1. La periodista de investigación Lyudmila Savchuk, que hace tres años trabajó como infiltrada en la notoria factoría de bulos “Internet Research Agency”, con sede en San Petersburgo, no alberga ninguna duda sobre el interés de Rusia en desarrollar campañas de desinformación de cara a las próximas elecciones al Parlamento Europeo. Tampoco es ambiguo al respecto el vicepresidente de la Comisión Europea, Andrus Ansip, cuando denuncia la existencia de ese tipo de campañas para influir en elecciones y consultas públicas celebradas en distintos estados de la Unión, y añade que las pruebas recogidas apuntan siempre en una misma dirección: Rusia. Nada de esto es nuevo, ni se ciñe exclusivamente a Europa, como prueba de forma concluyente la sobria y rigurosamente documentada acusación del abogado especial Robert Mueller contra una serie de personas físicas y jurídicas rusas, formulando contra ellas cargos por interferencia ilegal en las elecciones presidenciales norteamericanas de 2016.

 

  1. Pero a falta de novedad, sí que hay relevancia en este asunto. Las elecciones europeas de 2019 se van a celebrar en un contexto muy especial, caracterizado por un escenario internacional tenso y volátil, una competencia geopolítica entre bloques que no comparten unos mismos principios básicos, la crisis institucional irresuelta del Brexit, el complejo arranque del presupuesto de la zona euro, las reformas pendientes en materia de migración, fiscalidad o defensa, o la pujanza de fuerzas políticas abiertamente hostiles al proyecto europeísta. Y van a estar presididas por un doble objetivo: la obtención de un voto ampliamente mayoritario, porque Europa necesita la adhesión al proyecto de sus ciudadanos y dotarse de la legitimidad que solo confiere la participación de aquellos en las elecciones, y que éstas sean libres, limpias y transparentes, de manera que los ciudadanos tengan información fiable sobre las alternativas políticas que se les presentan, y puedan valorarlas a través de un debate público honesto y constructivo, sin engaños ni tergiversaciones.

 

  1. Pues bien, desde esta perspectiva, las elecciones se enfrentan a tres amenazas principales: (a) los ciberataques, ejecutados por piratas informáticos, para dañar o destruir redes o sistemas de ordenadores, y afectar tanto a procesos electorales como a campañas de partidos y candidatos, (b) el uso ilegítimo de datos personales a efectos de propaganda electoral y (c) la diseminación de noticias falsas en las plataformas y medios online y en las redes sociales. Ante ellas, y en este momento decisivo para su futuro, la Unión Europea tiene que actuar con determinación y firmeza, no solamente para garantizar el correcto funcionamiento de sus instituciones, sino para preservar los principios que son su razón de ser: democracia, libertades y estado de Derecho.

 

  1. Ciertamente la Unión ha dado ya pasos importantes en los últimos años para disponer de procesos electorales seguros y resistentes, que permitan celebrar unas elecciones limpias y fuera de sospechas. Así, cabe citar las Directivas sobre ciberataques (2013 y 2016), el Reglamento general de protección de datos (2016), que previene y sanciona su uso ilegítimo, o la Comunicación sobre desinformación online(2018), donde la Comisión propone una serie de acciones  para, entre otras cosas, conseguir un ecosistema digitalmás transparente y responsable, promover la alfabetización y la educación en medios de comunicación y apoyar un periodismo de calidad como elemento esencial de las sociedades democráticas. Y, desde luego, no cabe obviar la creación, en 2015, del Grupo Especial de Comunicación Estratégica para el Este “ a fin de contrarrestar las campañas de desinformación de Rusia”.

 

  1. A la vista de lo anterior, el Plan de acción contra la desinformación, hecho público por la Alta Representante de la Unión para Asuntos Europeos y de Política de Seguridad y por la propia Comisión el pasado 5 de diciembre, aparece como un paso más en una serie consistente de decisiones, si bien específico y dotado de un cierto carácter de urgencia, al centrarse en las próximas elecciones europeas. El Plan responde, en esencia, a la llamada del Consejo Europeo para adoptar medidas capaces de “proteger los sistemas democráticos de la Unión y combatir la desinformación”, se construye sobre iniciativas comunitarias como las citadas anteriormente y cuenta, y así lo reconocen sus promotores, con la cooperación de socios claves, como la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) o el Grupo de los Siete (G7). Del mismo cabe destacar, en síntesis, tres elementos principales:

 

– El primero es de carácter político: el reconocimiento sin ambages de que los procesos democráticos se enfrentan al desafío creciente de la desinformación deliberada y sistemática a gran escala. No es de extrañar, pues, que el 83% de los europeos piensen que las fake newssuponen una amenaza para la democracia, o que el 73% de los usuarios de Internet estén preocupados por la desinformación online en las campañas electorales.

 

– El segundo es conceptual, y consiste en definir “desinformación” como información verificablemente falsa o engañosa, creada, presentada y difundida para obtener un beneficio económico o para engañar de manera intencionada a los ciudadanos, que puede causar un daño social. En esta materia, las palabras y las definiciones importan sobremanera, no solo porque lograr un consenso sobre los términos que permita entenderse a la comunidad de profesionales que analiza el fenómeno es esencial, sino también porque para atribuir consecuencias en términos normativos a las conductas que se pretende evitar hace falta definirlas con precisión previamente.

 

– En fin, el tercero es jurídico, ya que las acciones contenidas en el Plan se dirigen tan solo a contenidos de “desinformación” que, en principio, o al menos en muchas circunstancias, son legales conforme al Derecho de la Unión o al de los Estados Miembros (mientras que, por el contrario, el contenido ilegal, como aquél que constituye discurso del odio, incitación al terrorismo, o pornografía infantil está tratado en otro tipo de normas comunitarias y nacionales). Esto hace que la acción contra la desinformación que el Plan aborda, y contra las conductas voluntarias y dañinas para la correcta formación de la voluntad popular que se propone combatir, tenga que ser medida, sutil y respetuosa con el derecho a la libertad de expresión, que comprende “la libertad de opinión y la libertad de recibir o comunicar informaciones e ideas sin que pueda haber injerencias de autoridades públicas y sin consideración de fronteras” (artículo 10 de la Convención Europea de los Derechos Humanos), y con “la libertad de los medios de comunicación y su pluralismo” (artículo 11 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión).

 

  1. Y junto a sus tres elementos principales (reconocimiento de relevancia política, acotación terminológica y ponderación de bienes jurídicos que pueden entrar en conflicto), el Plan se basa en cuatro pilares, que son:

 

– La mejora de las capacidades de la Unión para detectar, analizar y desenmascarar la desinformación a través, entre otros extremos, del reforzamiento de los Grupos Especiales de Comunicación Estratégica (a imagen y semejanza del precursor del Este, focalizado en Rusia), del Servicio Europeo de Acción Exterior y de las Delegaciones en los países vecinos de la Unión.

 

– El fortalecimiento de las respuestas coordinadas y conjuntas ante la desinformación, por medio del nuevo sistema de alerta rápida europea (que ha de operar en tiempo real y estar funcionando ya en marzo de 2019) y trabajando estrechamente con las redes nacionales ya existentes.

 

– La movilización del sector privado, donde destaca la monitorización continua que la Comisión se propone hacer del Código de Conducta sobre Desinformación (septiembre 2018), firmado por compañías como Facebook, Google o Twitter, y que incluye compromisos relativos  a ubicación de los anuncios, la publicidad de carácter político, la integridad de los servicios y el apoderamiento de consumidores e investigadores, y

 

– El incremento de la conciencia y la mejora de la resiliencia social ante la desinformación, con campañas sobre los efectos negativos de aquella, o de apoyo al periodismo independiente, de calidad y e investigación, entre otras.

 

  1. El Plan no es perfecto: para empezar cuenta con medios más bien modestos y carece de una comprensión afinada y contrastada de los efectos del fenómeno que pretende combatir. En efecto, el Plan prevé un presupuesto para comunicación estratégica sobre desinformación en 2019 de 5 M€ (que supone un incremento sustancial respecto al del año anterior, pero que se queda lejos de los recursos empleados al efecto en otras regiones), y pide a los Estados Miembros que refuercen sus propios planes nacionales para complementar las medidas de actuación comunitarias. Pero es que, por otra parte, escasean los estudios de impacto sobre el impacto de la desinformación en las elecciones, por lo que no se sabe con precisión cómo, en qué sentido y hasta qué punto puede una campaña de desinformación política afectar el sentido del voto popular. Sobre esto, el Plan no arroja luz y guarda silencio. Por lo demás, y en la línea de precisión conceptual que propone el Plan, sería preciso hacer una mejor delimitación de la desinformación frente a fenómenos similares, como la propaganda, la comunicación partidista o la mala información involuntaria y ampliamente diseminada, que también son monedas de uso corriente hoy en día. El Plan adolece, en fin y como ocurre con frecuencia en otras iniciativas comunitarias, de inconcreción en alguno de sus puntos (por ejemplo, en la sugerencia de trasladar el vigente régimen electoral sobre jornada de reflexión, publicación de encuestas…al mundo online) y confía, seguramente en exceso, en los resultados que puede ofrecer la autorregulación de actores relevantes, como las plataformas online o los medios de comunicación.

 

  1. Y sin embargo, puede funcionar. Porque, para empezar, constituye un acierto reconocer la existencia del problema (la desinformación en las campañas electorales), conferirle importancia, advertir los efectos corrosivos que puede tener para la democracia y reaccionar, de forma abierta y decidida, frente a lo que constituye una injerencia indiscutible e inaceptable de una potencia estatal, empeñada en socavar el proyecto europeísta. En segundo lugar, el Plan constituye una serie de acciones que guardan una razonable coherencia interna, y persisten en la decisión política de la Unión de abordar la lucha contra la desinformación desde un enfoque pluralista, de implicación de una variedad de actores implicados (y no exclusivamente desde la acción de los poderes públicos), y con preferencia por las opciones de cooperación, educación y autorregulación, frente a una regulación, que se desearía evitar o retrasar, por las complejidades y riegos que implica, todo lo posible. Igualmente merece una valoración positiva, en tercer lugar, el énfasis en la necesidad de cooperación y colaboración entre los Estados Miembros, toda vez que si bien las elecciones de 2019 son al Parlamento Europeo, la organización de las mismas es asunto nacional y que, por otra parte, el fenómeno de la desinformación es, al mismo tiempo, local y global. Por último, y no es cuestión menor, el Plan también se construye alrededor de compromisos previos, de diferente valía pero en ningún caso desdeñables, como los alcanzados con plataformas online, como Facebook, Google y Twitter, en el Código de conducta sobre desinformación, que incluyen la adopción de medidas para que los botsno puedan confundirse con humanos, la publicación de informes anuales de cumplimiento o la colaboración con investigadores y estudiosos del fenómeno, o con distintas organizaciones y empresas de medios de comunicación para fortalecer las actividades de verificación de hechos (fact-checking), centradas en las próximas elecciones europeas.

 

  1. Así las cosas, y en un momento en el que el estado de forma de la Unión Europea no es precisamente esplendoroso, el Plan merece suerte, éxito y apoyo decidido por parte de estados, sociedades y ciudadanos. Porque es mucho lo que está en juego y también porque, al menos en este caso, no se puede decir que las instituciones comunitarias no hayan hecho su parte del trabajo.

 

 

 

 

 

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