ejemplo las campañas de desinformación organizada que afecten a procesos electorales o a la seguridad nacional. Los Estados Miembros deben de tomar medidas, compatibles con la Carta de Derechos Fundamentales y con la Convención Europea de Derechos Humanos, a tal efecto.

 

  • Finalmente, desde el punto de vista de la Comisión y de las instituciones comunitarias, y por más que haya que aceptar que no hay atajos para luchar contra la desinformación online ni soluciones mágicas al alcance de la mano, es preciso ofrecer un horizonte temporal razonable donde aparezcan resultados tangibles de las actuaciones propuestas. Porque esa sería la mejor manera de ganar credibilidad y legitimidad en la labor emprendida. Las elecciones al Parlamento Europeo, que se celebraran en la primavera de 2019, están a la vuelta de la esquina, y van a ser una muy buena piedra de toque para el plan de acción avanzado por la Comisión.

 

 

 

 

 

Francia como ejemplo: la inevitable complejidad de la lucha contra las falsas informaciones

 

  1. El pasado 26 de julio el Senado francés rechazó, sin demasiadas contemplaciones, dos proposiciones de ley relativas a la lucha contra la manipulación de la información, que habían sido aprobadas por amplia mayoría de la Asamblea Nacional apenas tres semanas antes. Encallaba, así, uno de los proyectos estrella del Presidente de la República que queda ahora en suspenso, a la espera de lo que pueda acordar, en su caso, una comisión paritaria de las dos cámaras.

 

  1. El fracaso, al menos momentáneo, de esta iniciativa presidencial ha puesto de relieve con toda nitidez las dificultades que encierra la regulación de uno de los fenómenos políticos más llamativos y controvertidos de nuestros días, el de las denominadas “fake news” o falsas informaciones, que si bien responde a una pauta bien conocida y que se puede remontar en el tiempo tan atrás como se quiera, se ha visto amplificado por la presencia y el uso de las plataformas digitales y de las redes sociales, hasta el punto de convertirse en una amenaza real para las democracias. Porque pese a ser la francesa una propuesta razonablemente ponderada, de alcance restringido (a los procesos electorales) y nutrida con aportaciones de partes interesadas y expertos de todo tipo, eso tan sólo ha servido para obtener por parte de una sólida mayoría de senadores la negativa siquiera a debatirla. Veamos por qué ha podido suceder tal cosa.

 

  1. El camino parlamentario de la propuesta legislativa, anunciada en los primeros días de 2018 por el propio Emmanuel Macron, se inició el 21 de marzo con la presentación de las dos proposiciones por un número determinado de diputados de la mayoría presidencial. La primera de ellas, y principal desde una perspectiva sustantiva, se titulaba inicialmente “Proposition de loi relative à la lutte contre les fausses informations”, e iba dirigida a mejorar la respuesta civil y penal a la difusión de “fake news”, tras constatar “la existencia de campañas masivas de difusión de informaciones falsas destinadas a modificar el curso normal del proceso electoral usando para ello los servicios de comunicación online”, y considerar que las leyes existentes resultan insuficientes para permitir la rápida retirada de los contenidos falsos. La segunda, por su parte, hacía aplicable las disposiciones de la anterior a la campaña electoral relativa a la elección del Presidente de la República. En concreto, la propuesta legislativa se resumía en tres medidas fundamentales:

 

  • la introducción de una nueva acción procesal, consistente en un recurso urgente y simplificado ante un juez civil, durante los períodos pre-electoral y electoral (esto es, desde la publicación del decreto de convocatoria hasta el término del cómputo de los votos), para que aquél pueda, en un plazo máximo de 48 horas y a petición del ministerio público o de quien tenga interés en actuar en relación a “hechos constitutivos de informaciones falsas capaces de alterar la sinceridad del escrutinio y difundidas artificialmente y de manera masiva por un servicio de comunicación en línea”, ordenar a quienes lo alojen, y/o a plataformas y proveedores de acceso a internet, entre otros, medidas dirigidas a poner fin a tal difusión,

 

  • la atribución de nuevos poderes al “Conseil Supérieur de l´Audiovisuel” (CSA), entre ellos el de impedir, suspender o poner fin a las emisiones de servicios de televisión controlados por un Estado extranjero y que atenten contra los intereses fundamentales de la Nación o participen de una empresa de desestabilización de sus instituciones, o el de suspender la difusión de un servicio audiovisual objeto de un contrato administrativo en período electoral o incluso rescindir el mismo, y

 

  • la imposición de nuevos deberes a los llamados “intermediarios técnicos” (además del ya existente de “notice and take down”), consistentes en (a) instalar un dispositivo fácilmente accesible y visible que permitiese a cualquier persona comunicar la existencia de contenidos que sean falsas informaciones, (b) informar prontamente a las autoridades públicas competentes de las actuaciones relativas a esas comunicaciones que hubieran hecho los internautas y (c) publicar los medios dedicados por los propios “intermediarios técnicos” a la lucha contra las falsas informaciones.

 

  1. La tramitación de ambas proposiciones en el seno de la Asamblea, con las discusiones y las enmiendas presentadas en las Comisiones de Cultura y de Leyes, y también las aportaciones de mesas redondas con sindicatos de periodistas, directores de medios de comunicación y académicos, abogados y representantes de empresas de internet, las procedentes de una audición con el Presidente del CSA y, desde luego, las contenidas en la opinión del Conseil d´Etat , afinaron y mejoraron significativamente cada una de las medidas de las proposiciones de ley, al tiempo que supusieron la introducción de un cuarto grupo de ellas, sobre educación en materia de medios de comunicación social e información.

 

En concreto, los cambios relativos al recurso judicial urgente y simplificado ante el juez civil dieron paso a

 

  • la precisión de la definición de falsa información como “toda alegación o imputación de un hecho desprovista de elementos verificables que pudieran hacerla verosímil”,

 

  • la limitación del ilícito, de manera exclusiva, a aquellas falsas informaciones en las que se hubiera establecido que su difusión procede de una intención deliberada de hacer daño,

 

  • la limitación del tiempo de aplicación de las obligaciones impuestas por las normas, de 3 meses a contar hacia atrás desde el primer día del mes en que tenga lugar la elección (general en todo caso, ya sea presidencial, parlamentaria o europea) o el referéndum, o

 

  • la exclusión del término “falsas noticias”, al considerarse (conforme a la doctrina de la Cour de Cassation) que el mismo exigía la referencia a un hecho que todavía no se hubiese publicado, lo que resulta de muy difícil prueba y puede generar confusión e inseguridad jurídica.

 

En cuanto a los nuevos poderes conferidos al regulador audiovisual,

 

  • se explicitaron los motivos por los que el Consejo podría rechazar la petición de un operador audiovisual para contratar con el Estado, siempre que la difusión del servicio de radio o de televisión objeto de aquél pudiera suponer un riesgo grave de atentado contra la dignidad, la libertad o la propiedad de terceros, el pluralismo de pensamiento y opinión, la protección de la infancia y la adolescencia, el orden público, la defensa nacional y los intereses fundamentales de la Nación,

 

  • se introdujo un procedimiento contradictorio previo y la obligación de motivar la decisión del Consejo, y

 

  • se reforzó el principio de responsabilidad personal y de personalidad de las penas.

 

En fin, sobre las nuevas obligaciones impuestas sobre empresas de internet, proveedores de acceso y distribuidores de contenidos

 

  • se redujeron sensiblemente las mismas, eliminándose las relativas a la instalación del dispositivo de identificación y denuncia de falsas informaciones y a la pronta comunicación a las autoridades públicas competentes de las mismas, al considerarse que podrían atentar contra la libertad de expresión y exceder el objeto del deber de cooperación impuesto (si los supuestos no fueran penalmente reprensibles), y

 

  • se reforzó, por el contrario, la obligación que recaía sobre las plataformas de dar datos sobre los anunciantes que hubieran contratado con ellas.

 

  1. Si algo se puede decir con seguridad del efecto que estas precisiones y mejoras incorporadas en las proposiciones de ley por la Asamblea Nacional causaron en las comisiones competentes para su conocimiento en el Senado, es que el mismo fue nulo. De forma lapidaria, los senadores concluyeron que “la proposition de loi et la proposition de loi organique n´apportent que des réponses au mieux inefficaces, au pire dangereuses, en tout état de cause sans espoir de lever les incertitudes”. Aunque no sin añadir, por mor de una mínima cortesía parlamentaria y para justificar de alguna forma tan rotundo portazo, que las razones en concreto para oponerse a las disposiciones sancionadas por la Asamblea eran (i) el carácter “inacabado, ineficaz y peligroso” del recurso judicial para cesar la difusión de falsas informaciones, (ii) la inadecuación técnica de la norma escogida para proceder a la modificación de los poderes del regulador audiovisual (además del hecho de que el Conseil no había pedido las nuevas competencias que las proposiciones  le encomendaban ¡), (iii) la dimensión europea del problema, que requiere empezar antes que nada con la revisión de la directiva e-commerce de 2000 y, por último pero no menos importante, que (iv) medidas que afectan a las libertades fundamentales, como las contenidas en las proposiciones en cuestión, merecen un consenso y una serenidad en el debate que han estado ausentes, según los senadores, en el presente caso.

 

  1. La respuesta del Senado de Francia resulta convencional, decepcionante y anticipatoria.

Lo primero, porque sigue la lógica imperante en nuestras democracias (no sólo la francesa) de la confrontación política partidaria, que antepone como línea de principio los intereses particulares a los generales y tan reacia es a reconocer y admitir la ventaja que una buena idea o iniciativa pueda reportar al adversario. Nótese que la mayoría republicana en el Senado, o las izquierdas socialista y de la Francia Insumisa, no niegan lo que los partidarios de Macron en la Asamblea afirmaron al presentar las proposiciones (esto es, que el estado actual del Derecho francés, en especial en materia electoral, pero también en lo que hace a consumo, audiovisual o confianza digital, no permite responder de manera integral a los problemas que plantean las falsas informaciones), ni tampoco la importancia de abordar un problema que tiene potencial para afectar y subvertir, en última instancia, la libre voluntad del cuerpo electoral. Lo que vienen a decir, por el contrario, es que las medidas propuestas no son eficaces, o que si lo son conculcan derechos o que si no los conculcan hoy pueden hacerlo mañana o que, si nada de lo anterior ocurre, adolecen de forma, ya sea por la falta consenso o por el exceso de premura en su tramitación, razón por la cual lo mejor que cabe hacer con ellas es remitir su discusión a otro tiempo (aunque choque con el carácter inmediato y actual que se le reconoce al problema de fondo) o a otro lugar (la Unión Europea, que como todo el mundo sabe es un foro óptimo para forjar acuerdos operativos y practicables en el corto plazo).

 

Es decepcionante, también, porque ignora tanto las mejoras introducidas a lo largo de la tramitación de estas iniciativas, a las que ya me he referido antes, como los pronunciamientos del Conseil d´Etat, para quien

 

  • la nueva vía de acción judicial no supone una afectación desproporcionada de la libertad de expresión, que por lo demás no reviste carácter absoluto y puede ser limitada cuando la restricción aparezca necesaria y proporcionada,

 

  • los poderes dados al Consejo Superior Audiovisual para rechazar el contrato o para instar la rescisión de un contrato ya existente con una sociedad bajo influencia de un estado extranjero son adecuados, en línea con la doctrina sentada por el Conseil Constitutionnel , que admite someter al sector privado de la comunicación audiovisual a un régimen de autorización administrativa y considera que la prevención de atentados al orden público es un objetivo de valor constitucional, y

 

  • las obligaciones de transparencia impuestas a los “intermediarios técnicos” si bien constituyen una limitación a los principios constitucionales de libertad de comercio y de industria y a la libertad de emprender, no son desproporcionadas, puesto que buscan proteger el interés general y tratan sobre “asuntos que afectan al público en una medida que legítimamente puede interesarle, que despiertan su atención o le preocupan sensiblemente, en particular porque los mismos conciernen el bienestar de los ciudadanos o de la colectividad” (Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 10 noviembre 2015, Couderc et Hachette Filipacchi vs. Francia).

 

Obviamente se puede discrepar de cualquiera de los puntos anteriores, o de todos ellos, al igual que cabe hacerlo de las disposiciones concretas de las proposiciones aprobadas por la Asamblea Nacional. Pero hacerlo con la negativa a entrar siquiera en la consideración de las mismas, o con un arsenal de argumentos de trazo grueso que se apoyan en sintagmas (más bien slogans) como los de  “proyecto liberticida”, “instauración de un ministerio de la verdad”, “creación de una policía del pensamiento” o “régimen de censura previa” es muy poco alentador para el debate democrático que ha de producirse, también, en el Parlamento. Supone, en definitiva y más allá de las razones tácticas y coyunturales que puedan asistir a las fuerzas políticas que así actúan, situarse en un plano distinto, inferior y  primario, que impide el dialogo constructivo y lastra gravemente la capacidad de la democracia representativa para resolver problemas actuales que ponen en riesgo su propio futuro.

 

Francia, en fin, aparece como un ejemplo de lo que puede suceder en otros países o en otras instancias supranacionales, como la Unión Europea, cuando se planteen (como de hecho ya se están planteando) medidas concretas de lucha contra las falsas informaciones. Se trata aquí de un asunto que no es, ni mucho menos, sencillo, sino que presenta una inevitable complejidad: afecta a la libertad de información y a la libertad de expresión, a la formación de la opinión pública, al debate democrático y a los procesos electorales, que ha cobrado una nueva dimensión con el digitalismo y las redes sociales, puede responder a intereses diversos, no solamente políticos, sino también económicos o de otro tipo y es susceptible de ser enfocado desde diferentes perspectivas (periodística, psicológica, filosófica, tecnológica, jurídica o política). Y que admite, desde luego, muchas respuestas diferentes, desde la confianza en que los instrumentos legales y deontológicos ya existentes sean suficientes para controlar y reducir el problema, pasando por las más limitadas y tolerantes, que se centran en campañas de educación digital y de formación en las escuelas para capacitar a identificar las noticias falsas, creación de páginas web que puedan determinar casi al instante si una noticia ha sido creada con la intención de engañar y sobre supuestos falsos o reforzamiento de los estándares del periodismo, hasta llegar a las más amplias y exigentes, que suponen, entre otras medidas, la imposición de obligaciones de colaboración y transparencia para las plataformas online (Google, Facebook, Twitter…), y la demanda de actuación decidida y sustancial por parte de reguladores, legislaturas y gobiernos.

 

Las proposiciones aquí comentadas incluían, en última instancia, casi todas las medidas anteriores. Su destino temporal, cuyo final no está aún escrito, deja un rastro de frustración y, lo que es peor, de preocupación para el futuro. Porque si se acepta que las falsas informaciones (máxime si éstas responden a la dirección organizada de actores estatales o para estatales) que tratan de alterar la voluntad ciudadana expresada en elecciones y consultas públicas son una patología de la democracia, y se reconoce que las mismas prosperan en ambientes donde acampan la simplificación, la tergiversación, el exceso, la polarización y el extremismo, se puede concluir que para ser efectivos al combatirlas (cuestión que ni es sencilla ni suscita unanimidades, como es bien sabido), será preciso, al menos, preservar incontaminado de tales males el ámbito del debate público y conducirse allí (todos) con rigor, perspectiva, generosidad y altura de miras. No es seguro que esto haya ocurrido en el caso francés, y tampoco lo es que algo similar no pueda repetirse pronto en otros lares.