En el marco de la discusión del nuevo código europeo de comunicaciones electrónicas se ha vuelto a plantear la cuestión de qué hacer para promover la inversión en redes de nueva generación, ahora definidas como de muy alta capacidad, basadas en soluciones tecnológicas de fibra óptica. Porque esas redes son necesarias para la provisión de contenidos, servicios y aplicaciones que permitan la introducción y generalización de avances como los coches conectados o la educación electrónica, por ejemplo, y sin ellas ni la sociedad ni los individuos podrán beneficiarse de las enormes potencialidades de las tecnologías digitales. Pero la situación en Europa dista de ser tranquilizadora, y distintas instituciones han coincidido en alertar sobre la existencia de un gap de inversión, que podría ser de hasta quinientos mil millones de euros, en relación con las infraestructuras necesarias para alcanzar los objetivos europeos de conectividad de 2025, a saber, que los principales centros de desarrollo socioeconómico dispongan de conexiones de 1 Gigabit, que todos los hogares europeos tengan acceso al menos a 100 Mbps y que todas las áreas urbanas cuenten con cobertura 5G de forma ininterrumpida.

 

Así las cosas, la Comisión Europea ha optado por favorecer el modelo de coinversión, que en su cara positiva supone repartir esfuerzos y limitar riesgos entre los participantes, y propuesto que los reguladores nacionales se abstengan de intervenir en relación con los “nuevos elementos de red” que un operador dominante haya desplegado o tenga previsto desplegar cuando, de manera cumulativa, tales elementos contribuyan de manera significativa al despliegue de las redes, estén abiertos a ofertas de coinversión de acuerdo a un proceso transparente, favorezcan la competencia sostenible a largo plazo, permitan al resto de operadores que coinviertan un cierto grado de flexibilidad sobre su participación en el proyecto y se salvaguarde la competencia existente para los operadores de acceso que no coinviertan.

 

Sin embargo, esta propuesta de abstención regulatoria automática y obligatoria, siempre que concurran en un proyecto concreto las condiciones precitadas, se ha topado con las profundas discrepancias expresadas por las otras dos instituciones que participan en el proceso legislativo comunitario, el Parlamento y el Consejo. El primero la ha rechazado de plano, insistiendo en el margen de discrecionalidad que han de tener los reguladores nacionales para, una vez analizado el mercado en cuestión, imponer o no regulación. Además, el Parlamento cree preciso reforzar las garantías de la competencia existente, y pide que la coinversión esté siempre abierta a cualquier nuevo operador que quiera unirse durante la vida del proyecto, que no baste con la mera oferta de coinversión, sino un acuerdo efectivo, que los coinversores presten servicios directamente a los usuarios finales y compitan efectivamente entre ellos y, en fin, que los operadores que quieran acceder a las redes sin ser coinversores puedan beneficiarse de condiciones justas y no discriminatorias de acceso. El Consejo, por su parte, coincide con el Parlamento es su oposición a la abstención regulatoria obligatoria y automática y en la valoración de la discrecionalidad de los reguladores. Y discrepa al proponer que éstos puedan decidir no regular por un periodo de tiempo de hasta siete años, y también en casos en que el operador dominante ofrezca un acuerdo comercial de acceso a su red con ciertas condiciones, pero sin coinversión.

 

La mayoría de las observaciones críticas del Parlamento y del Consejo son razonables, en la medida en que buscan alcanzar un equilibrio entre seguridad jurídica y flexibilidad, por un lado, y entre competencia e inversión, por otro. Qué duda cabe de que, en su cara negativa, la coinversión entraña riesgos de intercambio de información entre competidores, coordinación de conductas o reducción de la intensidad competitiva. También es obvio que la Unión Europea presenta una gran diversidad de estructuras de mercado, tecnologías adoptadas y enfoques regulatorios, así que, a primera vista, la solución discrecional y particularista, con su análisis caso por caso, parecería superior a la solución automática y uniforme. Ahora bien, si algún mérito tiene la rica, y a veces desquiciante, diversidad de Europa, es que permite elegir entre modelos probados y experiencias que hayan podido tener éxito. La coinversión en redes de fibra ya ha sucedido en países como España, Francia o Portugal, y en todos ellos el resultado ha sido positivo en términos de despliegue, competencia y bienestar social y de los consumidores. No es la panacea, desde luego, ni evitará la necesaria adopción de otras medidas de impulso, como la utilización de fondos públicos, para que los beneficios de la economía digital lleguen a todos los países y a todos los ciudadanos de la Unión, sin brechas ni exclusiones. Pero la propuesta de la Comisión a favor de la coinversión es valiente, suficientemente ponderada y debería, con mínimos ajustes de mejora, plasmarse en el texto legal que ahora está en discusión.

 

 

 

 

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