1. El pasado 26 de julio el Senado francés rechazó, sin demasiadas contemplaciones, dos proposiciones de ley relativas a la lucha contra la manipulación de la información, que habían sido aprobadas por amplia mayoría de la Asamblea Nacional apenas tres semanas antes. Encallaba, así, uno de los proyectos estrella del Presidente de la República que queda ahora en suspenso, a la espera de lo que pueda acordar, en su caso, una comisión paritaria de las dos cámaras.

 

  1. El fracaso, al menos momentáneo, de esta iniciativa presidencial ha puesto de relieve con toda nitidez las dificultades que encierra la regulación de uno de los fenómenos políticos más llamativos y controvertidos de nuestros días, el de las denominadas “fake news” o falsas informaciones, que si bien responde a una pauta bien conocida y que se puede remontar en el tiempo tan atrás como se quiera, se ha visto amplificado por la presencia y el uso de las plataformas digitales y de las redes sociales, hasta el punto de convertirse en una amenaza real para las democracias. Porque pese a ser la francesa una propuesta razonablemente ponderada, de alcance restringido (a los procesos electorales) y nutrida con aportaciones de partes interesadas y expertos de todo tipo, eso tan sólo ha servido para obtener por parte de una sólida mayoría de senadores la negativa siquiera a debatirla. Veamos por qué ha podido suceder tal cosa.

 

  1. El camino parlamentario de la propuesta legislativa, anunciada en los primeros días de 2018 por el propio Emmanuel Macron, se inició el 21 de marzo con la presentación de las dos proposiciones por un número determinado de diputados de la mayoría presidencial. La primera de ellas, y principal desde una perspectiva sustantiva, se titulaba inicialmente “Proposition de loi relative à la lutte contre les fausses informations”, e iba dirigida a mejorar la respuesta civil y penal a la difusión de “fake news”, tras constatar “la existencia de campañas masivas de difusión de informaciones falsas destinadas a modificar el curso normal del proceso electoral usando para ello los servicios de comunicación online”, y considerar que las leyes existentes resultan insuficientes para permitir la rápida retirada de los contenidos falsos. La segunda, por su parte, hacía aplicable las disposiciones de la anterior a la campaña electoral relativa a la elección del Presidente de la República. En concreto, la propuesta legislativa se resumía en tres medidas fundamentales:

 

  • la introducción de una nueva acción procesal, consistente en un recurso urgente y simplificado ante un juez civil, durante los períodos pre-electoral y electoral (esto es, desde la publicación del decreto de convocatoria hasta el término del cómputo de los votos), para que aquél pueda, en un plazo máximo de 48 horas y a petición del ministerio público o de quien tenga interés en actuar en relación a “hechos constitutivos de informaciones falsas capaces de alterar la sinceridad del escrutinio y difundidas artificialmente y de manera masiva por un servicio de comunicación en línea”, ordenar a quienes lo alojen, y/o a plataformas y proveedores de acceso a internet, entre otros, medidas dirigidas a poner fin a tal difusión,

 

  • la atribución de nuevos poderes al “Conseil Supérieur de l´Audiovisuel” (CSA), entre ellos el de impedir, suspender o poner fin a las emisiones de servicios de televisión controlados por un Estado extranjero y que atenten contra los intereses fundamentales de la Nación o participen de una empresa de desestabilización de sus instituciones, o el de suspender la difusión de un servicio audiovisual objeto de un contrato administrativo en período electoral o incluso rescindir el mismo, y

 

  • la imposición de nuevos deberes a los llamados “intermediarios técnicos” (además del ya existente de “notice and take down”), consistentes en (a) instalar un dispositivo fácilmente accesible y visible que permitiese a cualquier persona comunicar la existencia de contenidos que sean falsas informaciones, (b) informar prontamente a las autoridades públicas competentes de las actuaciones relativas a esas comunicaciones que hubieran hecho los internautas y (c) publicar los medios dedicados por los propios “intermediarios técnicos” a la lucha contra las falsas informaciones.

 

  1. La tramitación de ambas proposiciones en el seno de la Asamblea, con las discusiones y las enmiendas presentadas en las Comisiones de Cultura y de Leyes, y también las aportaciones de mesas redondas con sindicatos de periodistas, directores de medios de comunicación y académicos, abogados y representantes de empresas de internet, las procedentes de una audición con el Presidente del CSA y, desde luego, las contenidas en la opinión del Conseil d´Etat , afinaron y mejoraron significativamente cada una de las medidas de las proposiciones de ley, al tiempo que supusieron la introducción de un cuarto grupo de ellas, sobre educación en materia de medios de comunicación social e información.

 

En concreto, los cambios relativos al recurso judicial urgente y simplificado ante el juez civil dieron paso a

 

  • la precisión de la definición de falsa información como “toda alegación o imputación de un hecho desprovista de elementos verificables que pudieran hacerla verosímil”,

 

  • la limitación del ilícito, de manera exclusiva, a aquellas falsas informaciones en las que se hubiera establecido que su difusión procede de una intención deliberada de hacer daño,

 

  • la limitación del tiempo de aplicación de las obligaciones impuestas por las normas, de 3 meses a contar hacia atrás desde el primer día del mes en que tenga lugar la elección (general en todo caso, ya sea presidencial, parlamentaria o europea) o el referéndum, o

 

  • la exclusión del término “falsas noticias”, al considerarse (conforme a la doctrina de la Cour de Cassation) que el mismo exigía la referencia a un hecho que todavía no se hubiese publicado, lo que resulta de muy difícil prueba y puede generar confusión e inseguridad jurídica.

 

En cuanto a los nuevos poderes conferidos al regulador audiovisual,

 

  • se explicitaron los motivos por los que el Consejo podría rechazar la petición de un operador audiovisual para contratar con el Estado, siempre que la difusión del servicio de radio o de televisión objeto de aquél pudiera suponer un riesgo grave de atentado contra la dignidad, la libertad o la propiedad de terceros, el pluralismo de pensamiento y opinión, la protección de la infancia y la adolescencia, el orden público, la defensa nacional y los intereses fundamentales de la Nación,

 

  • se introdujo un procedimiento contradictorio previo y la obligación de motivar la decisión del Consejo, y

 

  • se reforzó el principio de responsabilidad personal y de personalidad de las penas.

 

En fin, sobre las nuevas obligaciones impuestas sobre empresas de internet, proveedores de acceso y distribuidores de contenidos

 

  • se redujeron sensiblemente las mismas, eliminándose las relativas a la instalación del dispositivo de identificación y denuncia de falsas informaciones y a la pronta comunicación a las autoridades públicas competentes de las mismas, al considerarse que podrían atentar contra la libertad de expresión y exceder el objeto del deber de cooperación impuesto (si los supuestos no fueran penalmente reprensibles), y

 

  • se reforzó, por el contrario, la obligación que recaía sobre las plataformas de dar datos sobre los anunciantes que hubieran contratado con ellas.

 

  1. Si algo se puede decir con seguridad del efecto que estas precisiones y mejoras incorporadas en las proposiciones de ley por la Asamblea Nacional causaron en las comisiones competentes para su conocimiento en el Senado, es que el mismo fue nulo. De forma lapidaria, los senadores concluyeron que “la proposition de loi et la proposition de loi organique n´apportent que des réponses au mieux inefficaces, au pire dangereuses, en tout état de cause sans espoir de lever les incertitudes”. Aunque no sin añadir, por mor de una mínima cortesía parlamentaria y para justificar de alguna forma tan rotundo portazo, que las razones en concreto para oponerse a las disposiciones sancionadas por la Asamblea eran (i) el carácter “inacabado, ineficaz y peligroso” del recurso judicial para cesar la difusión de falsas informaciones, (ii) la inadecuación técnica de la norma escogida para proceder a la modificación de los poderes del regulador audiovisual (además del hecho de que el Conseil no había pedido las nuevas competencias que las proposiciones  le encomendaban ¡), (iii) la dimensión europea del problema, que requiere empezar antes que nada con la revisión de la directiva e-commerce de 2000 y, por último pero no menos importante, que (iv) medidas que afectan a las libertades fundamentales, como las contenidas en las proposiciones en cuestión, merecen un consenso y una serenidad en el debate que han estado ausentes, según los senadores, en el presente caso.

 

  1. La respuesta del Senado de Francia resulta convencional, decepcionante y anticipatoria.

Lo primero, porque sigue la lógica imperante en nuestras democracias (no sólo la francesa) de la confrontación política partidaria, que antepone como línea de principio los intereses particulares a los generales y tan reacia es a reconocer y admitir la ventaja que una buena idea o iniciativa pueda reportar al adversario. Nótese que la mayoría republicana en el Senado, o las izquierdas socialista y de la Francia Insumisa, no niegan lo que los partidarios de Macron en la Asamblea afirmaron al presentar las proposiciones (esto es, que el estado actual del Derecho francés, en especial en materia electoral, pero también en lo que hace a consumo, audiovisual o confianza digital, no permite responder de manera integral a los problemas que plantean las falsas informaciones), ni tampoco la importancia de abordar un problema que tiene potencial para afectar y subvertir, en última instancia, la libre voluntad del cuerpo electoral. Lo que vienen a decir, por el contrario, es que las medidas propuestas no son eficaces, o que si lo son conculcan derechos o que si no los conculcan hoy pueden hacerlo mañana o que, si nada de lo anterior ocurre, adolecen de forma, ya sea por la falta consenso o por el exceso de premura en su tramitación, razón por la cual lo mejor que cabe hacer con ellas es remitir su discusión a otro tiempo (aunque choque con el carácter inmediato y actual que se le reconoce al problema de fondo) o a otro lugar (la Unión Europea, que como todo el mundo sabe es un foro óptimo para forjar acuerdos operativos y practicables en el corto plazo).

 

Es decepcionante, también, porque ignora tanto las mejoras introducidas a lo largo de la tramitación de estas iniciativas, a las que ya me he referido antes, como los pronunciamientos del Conseil d´Etat, para quien

 

  • la nueva vía de acción judicial no supone una afectación desproporcionada de la libertad de expresión, que por lo demás no reviste carácter absoluto y puede ser limitada cuando la restricción aparezca necesaria y proporcionada,

 

  • los poderes dados al Consejo Superior Audiovisual para rechazar el contrato o para instar la rescisión de un contrato ya existente con una sociedad bajo influencia de un estado extranjero son adecuados, en línea con la doctrina sentada por el Conseil Constitutionnel , que admite someter al sector privado de la comunicación audiovisual a un régimen de autorización administrativa y considera que la prevención de atentados al orden público es un objetivo de valor constitucional, y

 

  • las obligaciones de transparencia impuestas a los “intermediarios técnicos” si bien constituyen una limitación a los principios constitucionales de libertad de comercio y de industria y a la libertad de emprender, no son desproporcionadas, puesto que buscan proteger el interés general y tratan sobre “asuntos que afectan al público en una medida que legítimamente puede interesarle, que despiertan su atención o le preocupan sensiblemente, en particular porque los mismos conciernen el bienestar de los ciudadanos o de la colectividad” (Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 10 noviembre 2015, Couderc et Hachette Filipacchi vs. Francia).

 

Obviamente se puede discrepar de cualquiera de los puntos anteriores, o de todos ellos, al igual que cabe hacerlo de las disposiciones concretas de las proposiciones aprobadas por la Asamblea Nacional. Pero hacerlo con la negativa a entrar siquiera en la consideración de las mismas, o con un arsenal de argumentos de trazo grueso que se apoyan en sintagmas (más bien slogans) como los de  “proyecto liberticida”, “instauración de un ministerio de la verdad”, “creación de una policía del pensamiento” o “régimen de censura previa” es muy poco alentador para el debate democrático que ha de producirse, también, en el Parlamento. Supone, en definitiva y más allá de las razones tácticas y coyunturales que puedan asistir a las fuerzas políticas que así actúan, situarse en un plano distinto, inferior y  primario, que impide el dialogo constructivo y lastra gravemente la capacidad de la democracia representativa para resolver problemas actuales que ponen en riesgo su propio futuro.

 

Francia, en fin, aparece como un ejemplo de lo que puede suceder en otros países o en otras instancias supranacionales, como la Unión Europea, cuando se planteen (como de hecho ya se están planteando) medidas concretas de lucha contra las falsas informaciones. Se trata aquí de un asunto que no es, ni mucho menos, sencillo, sino que presenta una inevitable complejidad: afecta a la libertad de información y a la libertad de expresión, a la formación de la opinión pública, al debate democrático y a los procesos electorales, que ha cobrado una nueva dimensión con el digitalismo y las redes sociales, puede responder a intereses diversos, no solamente políticos, sino también económicos o de otro tipo y es susceptible de ser enfocado desde diferentes perspectivas (periodística, psicológica, filosófica, tecnológica, jurídica o política). Y que admite, desde luego, muchas respuestas diferentes, desde la confianza en que los instrumentos legales y deontológicos ya existentes sean suficientes para controlar y reducir el problema, pasando por las más limitadas y tolerantes, que se centran en campañas de educación digital y de formación en las escuelas para capacitar a identificar las noticias falsas, creación de páginas web que puedan determinar casi al instante si una noticia ha sido creada con la intención de engañar y sobre supuestos falsos o reforzamiento de los estándares del periodismo, hasta llegar a las más amplias y exigentes, que suponen, entre otras medidas, la imposición de obligaciones de colaboración y transparencia para las plataformas online (Google, Facebook, Twitter…), y la demanda de actuación decidida y sustancial por parte de reguladores, legislaturas y gobiernos.

 

Las proposiciones aquí comentadas incluían, en última instancia, casi todas las medidas anteriores. Su destino temporal, cuyo final no está aún escrito, deja un rastro de frustración y, lo que es peor, de preocupación para el futuro. Porque si se acepta que las falsas informaciones (máxime si éstas responden a la dirección organizada de actores estatales o para estatales) que tratan de alterar la voluntad ciudadana expresada en elecciones y consultas públicas son una patología de la democracia, y se reconoce que las mismas prosperan en ambientes donde acampan la simplificación, la tergiversación, el exceso, la polarización y el extremismo, se puede concluir que para ser efectivos al combatirlas (cuestión que ni es sencilla ni suscita unanimidades, como es bien sabido), será preciso, al menos, preservar incontaminado de tales males el ámbito del debate público y conducirse allí (todos) con rigor, perspectiva, generosidad y altura de miras. No es seguro que esto haya ocurrido en el caso francés, y tampoco lo es que algo similar no pueda repetirse pronto en otros lares.

 

 

 

 

 

 

 

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