Deben tratarse todos los tráficos en Internet de la misma manera, con independencia de cuál sea su origen, contenido, aplicación, servicio o terminal del que se hace uso o, por el contrario, deben los operadores que prestan acceso a la red tener el derecho a discriminar esos tráficos en función de su intereses económicos, comerciales, tecnológicos o de otra índole? Ésta es, en síntesis, la cuestión central del debate sobre la neutralidad de la red, que por su intensa carga emocional y enrevesada sucesión de avatares presenta las notas propias de una saga (incluido un punto de tradición heroica y mitológica de Internet), pero que, aunque solo fuera, por su enorme popularidad, insólita en cuestiones de interés público, merece la pena seguir con atención.

 

El último capítulo de esta saga lo constituye la decisión adoptada el pasado 14 de diciembre por el regulador norteamericano, (la Federal Communications Commission), que bajo una nueva mayoría republicana (tan exigua como la precedente demócrata), da un giro de 180º con respecto a su posición anterior y con el rimbombante título de “Restaurando la Libertad de Internet” deroga la normativa sobre neutralidad de la red aprobada hace poco más de dos años. Y ello con el propósito de retornar a la senda virtuosa de una regulación mínima (light touch regulation), capaz de preservar un mercado competitivo y vibrante, fomentar el despliegue de las redes de banda ancha, la inversión y la innovación y de eliminar la brecha digital en los Estados Unidos.

 

Para conseguir tan loables objetivos, prácticamente los mismos, nótese, que buscaba la decisión “Protegiendo y Promoviendo el Internet Abierto” de 2015 hoy derogada, la Comisión elimina, en primer lugar, las obligaciones impuestas sobre los operadores de acceso a Internet de no bloquear, no ralentizar y no priorizar a cambio de pago el tráfico que transportan. Y lo hace a través del expediente de reclasificar el acceso a Internet de banda ancha como servicio de información y el acceso móvil como servicio privado, en vez de ser servicio de telecomunicaciones y servicio comercial, respectivamente, como eran hasta ahora. Porque mientras que los últimos, conforme a las leyes y a los precedentes judiciales, son susceptibles de ser regulados in extenso, los primeros no. En segundo lugar, restringe la obligación de transparencia y limita la información que los operadores deben revelar sobre sus prácticas a consumidores, emprendedores y al propio regulador. En tercer lugar, traspasa a otra agencia especializada, la Federal Trade Commission, la capacidad para proteger a los consumidores que hacen uso de servicios online de prácticas injustas, engañosas o anticompetitivas. Finalmente, elimina el Internet Conduct Standard, una norma abierta de alcance general, que imponía a los operadores de acceso las obligaciones de no interferir en la actividad de usuarios finales y de proveedores de servicios online, a falta de justificación razonable o de orden legal. Paradójicamente, Estados Unidos llega así a donde estaba la Unión Europea hace ocho años (sin obligaciones específicas de neutralidad de la red, fiándolo todo al Derecho de la Competencia, a otras normas de protección de los consumidores, y a las decisiones concretas de los reguladores nacionales sobre calidad y transparencia del servicio), mientras que la Unión Europea, quién lo iba a decir, tiene ahora una regulación en este campo más favorable a las empresas de Internet, con normas directamente aplicables sobre la neutralidad de la red.

 

Sea como fuere, del análisis inicial de la decisión “Restaurando la Libertad de Internet”, que seguramente será recurrida en los tribunales, cabe extraer, en mi opinión, algunas conclusiones. Primero, los reguladores deberían de buscar, genuinamente, consensos robustos que permitiesen acordar normas estables y resistentes en el tiempo. Segundo, esas normas deberían estar soportadas por evidencias sólidas: ni en 2015 existía un historial suficiente de casos de discriminación reiterados y graves que justificase la imposición de obligaciones ex ante, ni en 2017 se ha probado de manera convincente que la inversión de redes de banda ancha y la innovación en Internet hayan sufrido como consecuencia de aquellas. Tercero, no parece acertada la decisión de eliminar las prohibiciones de bloquear y ralentizar tráficos, precisamente cuando existe una aceptación generalizada y expresa por parte de los operadores de acceso de no recurrir a las mismas, salvo en supuestos avalados por una gestión razonable de la red. Cuarto, se omiten en la decisión problemas graves, reales y cada vez más frecuentes del funcionamiento de la red, que afectan a la privacidad, a la veracidad, o a la seguridad y que cuestionan la propia existencia de un Internet abierto y libre. Quinto, el Derecho de la Competencia debe de aplicarse de manera consistente a los operadores de acceso de red y a las empresas de Internet, lo que no ha ocurrido hasta la fecha. Y para terminar, y como en toda buena saga, la seguridad de que continuará.

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