Eso es lo que dicen las cartelas que anuncian en marquesinas y vallas de las ciudades españolas La Casa de Papel, convertida sin hacer ruido y casi de la noche a la mañana en la serie de habla no inglesa más vista en la historia de Netflix. La frase, efectista y rotunda como demanda la publicidad,  remite a prejuicios asentados en las creencias colectivas, como los de que detrás de la riqueza se esconde siempre un ilícito o que respetar las normas sólo garantiza una vida ordinaria y aburrida, y casa perfectamente con la trama de la ficción, que gira en torno a un atraco perpetrado en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. También podría servir como subtítulo para cualquier obra crítica de revisión de la trayectoria de las grandes empresas de internet (en la línea de las muy notables de Jonathan Taplin o Franklin Foer), las más ricas y poderosas de nuestros días, que han vivido la mayor parte de su existencia casi al margen de la regulación y disfrutado de una aplicación laxa, y generalmente benéfica, de la ley. Esta circunstancia ha supuesto, sin perjuicio de la visión, creatividad, capacidad de ejecución, atractivo para el usuario o dominio de la tecnología que todas ellas tienen, una ventaja innegable y relevante para que Google, Apple, Facebook o Amazon hayan alcanzado la extraordinaria posición de dominio que tienen en la economía digital.

 

Las razones de por qué esto ha sido así son bien conocidas. Primero, el celo (y el éxito) con el que los emprendedores de internet y la comunidad de Silicon Valley han promovido una filosofía individualista y libertaria, compatible por lo demás con una concepción del mundo como red conectada, resueltamente opuesta a cualquier tipo de intervención estatal, que en sus formulaciones más extremas y elitistas (Peter Thiel), ha llegado al punto de contraponer de manera agonal democracia y tecnología (siendo esta última quién ha de triunfar para liberar al mundo). Segundo, el prestigio y la pervivencia de una teoría económica ultra liberal (Milton Friedman, Escuela de Chicago) difundida hace décadas por algunos jueces y profesores muy influyentes del derecho de la competencia, que considera la eficiencia como el bien principal, la continua bajada de precios como la única cosa que debe preocupar a las autoridades y cuestiones como los abusos o la existencia de monopolios como detalles prácticamente sin importancia. Tercero, una opción de política pública consistente en no regular internet, cuando empezaba a consolidarse en su versión comercial, por miedo a frenar, a base de restricciones legales, la innovación y la inversión. De todas ellas se han servido las grandes empresas tecnológicas, con un pragmatismo encomiable, compatible con ideales seguramente sinceros, para articular, junto a un competente ejército de lobistas, académicos y abogados, una línea de aislamiento y defensa muy eficaz, para desesperación de competidores como los operadores de telecomunicaciones y su persistente reclamación de un campo de juego equilibrado y de unas mismas reglas para el mismo tipo de servicios.

 

Pero abundan las evidencias de que esa etapa dorada de excepcionalidad, consistente en el disfrute de un régimen amplio de exenciones en la aplicación de la regulación y de la ley, y amparada por unos niveles de reputación envidiables y el favor prácticamente unánime del público, está llegando a su fin. Si se mira bien, la vida libre de interferencias que han buscado las grandes empresas de internet no difiere en esencia de lo perseguido por otros negocios, que han supuesto igualmente grandes avances para la humanidad en épocas anteriores: mantener a los gobiernos al margen, actuar sin ataduras y pagar lo menos posible al fisco. Una serie de errores y tropiezos cometidos por estas grandes empresas (prácticas anticompetitivas, tratamiento descuidado de datos personales, utilización de sus plataformas para campañas de desinformación que afectan a la limpieza de los procesos electorales, determinadas políticas fiscales y laborales…), junto a un mejor entendimiento de su modelo de negocio, una mayor conciencia de los usuarios (que entienden que lo que dan a cambio de servicios “gratis” que reciben, como usos de mapas, acceso ordenado e instantáneo a la información, posibilidades de comunicación en red con familia y amigos o entretenimiento son datos acerca de su persona y atención como potenciales consumidores a la publicidad ), y el continuo aumento de su tamaño e importancia (baste decir que Amazon supone casi la mitad de las compras y que Facebook y Google, conjuntamente, ingresan dos tercios de la publicidad, en ambos casos online y en Estados Unidos) han contribuido a que se consolide un cambio de tendencia. Y así, quienes ayer eran heraldos y arquitectos de un mundo mejor, hoy son etiquetados como BAADD: big, anti-competitive, addictive and destructive to democracy. Probablemente nada expresa mejor esta nueva situación que el testimonio ofrecido por Mark Zuckerberg ante el Congreso de los Estados Unidos, con ocasión de su comparecencia forzada por el escándalo de Cambridge Analytica: “the real question, as the internet becomes more important in people´ s lives , is what is the right regulation, not whether there should be or not”.

 

Bienvenida sea, pues, la vuelta a la realidad de la aceptación de la regulación, una interrelación compleja y necesaria entre el Estado y el mercado, que se sustancia en contratos que hay que cumplir, derechos que proteger y procedimientos a seguir. Se trata de un primer paso necesario, habida cuenta de que hoy, debido a lo lejos que se ha llegado y al tiempo que se ha perdido, cabe descartar alternativas como la autorregulación o los acuerdos pactados sobre los que teorizó Littlechild (en los que las empresas negocian con los poderes públicos una regulación mutuamente aceptable, limitando en consecuencia la imposición unilateral de aquella). Que tendrá que ser seguido por otros más sustantivos y concretos sobre (i) el nivel y la intensidad de la intervención pública en la actividad de esas grandes empresas, (ii) la resolución de los problemas legales actuales, como los relativos a la privacidad y a la protección de datos, el derecho de la competencia, la propiedad intelectual, el control editorial o la responsabilidad que han de tener frente a campañas de desinformación y fake news, entre otros muchos, y (iii) las nuevas áreas en las que estas empresas están ya adentradas y a su vanguardia, como la inteligencia artificial o la robótica, que plantean interrogantes y ofrecen alternativas muy distintas sobre cuál haya de ser su tratamiento legal más conveniente.

 

Esta nueva fase que aspire a una “buena regulación” (o a una “regulación correcta”) habrá de ser por fuerza exigente, o eso cabría anticipar, para las grandes empresas de internet, que tendrán que operar con transparencia, más claridad y mayor seguridad y deberán colaborar en la elaboración de aquella con políticos y reguladores. Pero lo será, y quizás aún más, para éstos últimos, que tienen varias tareas pendientes en este campo. Primero, reconocer y afrontar con todas sus consecuencias la necesidad de actuar, como representantes de la soberanía popular, en relación a empresas que han alcanzado un tamaño, una posición de dominio y una capacidad de influencia determinante para la vida de todos. Segundo, conocer y entender mejor internet, como alguna de las intervenciones de senadores y representantes en la comparecencia del CEO de Facebook ante las cámaras del Congreso aconseja (algo extensible, seguramente, a parlamentarios de otras latitudes). Tercero, esforzarse en lograr compromisos políticos que otorguen apoyos amplios y estabilidad a las leyes que sobre internet se aprueben (y aquí la Unión Europea, con todas sus insuficiencias, puede exhibir los logros del Reglamento General de Protección de Datos y de la normativa de neutralidad de la red). Y cuarto, y último, tratar de asegurarse de que el resultado final de su intervención legislativa vaya dirigido a incrementar el bienestar total de la sociedad. Dentro de este marco, de valores y reglas, conseguir la riqueza no solo sigue siendo algo perfectamente posible (aunque quizás más difícil que en otros alternativos) sino también enteramente loable.

 

 

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