1. El libro más importante y provocador publicado hasta la fecha sobre la nueva generación de comunicaciones móviles (*) recurre en su título al binomio mito-realidad para expresar la distancia que existe, según el autor, entre las expectativas desmesuradas del 5G y lo que subyace tras las mismas, que no es otra cosa que unos consumidores que no están dispuestos a pagar más por las mejoras en el servicio que van a recibir, un espectro que no es el ideal para esta tecnología y unos operadores que han de afrontar para su despliegue y explotación comercial cuantiosísimas inversiones en un entorno de incertidumbre y de reducción de rentabilidad. Tal desfase, si lo diéramos por cierto , no supondría algo radicalmente distinto a lo que ha venido ocurriendo desde hace décadas en el ciclo tradicional de la industria móvil (donde coexisten comúnmente una tecnología de salida, otra dominante y una tercera que prepara su entrada en escena), pero sí especialmente relevante (y peligroso), porque 5G está generando más atención y debate que cualquiera de sus antecesoras (como prueban recientemente los ensayos en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang o las exhibiciones y ponencias en el Mobile World Congress), tanto por el potencial de transformación digital que se le supone como por el impacto transversal que se presume tendrá sobre la economía y la sociedad. De manera que en la introducción y despliegue exitoso del 5G hay mucho en juego, y eso se sabe en las regiones del mundo más avanzadas tecnológicamente (Estados Unidos, Asia, Unión Europea) donde cada vez son más frecuentes las iniciativas de todo tipo dirigidas a tal fin. También, por supuesto, en España, donde el pasado 1 de diciembre el Ministerio responsable de la Agenda Digital presentó el Plan Nacional 5G, y a finales de febrero ha empezado su ejecución, con la apertura de la licitación de bandas de frecuencia y la convocatoria de dos proyectos piloto.

 

  1. El Plan parte de la consideración de la tecnología 5G como un “nuevo paradigma de comunicaciones inalámbricas” y “componente esencial de la transformación digital”, en la medida en que las principales soluciones habilitadoras de ésta última, como IoT, Big Data, robótica, Virtual Reality, Augmented Reality o ultra alta definición, se soportarán sobre aquella. Y aunque la madurez tecnológica y comercial del 5G no se espera para antes de 2020, el Plan estima que es preciso tomar ya iniciativas regulatorias y de innovación en un proceso en el que, con buen sentido, invita a participar a operadores, fabricantes, proveedores, empresas, emprendedores, universidad y administraciones públicas, puesto que junto a infraestructura y redes de telecomunicaciones se necesita un ecosistema de plataformas, servicios y contenidos 5G. Hecha esta consideración inicial, el Plan añade dos cosas importantes sobre 5G: primero, que es una evolución, un continuum, cuyas innovaciones se incorporarán sobre las actuales infraestructuras de comunicaciones móviles, algo sobre lo que los operadores han venido insistiendo de manera consistente en los últimos años y, segundo, que facilitará el acceso a banda ancha móvil de muy alta capacidad y velocidad, comunicaciones ultra fiables y de baja latencia y comunicaciones masivas tipo máquina a máquina (M2M), lo que sentará las bases para un incremento sin precedentes del número de dispositivos conectados, de los volúmenes de transferencia de datos y de las capacidades de gestión remota en tiempo real. En fin, el Plan, que lógicamente guarda relación con precedentes, como el Plan de Acción 5G para Europa (2016) o la Declaración Ministerial de Tallin (2017), gira en torno a cuatro ejes de actuación, a saber, la gestión y planificación del espectro, el impulso a la tecnología 5G, los aspectos regulatorios y la coordinación del Plan y la cooperación internacional, y concluye con una “hoja de ruta” que prevé para 2018 dos acciones ya citadas, como son la licitación de las primeras frecuencias en la banda 3,4-3,8 GHz, considerada la principal para la introducción de servicios basados en 5G en Europa, donde se ha establecido un controvertido máximo de 120 MHz por operador para “fomentar la competencia y evitar el acaparamiento”  y la convocatoria de dos proyectos pilotos de tecnología 5G por valor de 20 millones de euros, así como la definición del proceso para la liberación de la banda 700 MHz (segundo dividendo digital).

 

  1. Nadie sabe a ciencia cierta qué será finalmente 5G. Así como el lanzamiento del GSM (2G) supuso un inesperado y extraordinario éxito tecnológico para Europa, la siguiente generación 3G tuvo en nuestro continente un despliegue lento y unos resultados mediocres, por no hablar de las cantidades astronómicas pagadas por las frecuencias UMTS, que tanto y tan negativamente afectaron a la salud financiera de los operadores en los primeros años de este siglo. 5G, según los modelos contrapuestos construidos por Lemstra, Cave y Bourreau (**), podría terminar siendo una “evolución”, un hito más en el camino de las generaciones anteriores, con los operadores móviles de red como actores principales y una orientación predominante al consumo masivo de clientes particulares, o una “revolución”, una ruptura con las tendencias actuales, donde estratos de múltiples proveedores especializados en cada nivel (incluyendo operadores virtuales) presten servicio a sectores verticales o industrias concretas, al explotar las oportunidades permitidas por la virtualización de la red que constituye un fundamento de su arquitectura. En cualquier caso, lo que sí está claro es que el marco normativo de referencia de 5G será el integrado por algunos reglamentos que ya conocemos y que están en vigor, como el de mercado único de telecomunicaciones (neutralidad de la red) y el general de protección de datos (privacidad) y otras normas en tramitación, aún no aprobadas, como el fundamental código europeo de comunicaciones electrónicas y el controvertido reglamento sobre respeto a la vida privada y la protección de los datos personales (más conocido como ePrivacy o cookie law). Y se puede decir, sin temor a equivocarse, que ese marco no encaja como un guante en 5G, ni seguramente es el ideal para promover su desarrollo exitoso. Al contrario, cabe anticipar problemas de privacidad, ante unos requisitos generalizados de consentimiento activo que dificultan la utilización de los datos generados en las comunicaciones móviles, de neutralidad de la red, ante el incremento exponencial del tráfico y el impacto que eso tenga en la gestión (razonable) de la red, o los diferentes niveles de calidad de servicio requeridos (ya que no todos los bits se tratarán “de igual forma”), o de compartición de red, ante la funcionalidad del network slicing que permite que redes separadas puedan ser alojadas en una misma infraestructura física. Por no hablar de los puntos en discusión, tanto en el código de comunicaciones electrónicas como en el reglamento e-Privacy, aún pendientes de acuerdo entre las instituciones comunitaria, y de resolución incierta. Reaparece aquí, pues, un tema clásico de la regulación (y del Derecho), como es el de su capacidad para dar una respuesta socialmente útil (esto es, orientada al bienestar general), a los problemas que plantean fenómenos como la tecnología, que se mueven y transforman a gran velocidad y que, junto al de la armonización internacional de estándares y atribución de frecuencias para el 5G, son claves para que esta nueva tecnología desarrolle todas sus potencialidades. Ninguno de los dos ofrece, por ahora, un panorama brillante.

 

  1. Por eso mismo sorprende el excesivo optimismo con el que, en mi opinión, el Plan juzga la capacidad del Derecho en España para responder a los retos del 5G, quizás uno de los pocos aspectos criticables de lo que, por otra parte, es un documento razonable, pragmático y bien estructurado. Porque si bien es verdad que en los últimos años se han dado pasos positivos en relación, sobre todo, al despliegue de las redes (donde España está a la vanguardia de Europa, debido básicamente al compromiso y al esfuerzo inversor de los operadores), hay serios problemas no resueltos de fiscalidad de la comunicaciones móviles, de funcionamiento ágil y eficaz del mercado secundario de espectro o, incluso, de modelo general del sector, simpatizante con una determinada estructura de mercado y una cierta idea de la competencia que probablemente no sean las mejores si el foco se fija, como creo que debe hacerse, de forma principal en la eficiencia dinámica, en los beneficios a largo plazo que puedan obtenerse de la inversión en comunicaciones móviles. Y así lo prueban, por ejemplo, preceptos de la vigente ley general de telecomunicaciones, que establecen una línea directa entre competencia efectiva y beneficios para empresas y consumidores, expresados “principalmente en términos de bajadas de los precios” o consagran el fomento de “una mayor competencia” en el mercado como principio aplicable a la administración del dominio público radioeléctrico, como si no bastara con que las licitaciones se ajusten a criterios objetivos, transparentes, no discriminatorios y proporcionados. En definitiva, y dejando al margen lo que no está en sus manos, porque corresponde a la Comisión Europea o a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (fusiones entre operadores, acuerdos entre competidores…), el Ministerio responsable de la Agenda Digital en España podría aumentar el impacto ya positivo del Plan y mejorar su calidad si, en el desarrollo del mismo, reconociese abiertamente los problemas, insuficiencias y, por qué no decirlo, incógnitas que existen sobre el marco regulatorio del 5G y se aplicase, con determinación y una orientación que prime ante todo la innovación tecnológica y la inversión necesaria para hacerla posible, a resolverlos.

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) William Webb, The 5G Myth:When vision decoupled from reality, Createspace Independent Pub, 2016

 

(**) Wolter Lemstra, Martin Cave, Marc Bourreau, Towards the succesful deployment of 5G in Europe, CERRE, 2017

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