1. Tal vez fuera el caso triste y deprimente del suicidio de una trabajadora de IVECO en Madrid, tras la difusión entre sus compañeros de empresa de un video sexual en que aparecía sola, el que llevase a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) a tomar la decisión de crear un canal prioritario para comunicar la difusión ilícita de imágenes con contenido sensible y poder obtener, en su caso y rápidamente, la retirada de las mismas. O quizás fuese cualquier otro, igualmente lamentable, de grabación de violencia ejercida sobre una mujer o acoso a un menor que no alcanzó la misma repercusión en los medios que el anterior, o simplemente la presencia pertinaz de estos hechos desgraciados en nuestra sociedad. Lo mismo da, lo importante es que la autoridad de control independiente de la privacidad española ha adoptado una iniciativa novedosa, comprometida y digna de reconocimiento, que me propongo analizar a continuación, sobre la base de la información pública que aparece en la página web de la Agencia y de declaraciones, en prensa y radio, de su propia directora y de alguno de sus directivos.

 

  1. Este canal prioritario está pensado únicamente para situaciones excepcionalmente delicadas, que impliquen imágenes de contenido sexual o actos violentos y pongan en alto riesgo los derechos y libertades de las personas afectadas, especialmente víctimas de violencia de género o menores. Se distingue, pues, del procedimiento ordinario para el ejercicio del derecho de supresión, a disposición de quien esté afectado por la difusión de imágenes sin su consentimiento. La imagen es un dato personal, y tanto el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), norma comunitaria, como la española Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDPGDD) reconocen a los interesados el ejercicio del derecho de supresión, cuando los datos (aquí, fotos y videos difundidos en Internet) hayan sido tratados ilícitamente o no estén ya soportados por el consentimiento originario, que pudiera haberse dado a su publicación. En el procedimiento ordinario la persona afectada ha de dirigirse, necesariamente y en primer lugar, al prestador de servicios de Internet (como Facebook, Google o YouTube, entre otros) en que aparezcan las imágenes. Si tras hacer eso, y habiendo transcurrido al menos un mes desde que se presentó la denuncia, aquellas no han sido retiradas, bien porque el prestador considere que no hay razón bastante para hacerlo (y tanto Facebook como Google o YouTube, por ejemplo, tienen políticas públicas, accesibles para sus usuarios, sobre cómo actúan al respecto), o bien porque simplemente no lo haya hecho, los afectados pueden presentar una reclamación en la sede electrónica de la AEPD, acompañando la documentación acreditativa de haber solicitado la supresión, en primer término, al prestador de servicios online.

 

  1. Pero el caso del canal prioritario, recientemente creado, es diferente del procedimiento ordinario en, al menos, cuatro puntos:

 

  • no está pensado para todas las situaciones, sino únicamente para aquellas que sean extremadamente sensibles,

 

  • no es necesario dirigirse previamente al prestador de servicios de Internet instando la retirada de las imágenes en cuestión, ya que se puede acudir directamente a la AEPD,

 

  • no existe un plazo máximo para resolver la solicitud de retirada, sino que la misma se decide por la AEPD, en un sentido o en otro, con carácter de urgencia, y

 

  • no solamente la persona o personas afectadas, que aparecen en las imágenes de contenido sensible publicadas ilícitamente, pueden comunicar la difusión de aquellas y solicitar su retirada, sino que eso puede hacerlo cualquier persona interesada (que lógicamente, como luego se verá, ha de conocer las circunstancias del caso concreto).

 

  1. El objetivo del canal prioritario, pues, es establecer una vía para que las reclamaciones sobre estas situaciones excepcionales, especialmente graves, en las que concurren difusión ilegítima y contenido “sensible” (que no es un concepto legal, ni equivale al de “datos personales que, por su naturaleza, son especialmente sensibles”, de los que trata el RGPD en su artículo 9, y que se refieren a origen étnico y racial, opiniones políticas, convicciones religiosas o filosóficas, datos genéticos…) sean analizadas Y ello para permitir que la Agencia, como autoridad independiente, pueda adoptar medidas urgentes, como la cautelar de retirada de las imágenes, que los prestadores de servicios de Internet han de cumplir inmediatamente. Así se pretende conseguir, de manera efectiva, la limitación, interrupción o término del tratamiento ilícito de esos datos personales de contenido sensible, sin perjuicio, como es lógico, de la decisión final que se tome al respecto (seguramente, en la inmensa mayoría de los casos, confirmatoria de la cautelar) y de que la Agencia abra seguidamente un procedimiento sancionador a los efectos de determinar las responsabilidades oportunas.

 

  1. En cuanto a la manera de presentar la denuncia a través del canal prioritario, la AEPD establece que el reclamante debe describir las circunstancias en las que se ha producido la difusión no consentida del contenido sensible y su situación personal, así como si es víctima de violencia de género, abuso, agresión sexual, acoso o si pertenece a colectivos especialmente vulnerables. Ha de especificar, igualmente, la dirección o direcciones web en las que las imágenes se han publicado y están siendo difundidas o identificar claramente el perfil social a través del cual se están difundiendo, además de aportar una serie de informaciones adicionales, como por ejemplo si ha habido o no denuncia a la policía.

 

  1. En la decisión de la AEPD de crear este canal prioritario para comunicar la difusión de contenido sensible y solicitar su retirada parecen haber pesado, a mi juicio, las siguientes razones:

 

  • la insuficiencia del procedimiento ordinario para atender situaciones graves y, desgraciadamente, frecuentes (el de la trabajadora de IVECO en Madrid no es un caso aislado), que deriva de diversos factores como, por ejemplo, que la persona afectada no denuncie por desconocimiento de su derecho o por miedo a las represalias o a la publicidad, o por encontrarse paralizada o bloqueada, o que la tramitación de la denuncia no sea lo suficientemente rápida y las imágenes de contenido sexual o violento permanezcan en la red después de haber sido denunciadas, e incluso vuelva a ser difundidas, con la consiguiente lesión de los derechos fundamentales de integridad, intimidad, honor o a la propia imagen.

 

  • el repudio que merece la difusión ilícita de imágenes de violencia y agresión, que marcha en paralelo a su contrapartida positiva, que es la protección que hay que dar a las personas afectadas, esto es, mujeres, menores y otros colectivos especialmente vulnerables, como discapacitados, personas con enfermedad graves, en riesgo de exclusión social…, sin que existan derechos o intereses de terceros en conflicto dignos de consideración, que haya que ponderar a la hora de resolver la retirada de las imágenes de Internet.

 

  • la consideración de la función de supervisión y control de la aplicación del RGPD y de la LOPDPGDD que tiene encomendada, en virtud de la cual puede “imponer una limitación temporal o definitiva del tratamiento [de los datos personales], incluida su prohibición”, y

 

  • la voluntad de ejercer esa función de una manera activa, medida y proporcionada, dando un paso adelante ante una situación de hecho que está produciendo casos lamentables, y asumir una responsabilidad desde la intervención pública, distinta de la dejar la iniciativa y la solución del problema, al menos en primera instancia, en manos de las plataformas digitales y las empresas privadas.

 

  1. La creación del canal prioritario, comunicada el 24 de septiembre pasado, se encuadra dentro de un marco general integrado por un convenio de colaboración (firmado con el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad) y cinco protocolos de actuación (suscritos con los Ministerios de Interior, Trabajo y Educación, la Fiscalía General del Estado y el Consejo General de la Abogacía), que incluye medidas de prevención y sensibilización, acciones formativas y, lo que es muy importante, información sobre las consecuencias administrativas, civiles y penales de la difusión de contenidos sensibles, tanto para las empresas como para los ciudadanos. Merece esta decisión, pues, apoyo y una valoración globalmente positiva, si bien sobre el canal prioritario cabe hacer algunas observaciones críticas, que son las siguientes:

 

  • Sería conveniente una mayor precisión en relación al ámbito objetivo del canal, a las conductas reflejadas en esas imágenes de contenido “sensible” que resultan denunciables: parece claro que incluyen, porque así se dice en la información pública, acciones o expresiones de carácter o intención sexual, actos de violencia, abusos, agresión y acoso, aunque quizás también pudieran añadirse otras conductas o acciones similares, como burlas o menosprecios. Aquí parece que habrá de operar el criterio y la interpretación de la AEPD al examinar caso a caso las denuncias que vaya recibiendo.

 

  • Sería aconsejable, también, una mayor precisión sobre el ámbito subjetivo, esto es, los colectivos cuya protección busca el canal prioritario: está claro, y es correcto que así sea, que se incluyen especialmente mujeres (víctimas de violencia de género), menores, personas con discapacidad o enfermedad grave, o en riesgo de exclusión social (mendigos, personas “sin techo”), y en el caso de las imágenes de contenido sexual, vale tanto para hombres como para mujeres. Pero se echa de menos, por ejemplo, una referencia a las personas mayores, a quienes no costaría asimilar a los colectivos anteriormente citados, a las efectos de obtener la protección del canal prioritario.

 

  • Cabe presumir, en el supuesto de que quien denuncie la difusión ilícita de un contenido sensible y pida la retirada del mismo no sea la persona afectada, que aquella ha de tener un conocimiento suficiente de las circunstancias personales y coyunturales del caso en cuestión. Esto habría que recalcarlo. De otra forma, podría suceder que se produjesen denuncias, seguramente bienintencionadas, sobre hechos en los que hay consentimiento (por más que cueste imaginarlo) o en los que se pretenda hacer parodia, representación o broma (por arduo que resulte encontrarle la gracia a quien hace ese tipo de cosas).

 

  • Un problema práctico no aclarado, al menos en la información aportada por la AEPD sobre el canal, consiste en su disponibilidad real. Funciona las veinticuatro horas del día, siete días a la semana? Porque podría ser que se presentase una denuncia a las ocho de la tarde de un viernes y la misma no se atendiese hasta las nueve de la mañana del lunes siguiente. Aunque la urgencia no significa lo mismo en toda clase de contexto y circunstancias, y una demora de un par de días en atender una denuncia con fundamento no debería considerarse, en principio, como absolutamente inaceptable, si parece claro que no es lo deseable, ni el objetivo al que habría que aspirar. Sí que se dice, por el contrario, que hay equipos especializados, bien preparados y conocedores de la materia, a ambos extremos de la línea, tanto en la AEPD como en las empresas de Internet donde suelen aparecer en la inmensa mayoría de los casos las imágenes denunciables (Google, Facebook o YouTube).

 

  • Un segundo problema práctico, de más enjundia, afecta a WhatsApp, que ofrece un servicio de mensajes y llamadas cifrado de extremo a extremo, en el que nadie puede leer, ver o escuchar esos mensajes y conversaciones privadas, ni siquiera la propia WhatsApp. La AEPD ha declarado que está trabajando con esa empresa para intentar dar con una salida a la limitación de intervención que supone la encriptación de los mensajes, sin que quepa anticipar una pronta solución satisfactoria.

 

  1. En definitiva, a la espera de conocer información sobre sus primeros resultados (y la evaluación de los mismos), así como de que, a medio plazo, se creen instrumentos específicos y armonizados sobre este asunto en el plano comunitario, lo que parece obvio que debería suceder, cabe decir que la creación de un canal prioritario para comunicar la difusión de contenido sensible y solicitar su retirada constituye una iniciativa valiente, responsable y oportuna. También se puede añadir el acierto en su diseño, en el que ha primado un enfoque restrictivo (conductas muy graves, colectivos que merecen especial protección) y proporcionado (medida cautelar de retirada, presencia de derechos dignos de tutela inmediata, ausencia de otros derechos en posible conflicto, como libertad de expresión o de información…). Por otra parte, al quedar la decisión de retirada de las fotos o videos en manos de la AEPD, y no en las de las plataformas digitales o prestadores de servicios de Internet, se evitan, en mi opinión, problemas de intervención automatizada en la supresión de los datos (a la que recurren las plataformas cuando tienen plazos estrictos para actuar fijados por las normas) y de aplicación en la toma de decisión de un sesgo conservador (esto es, de aceptación prácticamente generalizada de los casos presentados y decisión sobre los mismos de la manera que resulte más segura para la empresa, para evitar así multas y sanciones). Finalmente, sin merma de lo anterior y, probablemente, sin que sea justo ponerlo en el debe de la AEPD, hubiera sido deseable y habría reforzado el marco general en que se presentó la iniciativa de creación del canal, algún tipo de intervención, participación o compromiso del Parlamento en la medida. Pero ya se sabe que, por circunstancias bien conocidas, el año en curso no está siendo especialmente productivo para el órgano que representa al pueblo español.

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